SANTIAGO.- Por solicitud del Ministerio Público, un tribunal colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 30 años de reclusión a dos hombres imputados por el asesinato de otros dos, en un hecho ocurrido en julio de 2018.

La Fiscalía de Santiago desplegó sus equipos de investigación para identificar, apresar y someter al escrutinio judicial a Víctor Toribio Toribio (Panca) y Luis Rafael Díaz Toribio (Rafita), quienes, con premeditación, mataron a tiros a Ramón Antonio Tejada de la Cruz (el Rubio) y Alberto Minaya Toribio.

Las diligencias hechas por el órgano investigador llevaron a determinar que los imputados se asociaron para montar una vigilancia y matar a las víctimas, para lo cual irrumpieron a bordo de una motocicleta en una tienda de la calle 30 de Marzo, donde el imputado Toribio Toribio realizó varios disparos.

El Tercer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces José Rafael de Asís (presidente), Deyanira Méndez y Yasmín de los Santos, analizó pruebas documentales, periciales y materiales, entre las cuales se encuentran la motocicleta y las prendas de vestir utilizadas por los acusados el día de los hechos y que el Ministerio Público recolectó en sendos allanamientos y otras diligencias ejecutadas con el aval de órdenes judiciales.

La fiscal litigante Merary Guzmán demostró ante los jueces la responsabilidad penal de Toribio Toribio y Díaz Toribio sobre los hechos, que tipifican como violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal, que establece sanciones contra la asociación de malhechores y el asesinato con premeditación y acechanza.

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Francesca Potentini, homologó el acuerdo al que arribó el Ministerio Público con 11 de los 18 imputados de la red de narcolavado encabezada por César Emilio Peralta (César el Abusador) que incluye a su pareja sentimental, Marisol Franco, que se declaró culpable a cambio de recibir una pena reducida.

Franco fue condenada a dos años de pena suspendida y el próximo martes recobrará su libertad tras negociar con las autoridades, explicó su abogado Joaquín Melenciano.

Asimismo, la jueza ordenó el cese de la medida de coerción también contra otros diez encartados que, al igual que Franco, recibieron penas suspendidas, pero entre tres y siete años.

Condiciones que deberán cumplir

Los favorecidos con esta decisión tendrán que cumplir varias condiciones como no usar armas de fuego y todos tendrán que pagar 200 salarios mínimos de multa.

Otros acuerdos arribados señalan que Marisol Franco devolverá parte de los bienes inmuebles. Al grupo se le impuso devolver unos 10 vehículos de lujo y 12 apartamentos.

También, los implicados deberán devolver cuatro armas de fuego y dinero en efectivo, cantidad que no fue especificada.

Entre los once implicados en la red de narcolavado liderada por César el Abusador que acordaron declararse culpables ante el Ministerio Público y la justicia son Rafael Reyes, Rafael Jader Jáquez Araújo, alias Jaque Mate; Lidio Peña Mota, Nathanael Castro Cordero, Johanny Paniagua Peña, Heriberto de la Cruz, alias Arias Aqua; Rodolfo Cedeño Ureña y Alan Gilbert Bueno Alcéquiez, alias Alan Dólar, al igual que Marisol Franco, esposa de El Abusador.

El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez intenta este viernes conseguir salir de la cárcel de Najayo-Hombre después de cumplir 15 de los 18 meses que se le impusieron de prisión preventiva por el hasta ahora mayor escándalo de corrupción sometido a la justicia en la actual gestión gubernamental y bautizado como Operación Medusa.

Sus abogados, Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, argumentaron ayer que todos los jueces han coincidido de que se ha mantenido la prisión de Rodríguez por la denuncia del Ministerio Público de que en libertad “haría una intromisión” en la investigación, la cual concluyó, por lo que ya “el presunto riesgo” manifestado por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), no existe.

Rodríguez ha instado a la Pepca a no oponerse a su pedido de que se le dicta una coerción menos grave y le garantizó que, de ser favorecido, no se sustraerá del proceso que se le sigue por supuestamente haber estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos desde la Procuraduría con sobrevaloración de obras y otras irregularidades, especialmente en su llamado Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

“Ya es insostenible continuar con las absurdas historias de que Jean Alain Rodríguez Sánchez es responsable de construcciones sin ser ingeniero, de sobrevaluaciones que resultaron inexistentes o que adquirió propiedades con dinero de la Procuraduría”, afirman Balcácer y Biggai en un comunicado de prensa.

