Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con una disponibilidad de 500 mil pruebas de antígenos para realizar pruebas rápidas a nivel nacional, para toda la población que así los amerite.

El doctor Daniel Rivera dijo que la finalidad de hacer pruebas de antígenos y también de PCR, de manera gratuita a la población es para detectar de manera temprana el virus SARS -CoV-2 y prevenir complicaciones por esta enfermedad.

Asimismo, anunció que para este  mes de mayo se recibirán unas 600 mil pruebas más de PCR para garantizar que antes que finalice el año, la población pueda beneficiarse con este servicio de manera gratuita.

«Contamos con los insumos necesarios para realizar pruebas gratis para toda la ciudadanía, siendo sus resultados entregados en 15 minutos. Gracias a los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el esfuerzo hecho por el presidente Luís Abinader y la vicepresidenta coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, en la toma de decisiones para ser posible de que la ciudadanía cuente con pruebas PCR y de antígenos necesarias, dijo el doctor Rivera.

El ministro de Salud, acompañado de otras autoridades de la institución llamó a la población, especialmente a los jóvenes a realizarse la prueba si tienen síntomas o sospecha del virus o en caso que hayan estado cerca de personas que tienen la enfermedad.

Exhortó a reforzar las medidas de higiene, seguir con el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico, para evitar enfermarse por el coronavirus “Cuídense, vacúnese y sigan los protocolos establecidos”, indicó.

De igual forma, el doctor Daniel Rivera informó que en todas las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud se aplicará las pruebas PCR gratis para la población.

El próximo lunes tres de mayo, el presidente de la República, Luis Abinader, junto a funcionarios del Gobierno Central y representantes de organizaciones sindicales, gremios empresariales y empleadores, hará un importante anuncio a la ciudadanía, que será el pistoletazo de inicio de varias acciones estratégicas para la intermediación y generación de empleos en la República Dominicana.

La información la ofreció el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, quien anunció que el gobierno dominicano ha designado este mes de mayo como el mes del trabajo. Durante el mismo, se implementarán una serie de iniciativas destinadas a cumplir la meta presidencial de lograr la recuperación y mejora de los empleos perdidos por la pandemia del Covid-19, así como la creación de 600 mil empleos formales para el año 2024.

En un comunicado de prensa emitido por el Ministerio, De Camps expresó: “Hoy felicito a todos los trabajadores que con su trabajo construyen el desarrollo de nuestro país, pero más que eso, hoy quiero reiterarles mi compromiso de revolucionar el trabajo y el empleo para que sea más inclusivo, justo y productivo.”

“Queremos darles a los dominicanos la seguridad de que somos el ministerio del empleo, de la protección, del desarrollo y de la seguridad social; que nos encontramos trabajando desde las distintas áreas que abarcamos mediante las Direcciones Generales con una visión enfocada en la transparencia, la inclusión y la igualdad de oportunidades”, agregó.

Aseguró estar consciente de que el Ministerio de Trabajo es una entidad que juega un rol fundamental en el proceso que se debe seguir desde la búsqueda de un primer empleo, hasta la identificación de oportunidades, la captación del talento y la permanencia en los puestos de trabajo.

“Es por esto que estamos trabajando en el levantamiento de información, mejora de procesos, identificación de necesidades de capacitación, plazas vacantes, perfiles necesarios, y un sin número más de oportunidades que promuevan la mejora de los procesos de intermediación actual y que nos permitan brindar a la ciudadanía el servicio de calidad que se merecen” concluyó.

El precio de todos los combustibles, excepto del gas licuado de petróleo (GLP), registrarán alzas de entre RD$1.40 y RD$3 por galón para la semana del 1 al 7 de mayo, de acuerdo a la nueva resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El galón de la gasolina premium subirá RD$1.40 y se despachará al público a RD$249.50 mientras que la regular se venderá a RD$236.50, incrementándose RD$3 por galón.

En el caso del gasoil óptimo y el regular también registrarán alzas durante la referida semana. El primero se ofertará a RD$199.50, para un aumento de RD$2 por galón y el regular a RD$183, subiendo RD$1.90.

Las autoridades identificaron al recluso fallecido en el motín de hoy en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de La Romana como Rodolfo Jean Felipe, de 24 años, quien murió de asfixia por inhalación del humo del fuego que provocó uno de sus compañeros.

Rodolfo Jean Felipe guardaba prisión preventiva acusado de intento de homicidio por supuestamente cortar una mano al prospecto pelotero Luis Alberto Santana Abraham.

