Santo Domingo.- En un amplio e intenso operativo conjunto, en el que se emplearon unidades navales, aéreas y terrestres, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron otro cargamento de 675 paquetes presumiblemente cocaína, frente a las costas de la provincia de San Pedro de Macoris.

Los agentes y militares, luego de recibir informes de inteligencia, desplegaron labores de interdicción para capturar a dos hombres que a bordo de una lancha rápida (tipo Go Fast), de unos 30 pies de eslora, sin nombre ni matrícula, se dirigían a territorio dominicano, con la intención de introducir una importante cantidad de sustancias narcóticas.

Tras varias horas de persecución ininterrumpida y pese al mal tiempo que predomina en todo el litoral costero, las autoridades lograron intervenir la embarcación a varias millas náuticas al Sur de San Pedro de Macorís, donde confiscaron 27 pacas, conteniendo en su interior los 675 paquetes de la sustancia.

En el operativo fueron apresados dos dominicanos, se ocuparon además, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, varios garrafones de combustibles, lonas, una neverita con agua, comestibles, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los detenidos fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de San Pedro de Macorís para los fines correspondientes.

“Durante este 2024, la DNCD, con apoyo de las Fuerzas Armadas, (Armada, Fuerza Aérea, Ejército), la Procuraduría y agencias de Inteligencia del Estado, asi como organismos de Estados Unidos, han confiscado casi nueve toneladas de distintas drogas (8.9 toneladas); a esto se suman las operaciones de cooperación internacional, donde se han incautado 17, 085 kilogramos, para un total consolidado de 25.3 toneladas de distintas drogas, cifras que marcan un precedente histórico en la lucha y persecución en contra del narcotráfico»

Puerto Príncipe, .- El hambre que afecta a la población haitiana está conduciendo a menores a unirse a bandas armadas, denunció  Save the Children, tras recibir informes de que algunos niños y adolescentes han matado, secuestrado y saqueado en Haití para conseguir alimentos.

La organización de defensa de los derechos de la niñez está recibiendo noticias sobre un creciente número de menores de edad que se ven obligados a tomar medidas desesperadas para poder alimentarse, mientras Haití se enfrenta a unos niveles de hambre sin precedentes en medio de una espiral de anarquía y desastres climáticos, recoge en un comunicado la ONG.

Según el asesor de alimentación y medios de subsistencia de Save the Children en Haití, Jules Roberto, los menores «no acompañados son los que corren mayor riesgo de ser reclutados. Una barriga hambrienta no tiene oídos: irá donde pueda conseguir comida, aunque eso signifique matar y saquear para conseguirla».

La ONG ha comprobado que muchas familias a duras penas consiguen alimentarse una vez al día y madres solteras han manifestado a miembros de la organización «que estaban pensando en dedicarse o se han dedicado al trabajo sexual para mantener a sus hijos».

Roberto advirtió de que «si no se prioriza y amplía el apoyo permanente en los campos de desplazados, se creará un caldo de cultivo para que las bandas atraigan a los niños más vulnerables hacia el reclutamiento».

La violencia en la que están implicadas pandillas y grupos armados se ha disparado más de un 140 % en lo que va de año en comparación con 2021, según el análisis de Save the Children de los datos de ACLED (sistema que recopila datos en tiempo real sobre las ubicaciones, fechas, actores, muertes y todos los eventos de protesta y violencia política reportados en todo el mundo).

Entre enero y marzo de este año, al menos 82 menores han muerto o han resultado heridos por la violencia de las pandillas, lo que supone un aumento del 55 % en comparación con el último trimestre de 2023, que es, además, el período más violento para este grupo de población que se haya registrado en el país, según datos verificados por la ONU.

El hombre que mató a tres niños de su ex pareja sentimental y después se quitó la vida en el interior de un carro en un parque de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, es oriundo del sector Villa Liberación de la Otra Banda de Santiago.

Los menores asesinados por el padrastro fueron identificados como Arianny Rodríguez, de 13 años de edad; Chadal Rodríguez, de 11 y Carlos Rodríguez, de 9. El homicida, quien también se quitó la vida tras cometer la acción criminal, respondía al nombre de José Ramón Plascencia, de 47 años.

Felicia Canela, hermana de Plascencia, dijo que su pariente presentaba problemas psicológicos y de salud.

Al momento de la tragedia, la madre de los menores se encontraba en un hospital local junto a otro niño, hijo del homicida y la dama, que es tratado por una lesión no relacionada.

Los cuerpos de los niños fueron hallados en el interior del automóvil , cuando un oficial realizaba una revisión de un vehículo sospechoso que estaba estacionado en un sendero para peatones.

La Policía confirmó que el hombre no era el padre de los menores y que el incidente era investigado como un homicidio-suicidio.

SANTIAGO.- Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, impuso la prisión preventiva, como medida de coerción, contra los cabecillas de la red que se dedicaba a traficar con haitianos y declaró el proceso de tramitación compleja, luego de hallar suficiencia probatoria en los elementos que, junto a la instancia, depositó el organismo investigador.

