Santo Domingo, … La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso  prisión preventiva como medida de coerción a José Ismael Jiménez Diloné. Este formaba parte de una red criminal que estafó con millones de dólares a personas mayores residentes en los Estados Unidos y que desmanteló la Operación Discovery.

El tribunal también decidió mantener la medida de coerción, consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica al imputado Juan Rafael Parra. Esto por su vinculación a la misma red criminal en la Operación Discovery. Tras establecerse que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad.

La solicitud que formuló el Ministerio Público, al que representó el procurador adjunto Andrés Chalas, la recibieron los jueces Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto. Estos impusieron la prisión preventiva contra Jiménez Diloné. También ordenaron que la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.

Los jueces fijaron el conocimiento de la solicitud de extradición de ambos imputados en la Operación Discovery para el próximo 11 de junio, a partir de las 11:00 de la mañana.

La red criminal que integraban varias personas estafó a los adultos mayores desde centros de llamadas en la República Dominicana. Desde aquí los contactaban, haciéndose pasar por hijos, nietos u otros familiares cercanos. Después pedían ayuda económica para salir de un problema, alegadamente, por un accidente automovilístico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) lamentó  el «desgarrador» evento que dejó sin vida a tres niños dominicanos en Georgia, Estados Unidos, y se comprometió a costear la repatriación de los menores, una vez finalicen los procesos legales en territorio estadounidense.

En un comunicado  el Mirex señaló que el consulado dominicano en Nueva Orleans, Luisiana, está en contacto con los familiares de las víctimas con el fin de «brindar toda la asistencia necesaria».

Asimismo, informó que todas las áreas relacionadas del ministerio trabajan para completar la repatriación de Arianny  Arias Rodríguez (13), Chadal Rodríguez (11) y Carlos Rodríguez (9), encontrados la madrugada del miércoles con heridas de bala dentro de un auto estacionado en un parque en Georgia, junto al cadáver de José Ramón Plascencia, expareja de su madre.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses tratan el caso como asesinato-suicidio, en el que señalan a Plascencia como el responsable de matar a los infantes. Sus familiares en el país dijeron que el hombre presentaba un cuadro depresivo desde hace unos meses, agravado por problemas económicos y de salud.

La Cancillería dijo que correrá con todos los gastos que conlleva traer los restos de los tres niños a la República Dominicana.

Karina Rodríguez, la madre de los tres niños, creó una campaña de recaudación para cubrir con los gastos funerales y de repatriación de las dos niñas y el niño, debido a que no cuenta con suficientes fondos para el proceso. Ha recolectado más de 15,000 dólares.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijaron para el miércoles 12 de junio, a las once de la mañana, el conocimiento de la solicitud de extradición para el ciudadano ruso identificado por las autoridades dominicanas como Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, quien es señalado como el líder de una organización delictiva que actuó en 35 países y cometió estafa por más de 645 millones de euros a través de inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.

Los magistrados también acogieron la solicitud del Ministerio Público de imponer medida de coerción al extranjero en la cárcel de Najayo, hasta tanto se conozca el fondo del caso en junio.

Sergei Berezin y/o Paul Bergholts era perseguido por las autoridades europeas, fue apresado en abril en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia La Altagracia, detalló el Ministerio Público de República Dominicana, luego de que la Policía española diera a conocer el arresto.

Las autoridades dominicanas informaron que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por de ese país, con la colaboración de Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino Unido.

Los demás acusados de pertenecer a la organización criminal han sido arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia.

Estafa piramidal

El modelo de negocio de la red consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.

Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año, según la especie de cannabis.

Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).

Sin embargo, agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que 22 estudiantes de la escuela María Teresa de Calculta, ubicada en la comunidad Caballona, en el municipio Santo Domingo Oeste, presentaron reacciones adversas al consumo de alimentos por lo que procedió a suspender el contrato a la empresa suplidora de la distribución del almuerzo a ese centro.

Refirió  que la investigación que realizó determinó que el alimento servido ese día no estaba apto para el consumo humano.

A través de una nota de prensa, señaló que tras el reporte de lo ocurrido, la Dirección Ejecutiva explicó que activó el protocolo de manejo de eventos adversos y dispuso una investigación del hecho, el cual expresó que lamenta mucho.

Detalló que una comisión integrada por técnicos del Departamento de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Gestión Alimentaria, especialistas la División de Epidemiología y el Departamento de Gestión de Salud Escolar se trasladó al centro educativo para evaluar la situación, «identificando que el alimento servido ese día carecía de las características organolépticas (aspecto, olor y sabor) requeridas para el consumo«.

Agregó que fueron tomadas muestras del almuerzo para su análisis microbiológico en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló.

«En vista de esta situación, la Dirección Ejecutiva dispuso la suspensión de la empresa Jannaly Company, SRL, hasta tanto se conozca los resultados del análisis microbiológico y concluyan las investigaciones«, refiere la nota.

La institución reiteró que no tolerará ninguna actuación por descuido o negligencia que ponga en peligro la salud de los escolares quienes son el futuro de la nación.

Una mujer le quitó la vida a su pareja al propinarle un golpe en la cabeza, en un hecho ocurrido en el sector los Transformadores de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Rolando Reynoso, de 34 años de edad.

