La Cooperativa San Miguel, institución fundada el 10 de julio de 1952, con 71 años de funcionamiento ininterrumpidos, y donde miles de socios y decenas de empleados desarrollan sus actividades financieras, lamenta que en estos momentos se esté faltando a la verdad, única manera de hacer honor a la credibilidad para el avance de la sociedad y todos sus sectores.

Resulta que en una institución cooperativa donde cientos de personas procuran sus servicios, no escapa el momento, como es el caso ahora, donde una persona ha orquestado una campaña difamatoria e injuriosa, quien realizó un préstamo millonario, quedando claro que:
Con las acciones de quien hoy se presenta como víctima se hizo pasar por una persona soltera, lo que consta en el Acto de Venta del inmueble que dicha persona puso en garantía, así como aparece en el Pagaré Notarial, cuando en realidad esa persona era casada.

Este deudor no ha cumplido su obligación de pago, lo que queda demostrado en los balances actuales, por motivo de esto la Cooperativa procedió a iniciar un embargo inmobiliario.

Resulta pues, que el deudor, en una campaña desenfrenada y valiéndose de medios de comunicación mediante las redes sociales, lanzan todo tipo de calumnias y acusan al presidente de la entidad y a otros representantes de falsificación de firma, cuando en realidad lo que busca es escapar de su compromiso de honrar su deuda.

Resulta también que, a este acto de difamación orquestado a través de un programa de plataforma digital, consideramos es llevado por el mismo deudor a otros medios, y que por desconocimiento real del caso lo promueven, convirtiéndose así, en medios útiles de la estrategia de dicha persona para escaparse al pago de su compromiso, haciendo eco inocente de la difamación a personas que su accionar ha sido solo de aportes y buen desenvolvimiento social, así como el daño reputacional a una institución de más de 70 años.

La verdad, ante todo, y justos lo primero, porque hoy a quienes difama para escapar a su compromiso de pago dicho deudor, son personas que solo han trabajado en favor de causas positivas y su comportamiento humano y social así lo demuestran, mientras que este deudor tiene su difuso historial de falta a la Ley y mal comportamiento social. Esa es la verdadera realidad.

Cooperativa San Miguel, Inc.
La Directiva.

SANTO DOMINGO.-. El presidente de la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), solicitó hoy a las autoridades dominicanas que pongan en funcionamiento la “Revisión Técnica Vehicular”, para reducir las muertes por accidentes de tránsito en el país.

Pérez Sánchez, afirmó que dicha “Revisión Técnica Vehicular”, sea obligatoria y que cada vez que se acerque un fin de semana largo, se inicie el proceso de revisión para quienes tenga la intención de trasladarse al interior del país, y que en los peajes haya personas que se dediquen a revisar los vehículos a través de un código QR.

El empresario del transporte, sostuvo que antes de iniciar las fiestas de navidad, año nuevo, Semana Santa o cualquier fin de semana largo, se realice la revisión de los vehículos y así el Estado Dominicano reducirá los accidentes de tránsito en las carreteras y avenidas de la República Dominicana.

Pérez Sánchez, afirmó que la República Dominicana encabeza la lista mundial en accidentes y muertes por tránsitos, pero las autoridades cuentan con mecanismos para reducirlos significativamente y pone en funcionamiento “Revisión Técnica Vehicular”, como establece la Ley 63-17, sin tener que esperar el 2025 para ponerla en marcha.

El presidente de la UNET, explicó que el gobierno dominicano tiene las herramientas necesarias para mejorar el comportamiento de la sociedad y los accidentes de tránsitos, solo tenemos crear una mesa de diálogo entre los transportistas, empresarios, el Intrant, Digesett, policías y militares, para establecer las medidas que se van a establecer.

Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), señaló que la República Dominicana es el país con más muertes por accidentes de tránsito en el mundo, con un índice de 67.23 muertes al año por cada cien mil habitantes. Le siguen Zimbabue, Malawi, Liberia, Eritrea, Uganda, Burundi, Gambia, Sudán del Sur y Tanzania para completar los diez primeros países con más muertes por accidentes de tránsito.

El Comité por la Transparencia de Santiago Oeste denunció que impera el desorden en el Ayuntamiento de Cienfuegos, Los Ingenios y sus comunidades, ante la presunta falta de planificación, la corrupción administrativa, la improvisación de las acciones y la incapacidad gerencial por parte de la administración del Distrito Municipal.

Tras pasar balance a la rendición de cuentas que ofrecieran las autoridades municipales, la entidad reveló que en 2022 el Ayuntamiento recibió aproximadamente 230 millones de pesos de los que se guardaron 108 millones de la cuenta de inversión en obras comunitarias. Indicaron que esta cuenta fue congelada por el Banco por lo que tuvieron que realizar una conciliación bancaria para transferir los recursos para el presupuesto presente año 2023.

El vocero del Comité, Hipólito Martínez, manifestó que “esto significa que el dinero de las obras públicas comunitarias que deben invertirse mensualmente para mejorar las condiciones de los diferentes sectores, el alcalde lo guardó con el propósito de hacer campaña electoral con los recursos del pueblo”, denuncian.

