SANTO DOMINGO…- A pesar de que la Orden Salesiana expulsó al padre Rogelio Cruz, este continúa siendo sacerdote debido a que ese es un sacramento o sello espiritual que le acompañará siempre, afirma un experto en Derecho Canónico, quien además aclara que Cruz sólo necesita de la autorización de un obispo para oficiar misas.

La explicación la hace el padre José Guillermo Rosario Sánchez, quien es el vicario judicial de la Arquidiócesis de Santo Domingo, tratando de aclarar que hay una diferencia entre lo que es una suspensión de un cura y lo que es una expulsión.

“Hay una diferencia entre lo que significa que suspendan a un sacerdote de la iglesia y lo que es expulsarlo de una orden religiosa. Rogelio ha sido expulsado, pero no suspendido, por eso es que él dice que puede seguir celebrando misas, pero para eso necesita del visto bueno del obispo de su jurisdicción”, precisa el padre Guillermo.

El pasado miércoles la Congregación Salesiana expulsó al padre Rogelio por haber faltado al voto de obediencia que hizo al ser ordenado en esa comunidad cristiana.

De acuerdo a los cánones 696 y 697 del Código de Derecho Canónico un miembro puede ser expulsado de una orden religiosa por “la desobediencia pertinaz a los mandatos legítimos de los Superiores en materia grave; y otras causas de gravedad semejante, que puede determinar el derecho propio del instituto”.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 115 viviendas resultaron anegadas en distintos pueblos del interior, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días y a la deficiencia en el drenaje pluvial. El organismo mantiene en alerta a 20 provincias por las condiciones climáticas.

Las viviendas afectadas están ubicadas en San Pedro de Macorís (97), La Romana (10), Puerto Plata (03) y Santiago (05).

“Informa la Defensa Civil de la provincia de San Pedro de Macorís que, debido a las fuertes lluvias y por deficiencia del drenaje pluvial, fueron anegadas unas (97) viviendas en el Barrio Las Caobas, Callejón de Ortiz y La Calle 20, las personas fueron movilizadas momentáneamente y después todo volvió a la normalidad”, detalló.

Las viviendas afectadas en La Romana, en tanto, están ubicadas en la avenida Libertad, barrio Obrero y barrio Villa Hermosa. “No hubo que desplazar personas”, acotó el COE.

Mientras que en Puerto Plata, las casas anegadas están en el distrito municipal Maimón, en la comunidad de Los Tejeda.

En tanto que en Santiago también un ventarrón también afectó cinco viviendas en los sectores de El Puñal, La herradura, Calle 20 de Gurabo, Baítoa y Cercanías del Estadio Cibao.

El organismo dijo que de las 20 provincias en alerta, seis están en amarilla y 14 en verde.

En verde figurán: El Seibo, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Hermana Mirabal, Puerto Plata, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Duarte, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Pedro de Macorís, Barahona y La Romana.

En amarilla: San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago y La Vega (en especial Constanza).

SANTO DOMINGO. La combinación de una vaguada y una onda tropical provocarán este sábado la continuación de aguaceros, acompañados de ráfagas de vientos y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), debido a las lluvias caídas, mantiene las alertas y avisos meteorológicos “por posibles inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas”.

La entidad explicó que los aguaceros, que serán de moderados a fuertes, se sentirán principalmente en las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

“Se estarán combinando los efectos de la vaguada y de la onda tropical, que se localizará sobre el país. Por tal razón, se estará aumentando la humedad e inestabilidad en la atmósfera, favoreciendo los nublado desde primeras horas del día, con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, dijo Onamet en su informe.

Señaló que la vaguada se encuentra en los niveles medios y altos de la atmósfera y que la onda tropical llegará al país este sábado.

POR SANDRA GUZMAN

SANTO DOMINGO. Previo a la aprobación de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que ordena la suspensión del proselitismo por considerar que “transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales”, el órgano había emitido el 21 de agosto de 2017 un comunicado en el que alertaba sobre los aprestos electorales a destiempo.

En el comunicado, la JCE miraba “con preocupación los aprestos electorales manifiestos y evidentes en los medios de comunicación” e hizo de conocimiento a la dirigencia política que conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 “toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar” la JCE y que la misma se publicaría a más tardar, 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse, de manera que se entendería abierto el período electoral desde el día de la proclama.

El presidente del PLD, Leonel Fernández, llamó la decisión “carente” de fundamento legal. Mientras que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que la “facultad reglamentaria de la JCE, está limitada a ser aplicada cuando una campaña electoral esté oficialmente llevándose a cabo”.

Sin embargo, el exmiembro titular de la JCE y portavoz del expresidente Hipólito Mejía, Eddy Olivares, ve la decisión con base legal suficiente como para castigar a quien no la cumpla. Olivares declaró que “el desacato de la resolución de la Junta Central que prohibió la publicidad gráfica y los actos de precampaña en espacios públicos, es un delito electoral castigable con prisión correccional de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 2 mil a 5 mil pesos. y citó el Art. 22 de la Ley Electoral.

