El juez de Atención Permanente del Distrito  Nacional, José Alejandro Vargas, impuso  tres meses de prisión preventiva contra la esposa del exembajador Donni Santana, acusado de abusar sexualmente de una hijastra.

Dariana Cordero deberá cumplir la medida en la cárcel Najayo Mujeres.

A la madre de la víctima, cuya identidad se omite para proteger la integridad de la agredida, la acusan de complicidad y obstrucción  de la justicia en la investigación sobre la supuesta violación de la que fue víctima su hija de 14 años.

La dama fue arrestada ayer miércoles luego de que el Ministerio Público ejecutara un allanamiento a su residencia donde le ocuparon múltiples objetos de su propiedad.

El expediente contra la mujer está sustentado por testimonios de ocho personas, entre las que se encuentran las directoras de los colegios donde estudió la adolescente, los pastores de la iglesia donde asistía junto a su esposo Santana y el de la psicóloga forense que certificó la presunta violación.

La acusación además tiene la copia de la denuncia presentada por la madre de la adolescente contra Santana, con fecha de marzo pasado y la copia de desestimiento de la misma, del 18 de abril.

El expediente establece que el exfuncionario es la pareja de la madre de la víctima y han convivido juntos desde hace aproximadamente 10 años.

Por Libonny Pérez

El expresidente Leonel Fernández  aseguro  que la medida de la Junta Central Electoral que prohíbe el proselitismo en la precampaña no tiene fundamento legal.

En un comunicado , establece que “en realidad, no hay ninguna norma vigente ni disposiciones estatutarias o reglamentarias de los partidos que prohíban la realización de esas acciones en el periodo de pre-campaña”.

La JCE emitió este miércoles el acta 12-2018 en la que conmina a los ciudadanos y dirigentes de los partidos con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones del 2020 a suspender las actividades proselitistas.

Con relación a esta decisión, el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana indica “que las mismas aspiran a recoger un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados en el tiempo y muy costosos, desde el punto de vista económico. Compartimos plenamente ese sentimiento nacional, así como las intenciones que animan a los integrantes del pleno de la Junta Central Electoral para adoptar la posición que han asumido. Ahora bien, para que esa disposición del organismo electoral encuentre validez, requeriría disponer de un fundamento legal”.

A su juicio, la disposición de la JCE es “inaplicable” “debido a que no se encuentran en armonía con el principio universal jurídico, de que lo que no está prohibido, está permitido”.

Argumenta que “la facultad reglamentaria que le otorga la Constitución a la Junta Central Electoral no le permite establecer limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de circulación, conforme a lo que dispone el ordinal 2do., del artículo 74 de la Constitución de la República”.

El Primer Juzgado de Instrucción de San Francisco de Macorís dictó auto de apertura a juicio de fondo al artista de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo, acusado de agredir a palos a su exdiseñador Leo Manuel Ureña.

La decisión fue tomada este jueves durante la audiencia preliminar del caso.

El tribunal acogió las pruebas de acusación presentadas por el Ministerio Público y el caso se remitió a la Cámara Penal.

El pasado 24 de octubre a Don Miguelo le fueron impuestos seis meses de presentación periódica y el pago de 50 mil pesos de garantía económica como medida de coerción tras ser apresado luego de ser acusado de agredir a Ureña en su estudio de grabación.

Según el demandante, desde hace varios años le realizaba trabajos y el artista no le daba dinero, por lo que la última vez que Don Miguelo le pidió un diseño él se negó.

POR FELIX VARGAS

El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín anunció este jueves que recurrirá la orden de expulsión de la Sociedad San Francisco de Sales, a la que pertenece, emitida por la Inspectoría Salesiana de Las Antillas.

En una rueda de prensa que dio en La Vega, dijo que de acuerdo con el documento que recibió el pasado 19 de este mes, cuenta con 10 días para apelar la decisión en la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada, con sede en Roma, Italia. El proceso podría tardar de dos a tres años.

“En esos 10 días yo tengo que recurrir y lo vamos a hacer solicitando un juicio canónico para que me demuestren el motivo por el cual dicen que soy desobediente y para que me expliquen el considerando tercero donde dicen que me han dado todas las facultades para que me defienda y ni siquiera me han hecho una llamada”, sostuvo Rogelio.

Entiende que la expulsión se deben a trabas de Falcondo Xstrata Nickel, Barrick Gold y Uni Gold, “las emrpesas mineras que se reunieron y lo primero yo lo dije y lo advertí que me iban a sacar de circulación y el plan en un primer momento era eliminarme y como dimos la voz de alerta, incluso a los organismos internacionales, eso paró. Ahora es neutralizar la figura de Rogelio Cruz”.

Denunció además que con su expulsión se produjeron varias irregularidades, entre las que citó fallas en la notificación y que no le dieron tiempo para defenderse, entre otras, por lo que entiende que no es válida.

“Dicen que me dieron un tiempo para defenderme, desde el 2 de abril hasta acá y a mí nadie se me había se me había acercado para informarme, por lo tanto, hay unas irregularidades que son claves”, argumentó el religioso, quien dijo que el único argumento  que expusieron para su expulsión fue la desobediencia, por negarse a ir a un curso a Colombia.

POR KARINA JIMENE