La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves que incautó 371 paquetes de presunta cocaína durante una intervención en la terminal del Puerto Multimodal Caucedo, en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El narcótico estaba distribuido en contenedores de exportación que serían enviados a Bélgica, desde la terminal Caucedo.

En un comunicado de prensa, la DNCD dijo que los agentes abrieron uno de los contenedores y encontraron 64 tanques de metal llenos de miel de abeja. Destacaron que algunas inconsistencias en la estructura de estos tanques alertaron a las autoridades.

La apertura de los tanques se realizó con montacargas, pulidoras, taladros y estanques de contención de derrame.

«Los tanques cargados de miel de abeja tenían compartimentos secretos en su interior, donde los narcotraficantes introdujeron los paquetes para intentar burlar los controles. Sin embargo, la pericia y habilidad de los agentes permitió detectar la sustancia a tiempo, antes de que fuera embarcada hacia Europa», precisó la nota.

Tanto la DNCD como el Ministerio Público investigan el hecho y esta nueva modalidad de camuflar sustancias controladas.

Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

La organización internacional «Crime Stoppers» advirtió a la República Dominicana que se prevé un posible fortalecimiento del crimen organizado y pandillas locales si se aprueban las reformas impositivas que aumentarían el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas.

Crime Stoppers, que comenzó sus operativos en el país en conjunto con el Ministerio del Interior y Policía a inicios del año, aseguró que la subida de impuestos selectivos en los licores llevaría consigo un aumento del comercio ilícito de los mismos por parte de las bandas criminales.

En consecuencia, incrementaría el contrabando, las falsificaciones, el riesgo para la vida, la inseguridad, la violencia y el lavado del dinero.

Como resultado de todo ello, tanto bandas criminales como pandillas locales ganarían más dinero y crecería la inseguridad en los barrios y habría más víctimas de la violencia.

«Las medidas que buscan realizar ajustes fiscales para mejorar la recaudación pública, deben tomarse considerando los impactos negativos en otros temas de la agenda pública, uno de los es la inseguridad«, explicó en un comunicado oficial.

Dijo que tienen comprobado que toda regulación que aumente el precio final de un producto, no genera necesariamente un aumento en la recaudación, sino que podría diversificar el mercado ilegal del mismo.

Ésta diversificación fortalecería «el sistema de las economías ilícita regionales y dominicanas, generan un mecanismos de recaudación diaria de dinero de origen ilegal para financiar la operación de las pandillas dedicadas al narcotráfico y narcomenudeo, y el lavado de dinero», planteó Crime Stoppers.

La organización aseguró que éste tipo de delito llevó a las autoridades dominicanas a destruir más de 20 millones de unidades de mercancías ilícitas decomisadas en los operativos. Además, según el mapa de calor de Crime Stoppers, se han incautado más de 50,000 unidades de bebidas alcohólicas ilegales, usadas en el contrabando, la falsificación o adulteración.

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula los debates electorales en la República Dominicana.

La pieza legislativa obliga a la Junta Central Electoral (JCE) a realizar dos debates y a los candidatos que aspiran a puesto de elección popular a participar en por lo menos en uno de ellos.

El pliego de ley, que contó con 98 votos a favor, es una fusión de dos iniciativas, presentadas por los diputados José Horacio Rodríguez Grullón, Mélido Mercedes Castillo, Pedro Antonio Martínez Moronta, Aida Nilsa López Reyna de Ceballos y Mateo Evangelista Espaillat Tavárez.

El propósito de la norma es regular los debates electorales en período de campaña electoral entre los candidatos a los cargos públicos de elección popular del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y de los gobiernos locales.

Los debates tendrán una duración de hasta 90 minutos.

“Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la Junta Central Electoral, en la forma descrita en la presente ley”, precisa el artículo 6 del texto legislativo.

En su párrafo I, indica que en caso del candidato no asistir a los debates sin una justificación podrán ser sancionados “con la restricción parcial o total del espacio para promoción de candidaturas que tienen a su disponibilidad en los medios de comunicación de propiedad del Estado que están contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral” (Ley 20-23).

Los candidatos pueden asistir y participar de manera libre en los debates electorales de organización pública o privada, sin perjuicio de los debates públicos realizados por la JCE, de acuerdo al párrafo II.