Entiende que “la mala ejecución de las obras municipales, pésima calidad las mismas y los trucos en la cubicación con aceras pagadas como demolidas, cuando en realidad les tiraron el hormigón a las aceras viejas”, indican.

Denuncia que las comunidades están llenas de basura y la compañía que brinda el servicio de la recogida de los desperdicios sólidos opera sobre la base de un contrato que no ha sido aprobado por los regidores. “La Compañía Bueno y Rodríguez ha recibido, del ayuntamiento más de 30 millones durante el último año y ni siquiera pasó por ningún procedimiento de transparencia”, afirma.

Martínez dijo que las señalizaciones de vía, el cambio de sentido de algunas calles, así como las restricciones que han tratado de implementar las autoridades, se han hecho sin estudio previo, sin consulta ni consenso, sin ningún tipo de lógica y con la mayor estupidez.

“El pasado domingo el señor alcalde asistió a su última rendición de cuentas y no entregó ni siquiera un solo papelito donde se informe en qué se han invertido los casi mil millones de pesos que ha recibido durante la gestión”, indica.

SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), imputado del robo de más de 2 millones 900 mil pesos, mediante el consumo de combustibles, haciendo uso de una tarjeta electrónica que se le suministraba para realizar labores de la institución.

Los hechos que se le atribuyen al imputado Fredely Rafael Almonte Abreu, narrados en la instancia de solicitud de medida, indican que le fue suministrada una tarjeta de combustible en su calidad de soporte y asistente técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Inaipi, para realizar traslados a diferentes centros del Cibao, y para lo cual hacía uso de la tarjeta de combustible que tenía un balance mensual de $3,600 pesos.

El empleado, a fin de sustraer los fondos suministrados para la realización de sus labores, dejaba en poder de un operador de la estación de combustibles la tarjeta de consumo, para que este la pasara a lo largo del día y le entregara el efectivo.

Además, se presentaba a la estación de combustibles con diferentes personas a los cuales abastecía de combustibles haciendo uso de la tarjeta.

La Fiscalía tiene en su poder los informes que evidencian que el imputado se presentaba a la estación de combustible a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Equinox, que no pertenece a la flotilla vehicular del Inaipi para consumir el combustible y con cuyas maniobras sustrajo un monto de dos millones novecientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos ($2,966,259.95).

El Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, realizó el levantamiento de imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles en donde se observa al imputado en sus diligencias fraudulentas.

La Policía Nacional apresó  a un hombre y una mujer acusados de robar dos tarjetas de débito, con la cual hicieron un consumo no autorizado por la suma de RD$269,565 mil en la provincia La Altagracia.

Según una nota de la entidad, los detenidos son José Miguel Victorio Santana, alias Matacuerito, y Jinely Carpio.

Al momento de su apresamiento, de acuerdo con la Policía, estos se trasladaban en el carro marca Honda Civic, año 2012, placa No. A761968.

Asimismo, explicó que en este vehículo Victorio Santana y Carpio, visitaron bombas de expendio de gasolina y otros establecimientos para cometer los hechos.

«El apresamiento se produjo dando seguimiento a una denuncia interpuesta en la provincia La Altagracia, por lo que los organismos de investigación dieron seguimiento a los malhechores, logrando sus capturas», agregó la institución del orden.

De igual manera, añadió que los vinculados acudieron a varios comercios de las provincias vecinas, entre ellas La Romana para realizar sus actos delictivos.

Tartamudeando y rechazando que sea un corrupto, como se ha dicho desde el 1 de junio del 2022 cuando asesinó al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz de la Mota aseguró que «en realidad, fueron tres disparos» que le dio al funcionario y no seis como afirma el Ministerio Público.

«En realidad, fueron tres disparos que yo le di», dijo el confeso asesino al tomar la palabra en el primer día del juicio de fondo por el crimen del también alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Pese a que el Ministerio Público leyó en la acusación que fueron seis disparos que Cruz de la Mota hizo al hoy occiso, este indicó que se han manipulado todas las pruebas, porque no fueron «13» los tiros que realizó.

Reiteró que lo mató luego de una discusión que sostuvieron por una deuda de tres millones de dólares que le prestó y que Orlando Jorge Mera intentó dispararle primero en su despacho, donde acudió «con mucho entusiasmo» a cobrar.

Expuso ante las juezas del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional que intentaba que Jorge Mera le adelantara 500 mil dólares de la deuda. Además, declaró que Jorge Mera intentó matarlo primero con un revolver que él mismo le había entregado en una ocasión.

El Ministerio Público afirma que el móvil fue el constante rechazo a los permisos para la exportación de cinco mil baterías usadas.

Un vigilante privado mató a tiros a su esposa,una mujer  y a un hombre en distintos lugares de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, donde también hirió con un arma blanca a tres más.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Juana Ortiz Portorreal, de 41 años; María Mordán García, su esposa y Basilio Lebrón.

