Maimón.- Decenas de organizaciones civiles, comunitarias y religiosas, representados por la Junta de Asociaciones Amor y Paz de Maimón, realizaron  una concentración en el parque de Maimón, provincia Monseñor Nouel, para clamar una solución basada en el diálogo que posibilite la reapertura de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y se evite la pérdida de miles de puestos de trabajo, lo que retornaría la paz social en este municipio.

La entidad realizó la actividad ante la incertidumbre que invade a cientos de ciudadanos en Maimón por la posible pérdida de empleos y el colapso económico de esa localidad, debido a la paralización de las actividades productivas de la mina a causa del conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema).

Céspiro Guerrero, presidente de la Junta de Asociaciones Amor y Paz de Maimón, expresó que el interés del sector que representa es que regrese la armonía y sigan los trabajos en la minería.

“Nosotros hemos hecho desde un principio el llamado para que la paz reine en el municipio ya que el pueblo se ha mantenido en vilo”, fueron sus palabras.

Fue encontrado sin vida en el mar Caribe  Natanael Abad Pérez, el hombre reportado desaparecido desde el pasado lunes 15 de mayo cuando salió de su casa en el sector El Tamarindo, municipio Santo Domingo Este en la provincia Santo Domingo, con destino a su trabajo en San Isidro.

Abad Pérez, de 35 años, murió ahogado y su cuerpo fue avistado en las aguas del mar Caribe, próximo al Acuario Nacional, según reportes del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este.

La identidad del joven, que fue visto  flotando en el mar fue confirmada por su madre Milagros Pérez.

Según el relato de su madre, Abad Montero salió a las 6:00 de la mañana del lunes pasado, más temprano de lo habitual, con destino a su trabajo en el supermercado Bravo de la autopista San Isidro, donde laboraba en el área de delicatessen.

El joven nunca llegó. Salió vestido un pantalón crema y un polocher gris, sin su teléfono celular y sin sus documentos de identidad.

De acuerdo al intendente del Cuerpo de Bomberos, coronel Roberto Santos Méndez, el cuerpo de Abad Pérez fue recuperado en estado de descomposición con la ayuda de un yate de la Armanda Dominicana.

Santo Domingo.- La jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Eveling Rodríguez, condenó a un año de prisión e impuso una multa de RD$5,000 pesos contra los acusados de agredir físicamente al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y al secretario general, Harold Modesto, además de periodistas y reporteros de CDN y el Listín Diario, hecho ocurrido en abril del pasado 2022 en el Centro de Retención Vehicular, “Canódromo El Coco”.

Rodríguez acogió las pruebas materiales, periciales y audiovisuales presentadas aportadas por la fiscal litigante, Cinthia Bonetti, quien demostró la culpabilidad del sargento de la Policía Nacional, Nathanael Javier Javier, y Starling Antonio Ramírez Sierra, en la agresión física a Pablo Ulloa, Harold Modesto y el camarógrafo Richard Peña.

Por su parte, el defensor Ulloa se mostró de acuerdo con la decisión e indicó que la acción se convierte en un referente ya que valida el trabajo de la institución, actuando apegado a la Constitución.

“Valoramos como positiva esta condena porque manda un mensaje que hay una institución que vela por los derechos y la buena administración de los ciudadanos al tiempo que demuestra que existe un órgano que vela por el derecho de la gente”, fueron las palabras del Defensor del Pueblo.

Mientras que el Ministerio Público establece que los dos implicados maltrataron de forma física y verbal a las víctimas, en franca violación al artículo 309 del Código Penal.

El suceso ocurrió el 12 de abril del 2022 cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentó al Canódromo y se dirigía a las oficinas administrativas para realizar una inspección tras múltiples denuncias recibidas por parte de los ciudadanos que alegaban le eran violados sus derechos cuando acudían al depósito vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 1 de junio a las 9:00 de la mañana el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los exministro Donald Guerrero y José Ramón Peralta, a los fines de que tanto los querellantes como en Ministerio Público tomen conocimiento de dichos recursos.

El fiscal Malvín Romero dijo que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitará al tribunal la fusión de los dos recursos por economía procesal.