Los 23 afectados por inhalación de humo o por quemaduras de diferentes grados reciben atenciones en el hospital Francisco Gonzalo.

La procuradora fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, explicó en un comunicado de prensa que recibió un informe preliminar de las autoridades del centro de detención, a partir del cual se ampliarán las indagatorias sobre los hechos.

La magistrada Rodríguez notificó de inmediato a la procuradora regional de San Pedro de Macorís, Ramona Nova.

El fuego fue sofocado por el Cuerpo de Bomberos de La Romana.

Por Hogla Enecia Pérez

El proyecto de modificación al Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados redujo la condena al delito de corrupción que inicialmente estaba contemplado en el proyecto de ley que estudió la Comisión de Justicia, bajando de diez a tres años de prisión las penas máximas para esas infracciones.

La propuesta que depositó el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, el 17 de agosto de 2020, establecía que la corrupción se castigaría con penas privativas de libertad de cuatro a diez años, sin embargo, ahora se prevé que sea de dos a tres, lo que contradice el discurso que vendía el Congreso Nacional de que el nuevo Código sería drástico y castigaría la corrupción de forma tal que ningún funcionario público se viera tentado a incurrir en ese ilícito penal.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó de insólito y de un incentivo más para que se cometan actos de corrupción el establecer penas que contradicen los acuerdos internacionales y la jurisdicción comparada de los crímenes y delitos de corrupción.

El artículo 303 aprobado en primera lectura establece: “Todo funcionario o servidor público que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres años de prisión e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de cinco a diez años”.

Con dicha pena, ese ilícito entra en la categoría de las infracciones graves que contempla la pieza legislativa: infracciones leves, graves y muy graves.

Los cambios en el proyecto de legislación se dieron mientras los debates públicos se centraron en la despenalización o no del aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida o que el embarazo haya sido fruto de una violación o incesto.

Si esa propuesta se convierte en ley, los sometidos a la Justicia por corrupción, en caso de que se declaren culpables de los cargos mediante un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público o porque un tribunal determine su culpabilidad, podrían no cumplir ni un año prisión debido a que el Código Procesal Penal faculta a que los jueces puedan declarar la suspensión condicional o total de la pena cuando la condena sea inferior a los cinco años de reclusión.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, salió  al frente a las críticas que ha recibido la modificación aprobada al Código Penal y aclaró que el delito de la corrupción, tipificado en la pieza, puede implicar sanción de hasta 60 años de prisión, dependiendo del ilícito en que incurra el infractor.

El congresista hizo el planteamiento ante la aseveración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que la modificación que se hizo al CP establece penas blandas para la corrupción y aseguró que el artículo 303 del proyecto de ley contempla que se castiguen con penas de 2 a 3 años los delitos simples por ese flagelo.

Jiménez aseguró que no es como se está diciendo que castiga la corrupción con solo de dos a tres años.

“En el tema de la corrupción, el que cometa un ilícito penal va a tener en el menor de los casos 21 años de prisión, en el mayor de los casos va a estar entre 53 a 60 años, porque hay cúmulo de penas, son infracciones reales y dentro de ese capítulo, para haber corrupción tiene que haber la concusión y cuando se da concusión, se da malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y el cohecho activo”, explicó el legislador en una nota de prensa.

Jiménez resaltó que el artículo 303, que habla sobre la corrupción, no se configura solo y enfatizó que para haber corrupción tiene que haber un cohecho activo o debe haber un tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito o malversaciones de fondos.

En ese sentido, destacó que cada uno de esos ilícitos, conllevan sanciones que van de cuatro a diez años de prisión.

También puso como ejemplo el caso del robo, aclarando que este delito empieza con sanciones leves y luego continúa con castigos más fuertes.

“En el caso del robo, el primero es el robo normal, el segundo es el robo agravado, el tercero es el robo con violencia y asesinato y eso es así, eso pasa en todos los artículos del Código”, precisó el diputado en una nota de prensa.

Además, Jiménez resaltó que se dio aquiescencia a la Comisión de Justicia para que hiciera algunas modificaciones, las cuales no se pudieron realizar el mismo día de la aprobación por el ambiente existente en el hemiciclo.

“Por esa razón, el informe aprobado en primera lectura fue enviado a comisión a un plazo de 15 días para poder escuchar las sugerencias que puedan surgir”, dijo.