El exfuncionario fue detenido el 29 de junio del año pasado y enviado a la cárcel junto a tres de sus principales colaboradores, a excepción de Rafael Stefano Canó Sacco, quien era jefe de Gabinete de la Procuraduría y al que el Ministerio Público no acusó.

Canó Sacco será utilizado como testigo por la Pepca para probar cómo funcionaba la estructura de la red que se atribuye a Jean Alain.

El ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, aseguró  que la frontera “domínico-haitiana está totalmente en calma”.

El funcionario hizo la afirmación tras el incidente ocurrido en la frontera, en la parte colindante con Dajabón, donde en la zona franca Compagnie de Développement Industriel (Codevi), del Grupo M, penetró una turba provocando un incidente .

Díaz Morfa se refirió al tema al ser abordado por la prensa en el Palacio Nacional.

La empresa Compagnie de Développement Industriel (Codevi) informó que ninguno de sus empleados resultó agredido o lesionado durante los disturbios que se registraron este jueves en su zona franca, en parte del complejo que se encuentra del lado haitiano, en la ciudad de Juana Méndez.

En un comunicado la empresa indicó que un grupo irrumpió «de manera abrupta en algunos de los depósitos de alimentos, destruyendo parte de sus instalaciones».

Ante la situación, la empresa del Grupo M dijo que «para evitar mayores consecuencias se activó el protocolo de seguridad, decidiendo despachar todo el personal y así evitar mayores daños no deseados».

«Todo nuestro personal fue protegido sin ninguna agresión», aseguró.

Codevi dijo que se «mantendrá atento a los acontecimientos y reabrirá sus puertas tan pronto sea posible laborar en un ambiente de total seguridad para todos».

«Nos unimos en solidaridad y al clamor de una solución a la crisis por la que atraviesa nuestro vecino país de Haití», concluyó.

Seguridad

Del lado dominicano fueron desplegados soldados del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), así como miembros de la Policía Nacional, ante la posibilidad de que la situación se saliera de control.

Codevi es la principal fuente de empleos en la franja norte de la frontera domínico-haitiana. De acuerdo a datos suministrados recientemente por ejecutivos del complejo, allí laboran más de 15 mil personas, siendo el 95 por ciento de ellas de nacionalidad haitiana.

SANTIAGO.- Agentes adscritos a la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia de la Policia Nacional y de la Policía Preventiva, junto al Ministerio Público realizaron un allanamiento mediante orden judicial donde apresaron en Licey al Medio  al señor José Luis Rodríguez Rodríguez, a quien le ocuparon varias armas de fuego ilegales, municiones y otros objetos.

Entre las armas  ocupadas figuran, dos escopetas marca Maverick, calibre 12, dos revólveres calibre 38, marca Smith&Wesson, con  numeración ilegible y una pistola de la misma marca, calibre 9 milímetros, modelo 5906TSW, serie TDS4052 y un rifle de aire.

Además, durante la requisa,  le ocuparon 49 municiones de diferentes calibres, tres cartuchos calibres 12, un cañón largo para escopeta, una botella de gas para rifle y una caja de perdigones.

Las armas ocupadas no cuentan con las documentaciones correspondientes, según precisaron las autoridades actuantes en el caso.

En cuanto al detenido y lo ocupado se encuentran  bajo custodia del Ministerio Público para ser puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.

Autoridades de las Fuerzas Armadas de República Dominicana y de Estados Unidos sostuvieron una reunión para la coordinación entre ambos países de los temas de cooperación para combatir amenazas comunes a la seguridad.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, por la parte dominicana y por Estados Unidos el teniente coronel Greg Johnson, agregado superior de defensa y el teniente coronel Abdiel Rosado, jefe de la Oficina de Cooperación y Seguridad de la embajada estadounidense acreditada en el país.

Junto al ministro de Defensa estuvieron: el mayor general Leonel Amílcar Muñoz Noboa, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales; el general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa y el coronel, Manuel de Jesús Figuereo Mercedes, director general de Proyectos, Programas y Estadísticas.