Legisladores de distintos partidos respaldaron la disposición de la Junta Central Electoral (JCE) que ordenó el cese de las actividades proselitistas y de movilización de personas en la vía pública, así como el despliegue de propaganda en medios de comunicación alusiva a precandidaturas para las posiciones electivas de cara a las elecciones generales del 2020.

Para el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Altagracia González, aliado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue atinada la decisión del pleno de la JCE y consideró que es “el deseo del pueblo de que no estemos todos los días en campaña”. “Si usted se va al artículo 212 de la Constitución y le suma a eso la irresponsabilidad precisamente de ese partido (PLD) de no aprobar la Ley de Partidos es evidente que la Junta tiene la posibilidad reglamentaria de hacer lo que hizo”, estimó González, al ser cuestionado sobre las posiciones de Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez, presidente y secretario general del PLD, en rechazo a la disposición del órgano electoral. También el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, vio “con simpatía” que la Junta haya decidido regularizar la campaña electoral a fuera del periodo reglamentario y afirmó que esto “crea desasosiego”.

“La Junta Central Electoral ha actuado escuchando a importantes sectores del país que se han quejado sobre una campaña a destiempo”, declaró Pacheco, quien dijo que su organización política fijaría una posición más amplia en los próximos días.

POR CARLOS REYES

Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron 15 años de prisión a  Luis Miguel Álvarez Martínez, hallado culpable de cometer violación sexual en perjuicio de una joven que padece de un trastorno del desarrollo intelectual.

La acusación presentada por el Ministerio Público narra que el suceso se produjo en el sector La Zurza, en horas de la noche del 31 de diciembre del 2016, cuando la víctima, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, aún era menor de edad.

Los procuradores fiscales litigantes Mereline Tejera Suero y Johnny Núñez Arroyo expusieron en audiencia que el acusado Álvarez Martínez, quien visitaba a una vecina de la familia de la víctima, le pidió a la joven que fuera al colmado, cuando ella regresa el agresor aprovechando su vulnerabilidad por su condición mental la haló hacia el interior del departamento, donde éste se encontraba solo.

“El acusado acostó a la víctima en la cama, la despojó de su ropa y la violó, diciéndole que se iban a casar y que no le dijera a nadie. Al día siguiente, la joven le manifestó a su madre que tenía un dolor en el vientre y la señora se percató que su hija presentaba un sangrando por su parte íntima, y al ser cuestionada sobre esto le contó a su mamá lo ocurrido”, detallaron los fiscales.

De inmediato, la madre de la víctima le informó al padre de los hechos, por lo que estos procedieron a denunciar ante las autoridades.

El informe realizado por la psiquiatra del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia establece que la víctima presenta trastorno del desarrollo intelectual, condición que la hace poseer un alto nivel de vulnerabilidad.

Los jueces Arlin Ventura, Milagros Ramírez y Edward Abreu ordenaron que el condenado Luis Miguel Álvarez Martínez cumpla la sentencia en la cárcel La Victoria.

SANTO DOMINGO. Cinco ex empleados del Banco de Reservas de diferentes sucursales fueron sometidos este viernes a la justicia. Se les acusa ser los cabecillas de una banda dedicada a retirar dinero de cuentas de clientes de esa entidad ya fallecidos.

Los cinco imputados por el caso son José Antonio Aybar de la Rosa, Rafael Orlando Pimentel Díaz, Diana Martina González Salazar, Ronny Alberto de los Santos Mena y Jonathan Tejada Almonte. Este grupo supuestamente retiró más de RD$5 millones en diferentes sucursales.

De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación inició a raíz de varias denuncias hechas por clientes de esa entidad, quienes aseguran que se retiró dinero de las cuentas de sus familiares fallecidos. En otros casos, también hay clientes que denunciaron retiros fraudulentos de sus propias cuentas.

Luego de las denuncias el banco comenzó a darle seguimiento a los empleados antes mencionados, hasta detectar el entramado.

La documentación judicial reseña que estos exempleados se asociaron con otras personas que no laboraban en la entidad bancaria para hacer grandes retiros de dinero de las cuentas de clientes.

En la red, el papel de los trabajadores del banco era reclutar a personas que no laboraban en la entidad bancaria para cometer la acción fraudulenta y luego repartirse la ganancias obtenidas por las transacciones, causándole grandes pérdidas a la entidad bancaria y al Estado Dominicano.

“Es falso de toda falsedad que yo, el PRM o sus dirigentes hayamos pactado con sector alguno del PLD para aprobar la Ley de Partidos, estas son falsas versiones de gente que usa el perverso recurso de mentir para confundir a algunos”, precisó.