SANTO DOMINGO….El presidente Luis Abinader afirmó que la presencia de parturientas haitianas ha disminuido de un 38 % a un 19 % tras la aplicación del protocolo migratorio, lo que representa una disminución del gasto financiero en esos centros de alrededor de un 40 a un 45 %.

Dijo que estos datos corresponden a la semana pasada.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre si había bajado el gasto financiero en los hospitales con protocolo migratorio.

«Me parece que la semana anterior se había disminuido a 19 % las parturientas haitianas, de un 38 % que estuvieron en un momento», manifestó.

Abinader también dijo que debido a la situación en Haití, cuando las parturientas haitianas llegan a los hospitales dominicanos están en peores condiciones de salud porque no han tenido las consultas rutinarias.

En ese sentido, dijo que muchas necesitan usar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), encareciendo el proceso.

Caracas….- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) informó  sobre la reanudación de vuelos con República Dominicana, suspendidos desde julio de 2024 tras el cuestionamiento de varios países por la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales.

“El INAC informa la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde República Dominicana”, indicó la institución en su cuenta de Instagram, que no confirmó si la medida entra en vigor de forma inmediata ni dio más información.

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio del año pasado, cuando también cerró la conexión aérea con Panamá, en respuesta a lo que consideró entonces como “acciones injerencistas” por parte de estos países en relación con las elecciones presidenciales celebradas ese mes en la nación caribeña.

Los Gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales, y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como “fraudulento”.

En un entorno regional y global marcado por la desaceleración económica y la incertidumbre financiera, República Dominicana ha logrado avanzar posiciones en el más reciente Índice de Prosperidad, situándose entre las cinco economías más prósperas de América Latina y el Caribe.

El país ocupa el quinto lugar entre 23 naciones de la región, con una puntuación de 37.4 sobre 100, según el índice elaborado con datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo Chile, Uruguay, Panamá y Argentina superan a República Dominicana, que aparece por encima de economías mayores como Brasil, Colombia, El Salvador y Costa Rica.

El informe destaca los avances dominicanos en crecimiento económico y reducción de la pobreza monetaria. Estos resultados reflejan el buen desempeño de dos de los principales motores de la economía nacional: el turismo y las remesas.

La Procuradora general de la República exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar esa normativa a los nuevos tiempos y, así, evitar que delitos que requieren de sanciones más razonables tengan que ser sancionados con penas que resultan irrisorias.

“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, dijo Yeni Berenice Reynoso al referirse al tema.

La procuradora reconoció que varios legisladores de diferentes organizaciones políticas, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, le han manifestado directamente su compromiso con satisfacer la necesidad que tiene la sociedad dominicana de que se apruebe un nuevo Código Penal.

Planteó que los crímenes han cambiado conforme ha evolucionado la sociedad. “El mapa de la criminalidad es cada día más diverso, pero en República Dominicana seguimos teniendo como principal ley sustantiva un Código Penal que fue aprobado en 1884 y que, aunque se realizaron algunas modificaciones a lo largo de los años, resulta desactualizado para abordar los delitos con una calificación adecuada”.

“Múltiples conductas que son realmente delitos de dolo eventual, deben ser tipificados por el Ministerio Público como delitos culposos por falta de un Código Penal actualizado y esto impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”, dijo.

SANTIAGO…R.D…Tras permanecer varios días ingresada en el hospital Jose Maria Cabral y Baez , Yulissa Altagracia Gómez, falleció a los 51 años.

Yulissa fue víctima de una brutal agresión por parte de su pareja sentimental en Camboya, un sector en la ciudad de Santiago.

Según explicaron sus parientes, el hecho ocurrió  cuando la mujer se encontraba dentro de su residencia y el agresor aprovechó para golpearla, sin que ella pudiera defenderse.

La familia explicó que el personal médico comunicó que Yulissa sería desconectada de los equipos que la mantenían con vida, debido a la gravedad de sus lesiones.

La mujer habría sostenido una relación de aproximadamente un año con un hombre identificado como Brayan, y conocido comúnmente como “La R”, quien supuestamente ejercía violencia física y psicológica sobre ella de forma constante.

El presunto agresor se entregó a las autoridades policiales. La familia Yulissa pide que se aplique todo el peso de la ley y que este caso no quede impune.

La comunidad de Camboya ha expresado indignación ante este nuevo hecho de violencia de género, sumándose a los llamados nacionales por una mayor protección a las mujeres y castigos ejemplares para los agresores.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat.

La audiencia continuará el próximo miércoles a la 11:00 a. m.

El Ministerio Público busca que se le imponga prisión preventiva a Antonio y arresto domiciliario a Maribel.

Asimismo, los fiscales solicitan al juez que declare el caso complejo en vista de la cantidad de víctimas en la tragedia del Jet Set.

Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados el pasado jueves tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos.

Asimismo los fiscales investigan a los hermanos por el delito de homicidio involuntario. Además, aseguran que ambos intentaron «intimidar o manipular» a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.

Santo Domingo... – Será hoy domingo a las 2:00 de la tarde cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, imputados en el caso Jet Set.

El Ministerio Público solicitó el pasado sábado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat.

Según afirma en su expediente, ambos serían responsables de operar el establecimiento con una supuesta negligencia estructural grave y sostenida, lo que habría puesto en peligro a cientos de personas.

La solicitud fue presentada por un equipo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, junto a un equipo de fiscales que también firmaron el documento depositado.

El Ministerio Público sostiene que la discoteca —originalmente un cine— fue modificada sin supervisión técnica, y que en estas intervenciones se habría eliminado una columna estructural clave, afectando la estabilidad del techo.

También afirma que se instaló sobre la estructura un número excesivo de equipos pesados como aires acondicionados industriales, ductos y tinacos, todo sin estudios técnicos que garantizaran la capacidad de carga.

En el documento depositado, los fiscales aseguran que los hermanos Espaillat tenían conocimiento previo de los problemas estructurales del techo, gracias a reportes fotográficos y mensajes enviados por empleados. Aun así, supuestamente optaron por ignorar las advertencias.

Según el Ministerio Público, el día del colapso se produjo una caída de escombros horas antes de la tragedia.

La imputada Maribel Espaillat, presuntamente, se negó a suspender el evento musical, alegando que no podía detener la actividad en ausencia de su hermano Antonio

SANTO DOMINGO…. En la solicitud de medida de coerción depositada  contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el Ministerio Público establece que el techo del local estaba cargado de forma «excesiva» y «con múltiples elementos de gran peso«.

Una nota informativa de la Dirección General de Comunicación, Prensa y Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que las investigaciones determinaron que la estructura fue remodelada sin la debida supervisión técnica ni la permisología correspondiente.

El Ministerio Público concluyó que los hermanos Espaillat López operaban de forma negligente, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.

Los fiscales indican que, durante años, el Jet Set Club «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

Asimismo, se les acusa de ignorar deliberadamente las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y coordinaron remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club «sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional».

Estas modificaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares y zonas VIP, «demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad», detallan los fiscales.

«Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo», señalan.