Romero informó, además que el Ministerio Público volverá a solicitar a la Corte que se mantenga la prisión preventiva contra los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) imputados en la supuesta estructura de corrupción del caso Calamar que habría estafado al Estado con más de 19 mil millones de pesos.

Los  exministros acudieron esta mañana ante  la  Corte de Apelación de  Distrito Nacional en busca de que se les varíe la prisión preventiva impuesta el 4 de abril.

Ambos imputados   piden al tribunal  que les levante la prisión preventiva que cumplen en la cárcel de Najayo, ubicada  en San Cristóbal.

A los dos  se les acusa de apropiación  de terrenos del Estado por un valor de 19 mil millones de pesos, fueron llevados con puntualidad  a la sala de audiencia, arropados por agentes de seguridad.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) reiteró esta tarde la urgencia de que los legisladores aprueben el Código Penal antes de que el 23 de julio de este año termine la legislación en la Cámara de Diputados.

En un comunicado de prensa, la CED manifestó la necesidad de que haya un Código Penal actualizado que permita castigar tanto los crímenes de corrupción como los múltiples delitos no tipificados en el Código actual.

«En enero, durante la legislación extraordinaria, manifestamos al Senado la urgencia de que esta importante pieza legislativa fuese aprobada. Antes de terminar dicha legislación el Senado aprobó el proyecto y lo envió a la Cámara de Diputados en el mes de febrero», señaló el documento del Episcopado.

Los sacerdotes exhortaron a los legisladores a que cumplan con el deber cívico y moral de llevar adelante la aprobación de dicha ley.

«La situación reinante así lo exige cada día más. El destino de la Nación depende de instrumentos legislativos que le permitan el ejercicio de una institucionalidad articulada, en un marco jurídico constitucional», concluyeron.

La Policía Nacional confirmó este miércoles que Alison de Jesús Pérez Mejía,  conocido como «Chiquito«, se entregó en el Palacio de la Policía por la muerte de Joshua Omar Fernández.

«Chiquito» es acusado de ser una de las personas que disparó durante un atraco ocurrido la madrugada del 16 de abril en la calle José Amado Soler, sector ensanche Naco, Distrito Nacional.

Según versiones preliminares, Joshua no era el blanco de los delincuentes, sin embargo, los asaltantes realizaron varios disparos al momento de emprender la huída, uno de los cuales lo impactó en la cabeza.

El vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, dijo que el involucrado en la muerte del joven de 19 años está siendo interrogado y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

El hoy occiso salía de un centro de diversión al que acudió a compartir con sus compañeros de clase del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), según narró su madre, Bertina Decena Berroa.

Por el hecho, el Ministerio Público solicitó orden de arresto contra Wesly Vicent Carmona, conocido como El Dotolcito (Hijo del Dotol Nastra), por supuestamente asociarse con «Chiquito» y Luis para cometer el hecho en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, en medio del cual murió Joshua.

El joven conocido como El Dotolcito guarda prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a espera de la medida de coerción.

Espaillat, RD.- Organizaciones de la sociedad civil, comunidades vecinas y residentes del municipio Jamao al Norte, manifestaron rotundo rechazo a los intentos de renovación de los permisos ambientales de una empresa avicola y porcina, ubicada en la comunidad Palma Herrada, del Distrito Municipal Villa Trina.

Denunciaron que dicha empresa está afectando las aguas de la zona desde hace más de 6 años, lo que pone en riesgo la vida y salud de los munícipes y miles de personas que cada semana visitan los diferentes balnearios y atractivos exoturisticos de esa comunidad.

Además de las organizaciones protestantes, el grupo de los Peregrinos de Moca, y su vocero Juan Comprés, se pronuncio en contra de esta empresa productora avicola y de cerdo en Villa Trina.

A través de una nota de prensa, precisaron «En las actuales circunstancias en la que el mundo ve de forma preocupante la disminución de las fuentes acuíferas y en la que nuestro país pasa por una profunda crisis en los niveles de nuestras presas y embalses, no podemos comprender la indiferencia de las autoridades, ante el grito de una comunidad que durante años ha estado denunciando los altos niveles de contaminación que la empresa LB está produciendo a nuestras aguas» .

