Cotuí.- La gobernadora provincial de Sánchez Ramírez, Cristina Rodríguez de Alba, consideró como pertinente declarar de urgencia la terminación de un Centro Tecnológico Comunitario (CTC), en el municipio de Cotuí, la cual tuvo sus inicios en el año 2011 y a la fecha se encuentra en estado de abandono.

“Se debe declarar de alto interés para la comunidad la terminación de este local del Centro Tecnológico Comunitario en el municipio de Cotuí, a fin de que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la tecnología, lo que les permitirá desarrollar habilidades para emprender negocios y salir de la pobreza” explicó la gobernadora de Sánchez Ramírez.

Según informó la obra fue iniciada en el año 2011 cuando Margarita Cedeño de Fernández se desempeñaba como Primera Dama de la República y desde entonces fueron paralizados los trabajos de construcción, lo que ha permitido que la infraestructura se deteriore por la falta de uso y mantenimiento.

Cristina Rodríguez de Alba manifestó que la edificación se encuentra en más de un 80 por ciento de avance en su construcción, por lo que demandó del Poder Ejecutivo canalizar la terminación para que cientos de estudiantes universitarios y del nivel medio puedan tener accesos al internet y poder realizar sus labores estudiantiles con mayor y mejor eficiencia.

La gobernadora provincial precisó que con el objetivo contribuir al cierre de la brecha digital, es necesaria la terminación de este Centro Tecnológico Comunitario, a fin de que sea dotado de una Sala de Informática, una Emisora Comunitaria, así como un salón de Conferencias, Biblioteca Documental y Virtual, Recepción, sala de capacitación y demás espacios en la que miles de usuarios se beneficiarán de forma gratuita a través de este importante espacio.

La Policía Nacional se quejó  de que en el país se registra “un recurrente aumento en el número de personas apresadas los fines de semana durante el toque de queda.

Dijo que esas personas son atrapadas circulando por las diferentes valles y avenidas del país “violentando el toque de queda”.

“Por ejemplo, si en la semana laboral (lunes a viernes) los apresados oscilan entre los 500 y 700 personas, los sábados y domingos esas cifras superan los 1,000 detenidos”, acotó en una nota de prensa.

Indicó que la situación, “dificulta lograr el objetivo de llevar los índices de contagios por el coronavirus a su mínima expresión”.

El resultado de los operativos realizados este sábado 17 de octubre, fue la detención de 1,535 personas “que se encontraban en las calles sin justificación, de las cuales 361 estaban sin mascarillas”.

El toque de queda continua por otros 25 días  en el mismo horario ya establecido. Con la medida se busca reducir los contagios del COVID-19 en el país.

El salario de los tres administradores de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) de propiedad estatal fueron homologados por el Consejo Unificado de estas entidades (CU-EDES) como parte del proceso de revisión y armonización de las políticas salariales y de gestión humana, que incluye la racionalización del número de empleados incluidos en nóminas.

Una declaración del consejo explica que igualmente como parte de los cambios para racionalizar la política salarial se estableció “un incentivo único de pago de combustible de 60 mil pesos”, considerando que tienen bajo supervisión áreas geográficas extensas, que tienen que recorrer continuamente.

Asegura que “en términos reales la compensación a ser recibida por los actuales administradores de las EDES es sustancialmente inferiores a las recibida por sus predecesores”, los cuales en adición al salario base que rondaba de 575 a 695 mil pesos, también recibían beneficios que incrementaban sustancialmente dichos ingresos, como en el caso de Edesur cuyo gerente general tenía asignada una tarjeta de RD$250,000 y US$10,000 lo que fue inmediatamente cancelado, lo que implica que en términos reales se ha disminuido el salario real de la posición en más de un 30%. Indica un comunicado del Gobierno.

El CU-EDES fue creado en agosto pasado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 342-20, como parte del proyecto de reorganización del sector eléctrico y tiene bajo su dirección las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte Dominicana, Edesur Dominicana y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.

La declaración explica que ha iniciado a través del “equipo corporativo de recursos humanos, la revisión y armonización de los criterios, políticas salariales y de gestión humana” de las EDES, cuyos resultados se notarán “en los próximos meses, dado que se busca establecer políticas adecuadas de compensación y obligación a todos los colaboradores, y la racionalización del número de empleados incluidos en dichas nóminas.

La creación del Consejo Unificado y de eliminar la CDEEE, redujo el número de consejeros de 37 a 9 y dos ex oficio que no perciben compensación por dicho trabajo, y los recursos ahorrados son utilizados para “mejorar el servicio eléctrico que demanda y merece la población dominicana”.

Explica que el proceso de racionalización inició con la creación del Consejo Unificado que le ahorra al Estado anualmente RD$66 millones, al reducir los miembros de los diferentes consejos de administración que consumían RD$103.4 millones anuales, en comparación con los RD$37.4 que se paga a los integrantes del actual directorio.

El director general de Migración, Enrique García denunció que los cónsules dominicanos en Haití “tienen como un negocio” la expedición de visas y aseguró que el 90 por ciento de los visados que se otorgan para entrar a República Dominicana “se expiden a favor de nacionales haitianos”.

“De cada cien visas que se emiten para entrar a República Dominicana 90 son a nacionales haitianos, porque los cónsules dominicanos en el vecino país, lo tienen como un negocio y eso hay que controlarlo”, precisó.

Sin embargo, Enrique García sostuvo que, desde su designación en la Dirección General de Migración (DGM), el presidente Luis Abinader le ha dado todo el respaldo para “cumplir la ley migratoria y repatriar a todos los ciudadanos extranjeros en condición ilegalidad e indocumentados en el país”.

Aseguró que el mandatario ha sido “bastante claro con este tema para que la DGM se convierta en vigilante de la frontera” y se haga cumplir la ley 285-04, sobre migración, su reglamento de aplicación y la constitución de la República.