El general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou, de la Fuerza Aérea República Dominicana (FARD) puso  a disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, su cargo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

La entidad está siendo involucrada por el Ministerio Público en actos de corrupción junto al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, en lo que ha denominado como Operación Coral.

Torres Robiou dirigió una carta al ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa (Ejército República Dominicana), en la que explicó que tomó la decisión “con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.

Torres Robiou dijo, conforme a una nota de prensa, que esa “responsable decisión es un acto de civilidad, humildad y honor”.

Además: “Que, para beneficio y protección al turismo y la defensa nacional, no debo permanecer al frente de una institución que respeto, si los censores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad”.

La carta en la que pone su cargo a disposición del presidente Abinader fue entrega este miércoles 28 de abril en horas de la tarde.

Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), personas vinculadas a las dos entidades se convirtieron en una red de criminal y de corrupción que distrajo del Estado 3 mil millones de pesos a través de diferentes ilícitos.

Aseguró que el Cestur era utilizado para nombrar personal que debía entregar a la red criminal un alto porcentaje del salario cobrado.

Santo Domingo.- A través de la Carta de Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada estadounidense en el país entregará 6.6 millones de dólares para la reforma de la Policía Nacional.

Los acuerdos fueron firmados por los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y Robert Thomas en el Palacio Nacional.

El presidente Luis  Abinader se refirió a la buena sintonía entre la administración estadounidense y la dominicana, que encuentran en la seguridad ciudadana un elemento común, a la que prestan la mayor atención y, sobre la cual, entiende necesaria la colaboración al más alto nivel.

Manifestó gratitud por el gesto por la importancia que tiene para el Gobierno completar la reforma policial cuanto antes.

Sostuvo que del éxito de un efectivo sistema de seguridad ciudadana se desprenden las garantías de paz y libertad de los pueblos.

Reafirmó que tiene el compromiso con la ciudadanía de que la República Dominicana será un país para la convivencia y el respeto a los derechos individuales, el crecimiento económico y el desarrollo de las familias y sus proyectos de vida.

El jefe de Estado destacó, asimismo, la importancia del Plan Nacional de Seguridad que presentó hace unas semanas y de su consecuente Comisión como un avance en esa línea sobre la que quieren trabajar desde el Gobierno.

“Con la formalización de ese grupo de trabajo dimos el primer paso para la tan anhelada transformación y profesionalización integral de nuestra Policía Nacional” puntualizó.

Significó que cree firmemente que la seguridad ciudadana es un elemento nuclear para toda democracia, y que el Pueblo dominicano merece vivir en paz y en libertad.

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, anunció que serán sometidos a un proceso de revisión, para analizar su situación legal, aspectos técnicos y presupuestarios, los 210 proyectos recibidos por ese ministerio desde la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

“Una parte de esos proyectos se convirtieron en receptáculos para actos de corrupción, por lo que deben ser revisados por una unidad ejecutora”, dijo Ascención.

La Comisión de Liquidación de Órganos del Estado (CLOE) transfirió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la cuarta entrega de 210 proyectos viales y de infraestructura, que pertenecían a la Oisoe, y que de conjunto tienen un monto superior a los RD$43 mil millones.

“Estos proyectos son para estudiarlos, analizarlos y establecer un orden de prioridad y de posibilidad”, precisó.

El ministro de Obras Públicas calificó como una irresponsabilidad de las autoridades del pasado gobierno, acumular un pasivo con proyectos millonarios, que en la mayoría de los casos ni siquiera fueron iniciados por los pasados incumbentes de la Oisoe.

“Porque es una irresponsabilidad ir acumulando un pasivo tan grande de cosas que en el discurrir del tiempo han quedado inconclusas”, indicó.

Ascención recordó que la decisión de liquidar esa dependencia oficial demuestra la voluntad del jefe del Estado, de limitar su poder.

SANTIAGO.- Las autoridades policiales en Santiago apresaron a un hombre que en la zona cometió atracos al menos 20  mujeres a las que después de despojarlas de sus carteras, la obligaba a practicarle sexo oral.

El individuo identificado como Julio Manuel López Ulloa  fue detenido en la zona del Hospedaje Yaque mientras se desplazaba en una pasola color negro que al ser depurada, resultó que era robada.

Habla el relacionista de la Policia en Santiago, el coronel Guzman Badia…

POR WANDER SANTANA

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso reveló que en las próximas semanas seguirán desplegando diligencias de investigación para esclarecer hechos sumamente graves de corrupción administrativa.