En ese sentido, precissron que las fuentes acuíferas y muy especialmente el rio Jamao, son reservas de agua no solo para las comunidades del área, sino también para la provincia Espaillat, y el país en sentido general.

«Nuestras aguas son nuestra mayor riqueza, el rio Jamao es nuestra identidad, nuestra carta de presentación al mundo, él, le da el nombre a nuestro municipio, le da orgullo a nuestra gente y sobre todo, en él están puestas las esperanzas de desarrollo socio económico de nuestra comunidad, a través de su aprovechamiento sostenible para el ecoturismo» aseguran.

Aseguran que la compañia constituye una amenaza para su presente y futuro, tras asegurar que en la última inspección a la misma, el Ministerio de Medio Ambiente impuso una multa de cinco millones de pesos, no obstante, afirman que la contaminación no se detiene, por cuya razón advirtieron que seguirán luchando y elevando su voz en contra de multas administrativas y exigiendo el cierre definitivo de la empresa.

Se quejaron de que «Han sido varios los acuerdos a los que esta empresa ha llegado con las autoridades y ninguno los ha cumplido, son varios los informes técnicos que demuestran los altos niveles de contaminación y que de forma criminal esta empresa está causando al rio de jamao por lo que decimos basta ya» dijeron.

Indicaron, que actualmente junto a la Fiscalía de Medio Ambiente de Espaillat, llevan un proceso judicial, en el cual se han presentado suficientes pruebas sobre la problemática que les aqueja, por lo que el Juez de Instrucción dictó medida de coerción contra la empresa, autorizando al Ministerio Público a realizar un embargo retentivo sobre sus bienes por diez mil salarios mínimos, equivalente a un monto de cien millones de pesos.

La  Asociación de Comerciantes e Industriales Inc., en representación del sector empresarial dominicano,  felicito al gobierno de la República Dominicana por su decisión de comenzar la licitación para la construcción de la tan esperada autopista del Ámbar, infraestructura vial, que unirá las ciudades de Santiago y Puerto Plata, tiene como objetivo principal agilizar el desplazamiento de los turistas entre estos dos importantes destinos turísticos.

El presidente de la ACIS, licenciado Sandy Filpo, expresó su satisfacción por esta iniciativa gubernamental que responde a un reclamo que la asociación viene haciendo desde hace mucho tiempo.

Según Filpo, la construcción de la autopista del Ámbar no solo mejorará la conectividad entre Santiago y Puerto Plata, sino que también dará paso al sueño de convertir a estas dos ciudades en un solo destino turístico.

«Esta obra representa un hito significativo para el turismo en la región norte de la República Dominicana. La conexión expedita entre Santiago y Puerto Plata permitirá a los turistas disfrutar de los atractivos de ambas ciudades en un tiempo récord, promoviendo el crecimiento económico y generando nuevas oportunidades de negocio», destacó el presidente de la ACIS , licenciado  Filpo durante su declaración.

Santo Domingo.- El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, asistió  a una presentación donde fue demostrado, a través de estadísticas, los logros alcanzados por la Policía Nacional con la reforma de la institución.

Durante una visita a las instalaciones del Palacio de la Policía, Ray Guevara conoció de primera mano las políticas y estrategias desarrolladas dentro del importante proceso de profesionalización y transformación de la entidad, que se realiza con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader.

En la actividad también estuvieron presentados el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, y el mayor general Eduardo Alberto Then, director general policial, mientras que la exposición estuvo a cargo del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, José Vila Del Castillo, quien indicó que el plan en marcha ya está dejando resultados.

De igual forma, enfatizó que está previsto la construcción de 106 cuarteles, de los cuales 75 disponibles durante este 2023, con más personal y más equipos, con el objetivo de fortalecer el servicio de seguridad en favor de la ciudadanía.

“La reforma ha sido un proceso de adaptación e impulso constante por parte del presidente de la República, Luis Abinader; sin su empeño, no podríamos alcanzar los objetivos plasmados”, fueron las palabras de Vila del Castillo.