La herida se la habría provocado su pareja, Aracelis Rodríguez Fanini, 45 años, quien fue detenida tras el incidente.

El reporte preliminar de la Policía Nacional establece que la mujer le ocasionó la muerte a su compañero sentimental, al propinarle un golpe en la cabeza con la tapa de un inodoro, en medio de una discusión.

Según el diagnóstico preliminar del médico legista actuante en el caso, el hombre falleció a causa de trauma craneal.

Santo Domingo.- En un amplio e intenso operativo conjunto, en el que se emplearon unidades navales, aéreas y terrestres, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron otro cargamento de 675 paquetes presumiblemente cocaína, frente a las costas de la provincia de San Pedro de Macoris.

Los agentes y militares, luego de recibir informes de inteligencia, desplegaron labores de interdicción para capturar a dos hombres que a bordo de una lancha rápida (tipo Go Fast), de unos 30 pies de eslora, sin nombre ni matrícula, se dirigían a territorio dominicano, con la intención de introducir una importante cantidad de sustancias narcóticas.

Tras varias horas de persecución ininterrumpida y pese al mal tiempo que predomina en todo el litoral costero, las autoridades lograron intervenir la embarcación a varias millas náuticas al Sur de San Pedro de Macorís, donde confiscaron 27 pacas, conteniendo en su interior los 675 paquetes de la sustancia.

En el operativo fueron apresados dos dominicanos, se ocuparon además, dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, varios garrafones de combustibles, lonas, una neverita con agua, comestibles, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los detenidos fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de San Pedro de Macorís para los fines correspondientes.

“Durante este 2024, la DNCD, con apoyo de las Fuerzas Armadas, (Armada, Fuerza Aérea, Ejército), la Procuraduría y agencias de Inteligencia del Estado, asi como organismos de Estados Unidos, han confiscado casi nueve toneladas de distintas drogas (8.9 toneladas); a esto se suman las operaciones de cooperación internacional, donde se han incautado 17, 085 kilogramos, para un total consolidado de 25.3 toneladas de distintas drogas, cifras que marcan un precedente histórico en la lucha y persecución en contra del narcotráfico»

Puerto Príncipe, .- El hambre que afecta a la población haitiana está conduciendo a menores a unirse a bandas armadas, denunció  Save the Children, tras recibir informes de que algunos niños y adolescentes han matado, secuestrado y saqueado en Haití para conseguir alimentos.

La organización de defensa de los derechos de la niñez está recibiendo noticias sobre un creciente número de menores de edad que se ven obligados a tomar medidas desesperadas para poder alimentarse, mientras Haití se enfrenta a unos niveles de hambre sin precedentes en medio de una espiral de anarquía y desastres climáticos, recoge en un comunicado la ONG.

Según el asesor de alimentación y medios de subsistencia de Save the Children en Haití, Jules Roberto, los menores «no acompañados son los que corren mayor riesgo de ser reclutados. Una barriga hambrienta no tiene oídos: irá donde pueda conseguir comida, aunque eso signifique matar y saquear para conseguirla».

La ONG ha comprobado que muchas familias a duras penas consiguen alimentarse una vez al día y madres solteras han manifestado a miembros de la organización «que estaban pensando en dedicarse o se han dedicado al trabajo sexual para mantener a sus hijos».

Roberto advirtió de que «si no se prioriza y amplía el apoyo permanente en los campos de desplazados, se creará un caldo de cultivo para que las bandas atraigan a los niños más vulnerables hacia el reclutamiento».

La violencia en la que están implicadas pandillas y grupos armados se ha disparado más de un 140 % en lo que va de año en comparación con 2021, según el análisis de Save the Children de los datos de ACLED (sistema que recopila datos en tiempo real sobre las ubicaciones, fechas, actores, muertes y todos los eventos de protesta y violencia política reportados en todo el mundo).

Entre enero y marzo de este año, al menos 82 menores han muerto o han resultado heridos por la violencia de las pandillas, lo que supone un aumento del 55 % en comparación con el último trimestre de 2023, que es, además, el período más violento para este grupo de población que se haya registrado en el país, según datos verificados por la ONU.

El hombre que mató a tres niños de su ex pareja sentimental y después se quitó la vida en el interior de un carro en un parque de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, es oriundo del sector Villa Liberación de la Otra Banda de Santiago.

Los menores asesinados por el padrastro fueron identificados como Arianny Rodríguez, de 13 años de edad; Chadal Rodríguez, de 11 y Carlos Rodríguez, de 9. El homicida, quien también se quitó la vida tras cometer la acción criminal, respondía al nombre de José Ramón Plascencia, de 47 años.

Felicia Canela, hermana de Plascencia, dijo que su pariente presentaba problemas psicológicos y de salud.

Al momento de la tragedia, la madre de los menores se encontraba en un hospital local junto a otro niño, hijo del homicida y la dama, que es tratado por una lesión no relacionada.

Los cuerpos de los niños fueron hallados en el interior del automóvil , cuando un oficial realizaba una revisión de un vehículo sospechoso que estaba estacionado en un sendero para peatones.

La Policía confirmó que el hombre no era el padre de los menores y que el incidente era investigado como un homicidio-suicidio.