La procuradora adjunta respondió de esta forma a los periodistas al ser preguntada sobre cuál sería la suerte de varios altos oficiales y ex oficiales que son mencionados en el entramado de corrupción desarticulado a través de la Operación Coral.

“El Ministerio Público tiene una investigación amplia y compleja sobre hechos sumamente graves y en el transcurso de las siguientes semanas el Ministerio Público estará haciendo y desplegando más diligencias de investigación. Evidentemente que en esta fase del proceso no se dan detalles”, expresó la procuradora Reynoso a la salida de la audiencia donde conocerían coerción del caso Coral.

De manera precisa, mencionan al expresidente Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés; el exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez; el general de brigada, piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torres Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), además algunos miembros del Ministerio de Defensa.

Operativos

El pasado fin de semana como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.

Durante el operativo el Ministerio Público ocupó bienes millonarios al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y los demás apresados hasta el momento como parte de la primera fase de la “Operación Coral”.

Además del mayor general y la pastora Rossy, están implicados en el caso Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

POR MIGUEL PONCE

SANTIAGO. El regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Pedro Gómez Toribio, solicitó este miércoles a la Cámara de Cuentas, la realización de una auditoría urgente a la gestión del alcalde Abel Martínez, por considerar que el mismo ha incurrido en faltas graves en el manejo de los fondos municipales.

La solicitud se depositó este miércoles ante el órgano fiscalizador, donde se pide sea realizada una auditoría financiera y otra de gestión, que abarque desde 2016 hasta la fecha.

El edil denunció que el actual alcalde se ha manejado de espaldas a las leyes y a la transparencia, al hacer uso indiscriminado de los recursos del Ayuntamiento de Santiago.

«El mal manejo que ha hecho el actual alcalde se hizo evidente en la auditoría que realizó la pasada Cámara de Cuentas, donde se reveló un déficit de más de 67 millones de pesos con desvío de fondos», indicó.

Expresó su confianza en los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, a quienes pidió hacer cumplir lo estipulado en la Ley 10-04, sobre el monitoreo de los municipios en cuanto al manejo de los recursos públicos.

Por Rosmerys De León

La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvió este miércoles la vista a los fines de que se le notifique a los abogados de los imputados las pruebas que tiene el Ministerio Publico en su contra.

Al respecto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que entregaron todas las evidencias y que las mismas fueron notificados a la defensa.

«El Ministerio Público entregó todas las evidencias con que cuenta el tribunal y el tribunal les entregó esas evidencias a cada una de las defensas, algunas en físico otra de manera digital, lo que ellos han pretendido es que el tribunal les imprima algunas piezas en físico y el tribunal ha decidido hacer eso, pero el Ministerio Público desde que depositó su medida de coerción entregó al tribunal todas las evidencias», afirmó el procurador adjunto al salir de la sala de audiencias.

Contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), la líder religiosa, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el Ministerio Público solicitó que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.

El Ministerio Público, además, pide que se declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos.

Al grupo, apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Santo Domingo.- Entre los documentos decomisados durante el allanamiento realizado al mayor general Adán Cáceres Silvestre se encontró uno con datos del exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

De acuerdo a la documentación levantada por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el informe, marcado como confidencial, consta de unas siete páginas.

El documento es del año 2014, cuando Domínguez Brito se desempeñaba como Procurador General de la República.

En el decomiso también se encuentra otro documento en espiral transparente, con título «Diario de Inteligencia sobre novedades en torno al VIII congreso ordinario del Partido de la Liberación Dominicana”, realizado el domingo 12 de enero del año 2014.

Asimismo, se decomisó un reporte denominado «Customer Service Information» del Bank of América, a nombre del general Juan C. Torres Robiou, director actual del Cestur, que contenía dos páginas.

Otro documento hallado durante el operativo tiene como encabezado «Captado de la emisora Z-101. Santo Domingo, D.N. a las 3:40 p.m. del día 03-07-13, programa: El Gobierno de la Tarde, productores Juan Taveras Hernández, Domingo Páez, entre otros».

Cáceres Silvestre fue apresado el pasado sábado 24 de abril y desde entonces se le sigue investigación dentro de la denominada “Operación Coral”, que le investiga junto a otros militares por presunta corrupción.

La Procuraduría dice que una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado era el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales.

Luego les cobraban un porcentaje de los montos señalados a cambio de bajas dádivas.