La jueza Stephanie Santiago Reyes ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva contra los imputados José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo.

Estos privados de libertad permanecerán encarcelados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres y, en el caso de Tapia Flores, en el CCR Rafey Mujeres.

Entre tanto, el tribunal ordenó garantías económicas, la prohibición a salir del país y la presentación periódica el último viernes de cada mes, contra los imputados Freddy Esmeraldo Gómez, Olga Acevedo Capellán y Griselvis Miguelina Parra Hernández.

Gómez, deberá saldar un monto de 2 millones de pesos, mediante contrato por compañía aseguradora; Acevedo un monto de 500 mil, igualmente por compañía aseguradora, y Parra Hernández el monto de 300 mil, bajo la misma modalidad de contrato.

Como toda organización criminal, el grupo empleaba diversas maniobras para evadir la justicia y, por la vía terrestre, entrar a territorio dominicano desde Haití a personas indocumentadas a quienes trasladaban desde Dajabón a la provincia Valverde y, desde allí, al municipio Navarrete, en Santiago, demarcación en donde desde casas, terrenos baldíos y cuarterías servían como centros de acopio para esconder a los indocumentados.

La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, desarrollaron numerosas diligencias de investigación a fin de poder identificar a los miembros de la estructura y establecer cuáles eran sus roles en la organización.

Junto a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, los organismos investigadores lograron identificar las rutas que esta red criminal utilizaba para el trasiego de estas personas en condición de irregularidad.

Los traficantes imponían el pago de sumas de dinero que oscilaban entre $8,000 y $17,000 pesos por persona.

La Fiscalía y la Procuraduría Especializada, que en audiencia de estuvieron representadas por los miembros del Ministerio Público Elvin Ventura, Martha González y Ginna Matías, reiteran que con la desarticulación de esta red, han asestado un golpe contundente a uno de los delitos más atroces de los que se tiene conocimiento, en tanto que laceran y violan los derechos humanos fundamentales de las personas.

Santiago R.D..- La Policía Nacional informa que fue arrestado un hombre, presunto autor de haber ultimado dos agentes policiales, en un hecho registrado el 19 de noviembre del año 2023 en el sector Ensanche Bermúdez de esta ciudad.

Se trata de Argenis Rafael Rodríguez Díaz (a) Minguin de 30 años de edad, residente en el referido sector, arrestado en atención a la orden de arresto No. 11236-2023.

Rodríguez Díaz era buscado activamente por su presunta implicación en las muertes del cabo Domingo Fortunato Berson y del Sargento Richard Rafael Solís, hecho violento cometido junto a Naoqui Nuñez Brito (sometido), Jairo Noisi Landeta (prófugo) y Angelo Benjamin Hernández Rodríguez (a) Tres Pies, quien falleció el día 2 de abril del presente año en un incidente ocurrido en la Carretera Guayacanal del sector Las Charcas.

La captura de Minguin se produjo en la provincia Monseñor Nouel por agentes preventivos y posteriormente enviado a la División de Homicidios de esta jurisdicción, el mismo será sometido en las próximas horas por el hecho que se le imputa.

En cuanto a Jairo Noisi Landeta, La Policía Nacional le hace un llamado de entrega por la vía que considere pretendiente y responda por el hecho cometido.

Varias imágenes muestran la diferencia en la calidad en la construcción entre el canal levantado del lado haitiano en Juana Méndez y el del lado dominicano, en Dajabón, ante la crecida  del río Dajabón o Masacre.

Por un lado, el canal del lado haitiano se ve totalmente desbordado por la crecida del río y, por el otro, el canal del lado dominicano permanece intacto.

La crecida del río Masacre, a causa de las lluvias registradas en la cuenca alta de ese afluente en Loma de Cabrera, provincia Dajabón, provocó el desborde del canal construido por los haitianos en el poblado de Juana Méndez.

Los lugareños que viven en la parte baja del canal haitiano tuvieron que ser desalojados por la Defensa Civil de ese país ante la gran cantidad de agua. La crecida del río anegó toda la estructura.

Al respecto, el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, aseguró este lunes que el dique en el canal en el río Masacre del lado haitiano no fue construido en el lugar correcto, por lo cual era seguro que se iba a producir un desbordamiento que provocaría inundaciones en la frontera domínico-haitiana.

«El río Masacre cuando suceden eventos de alta precipitaciones, como los que están sucediendo, hace grandes crecidas y al construir ese dique en ese punto, que no es el punto ideal para construir un dique, se va a producir un desbordamiento que va a provocar inundaciones tanto para el lado dominicano, como es el caso de Codevi, como para el lado haitiano, como puede ser Juana Méndez», explicó.

Agregó que, al río presentar esa obstrucción en su cauce va a «buscar espacio por donde evacuar las aguas que traen por encima de su nivel, y eso es lo que está sucediendo».