Los heridos son Víctor Alfonso García, Wendy Tomás Bonifacio Ramírez y otro hombre, cuyo nombre no ha sido ofrecido por las autoridades. Los tres presentan lesiones por arma blanca.

El agresor es Carlos Campusano, quien intentó suicidarse de un disparo después del triple crimen y las agresiones a las otras personas. La Policía Nacional informó que el atacante es custodiado en un centro de salud donde está hospitalizado.

Según narraron vecinos del lugar, el hombre primero le quitó la vida a Maira Mordán García, con quien tenía una relación de más de 30 años. El primer homicidio ocurrió en la casa de la occisa en el sector Los Solares de Villa Liberación, en el municipio de Bonao

De ahí, se trasladó al residencial Samanta, en el sector La Salvia, donde mató a María Juana Ortiz Portorreal, con quien también tenía una relación sentimental, y al vigilante del complejo, Basilio Lebrón.

Luego, Campusano hirió con un arma blanca a los tres hombres, entre ellos un hijo suyo.

Los lugareños agregaron que el agresor se hirió de un disparo para evitar ser apresado por los agentes policiales que se presentaron al lugar.

Una de las hijas de Maira Mordán García dijo que ella era amenazada de muerte constantemente por su padre. «Él decía que iba a matarla y ella se le iba a cada rato», indicó entre llantos.

SANTIAGO.-El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de aquí y presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARA) resaltó las cuantiosas inversiones que viene realizando el Gobierno Central en esta provincia.

Carlos Iglesias señaló que conjuntamente con las inversiones del sector privado y el Gobierno, Santiago se encamina a una gran transformación, donde actualmente hay más empleos y oportunidades de negocios por las cuantiosas construcciones de edificios comerciales, de viviendas y para empresas del área turística y la hotelería.

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago se produjeron al participar en la entrevista del programa Encuentro Matinal, que por Tele-Unión, Canal 16 conducen los periodistas Nelson Peralta y Norberto Rubio.

Dijo que muchas de las obras que construye el Gobierno fueron previamente consensuadas con los diferentes sectores que aglutina Compromiso Santiago, donde varias asociaciones y grupos organizados de la sociedad santiaguense tienen representantes.

Iglesias manifestó que un signo muy alentador para los inversionistas locales es que los fletes o comodites internacionales han empezado a bajar, ya que hubo momento en que se pagaba hasta 21 mil dólares por la importación de productos.

Dijo que eso mismo está ocurriendo con algunos de los productos que se utilizan en la construcción.

Al referirse a la política económica que implementa el Gobierno, elogió al Banco Central de la República Dominicana, ya que ha mantenido la prima del dólar en una tasa prudente que ha evitado el incremento de la inflación.

Tres hombres, entre ellos un agente policial, otro en retiro y un civil, fueron apresados mientras pretendían robarse unos 500 galones de combustible en la sede de la Policía Nacional en Santiago.

El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva en contra de los imputados, cuyas identidades aún no han sido reveladas, por lo que, serán presentados en las próximas horas ante el juez de Atención Permanente del distrito judicial de esta provincia.

De acuerdo al informe oficial, el arresto de los tres ocurrió el pasado fin de semana cuando a bordo de una camioneta, intentaban sacar el carburante de la institución en tanques.

El órgano judicial indicó que, está profundizando la investigación para determinar a cuánto asciende el derivado de petróleo envasado y si otras personas están vinculadas en el intento de hurto.

Tanto el vehículo como los depósitos con el combustible están en poder del Ministerio Público.

Pese a que el cuerpo del orden no se ha referido al caso, la uniformada dijo que el caso será manejado por la dirección general, en Santo Domingo.

El confeso asesino de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, protagonizó hoy un incidente a su entrada al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en donde empujó a los policías que lo custodian y vociferó que el Gobierno quiere que lo maten.

Fausto Miguel Cruz de la Mota, durante el forcejeo con los policías supuestamente lanzó una  carta en la que  estaría su versión sobre el hecho que le costó la vida a Jorge Mera.

La supuesta carta no llegó a las manos de los periodistas y se dijo que fue recogida por un familiar del fenecido Jorge Mera.

Cruz de la Mota enfrenta hoy su primera “prueba de fuego” que lo podría llevar a una pena de 30 años de cárcel en el juicio de fondo que se inició esta mañana en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Cruz de la Mota fue conducido a primeras horas de la mañana al tribunal en medio de estrictas medidas de seguridad a cargo de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo de la Policía (UTAR).

El juicio es ventilado por los jueces Keila Pérez Santana, presidenta del tribunal, Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista.

Los jueces fueron apoderados luego de que el juzgado de Atención del Distrito Nacional dictara auto de apertura a juicio en contra de dicho imputado.

Cruz de la Mota se encuentra recluido en la cárcel de Najayo, luego de que el juez Rigoberto Sena Ferreras, del juzgado de atención permanente, dictara presión preventiva en su contra, en junio  2022.