POR ANTONIO HEREDIA

PUERTO PLATA.-  Dos jóvenes perdieron la vida de manera trágica al ser aplastada la motocicleta en la cual viajaban por una patana en la carretera principal del municipio turístico de Sosúa.

Las víctimas fueron identificadas como Rafael Antonio Martínez Benavides, de 20 años y el adolescente Junior Reyes, de 16 años, ambos residentes en el sector Los Pérez, del municipio Villa Montellano.

El accidente de tránsito se produjo en las proximidades del multiuso de Sosúa, cuando la motocicleta Honda Súper Cub 70, de color verde y sin placa en la cual se desplazaban los dos jóvenes, sufrió un deslizamiento.

Se precisó que la moto y los dos jóvenes, fueron impactados por el vehículo pesado tipo patana marca Mack, color rojo vino, placa L230812, conducido por José Luis Tavárez, quien se encuentra detenido.

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, en su firme misión de combatir el microtráfico de sustancias controladas, continúan reforzando las operaciones conjuntas y de interdicción en todo el territorio nacional, logrando sacar de las calles miles de gramos, así como apresar a decenas de individuos vinculados a ese delito.

Durante la última semana, las autoridades realizaron mas de cuatro mil operativos y unos 65 allanamientos, donde apresaron a 923 personas y ocuparon 141, 448 gramos de cocaína, 38, 560 dosis de marihuana, 3, 135 de crack, 19 gramos de metanfetaminas y 103 pastillas de éxtasis, para un total de 183, 164.50 gramos.

En las acciones para neutralizar el tráfico de narcóticos, se incautaron además 06 armas de fuego, 30 machetes y cuchillos, 09 vehículos, 43 motocicletas, 270 celulares, 24 radios de comunicación, 83 balanzas, RD $ 1, 181, 253 pesos dominicanos, US $ 5, 232 dólares estadounidenses y 05 euros, entre otras evidencias.

Las operaciones de interdicción en contra del microtráfico, se extendieron al a los barrios del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samana, Valverde, entre otras.

“El Ministerio Público y la DNCD, mantienen una fluida y estrecha colaboración, logrando mejorar su capacidad operativa frente a las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas”

El reforzamiento de las acciones conjuntas, es parte de las nuevas estrategias diseñadas por las autoridades, para perseguir, combatir y castigar ese delito a través de la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) otorgó un reconocimiento al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) por haber cumplido los estándares en el ranking de transparencia y garantizar el derecho de libre acceso a la información, conforme a lo establecido en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Inespre se posicionó entre las 24 instituciones que superaron el 99% del ranking en transparencia que se mide mensual y se promedia cada año.

El reconocimiento fue entregado por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y fue recibido por el subdirector del Inespre, Obispo de los Santos, en representación del director ejecutivo de la institución, Iván Hernández Guzmán y por la coordinadora ejecutiva de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo y encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información, Penélope Columna.

Obispo de los Santos, subdirector del Inespre, valoró el reconocimiento y expresó que el mismo impulsa a la institución a continuar trabajando apegada a la transparencia y la ética, en favor de la población dominicana.

De los Santos destacó que la actual gestión del Inespre se ha mantenido obteniendo altas calificaciones en las evaluaciones realizadas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto.

Dicha entrega fue realizada en el marco del desarrollo de la “Semana del Derecho a Saber 2024: Un Derecho de Todos”.

La Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo del Inespre está integrada por: Fausto Gómez, coordinador general; Penélope Columna, coordinadora ejecutiva; así como por Carolina García, Maireni Carrasco, César Benzán, Hilcida Lachapel, Jenny Elisa Gómez como miembros. Mientras que Rosa Sánchez, Michelle González, Jennifer Guio, Gisselle Tejeda y Alexandra Jiménez figuran como suplentes.

De acuerdo con el expediente de solicitud de medidas de coerción del caso Camaleón, elaborado por el Ministerio Público, José –Jochi– Gómez Canaán, uno de los principales imputados en el proceso, habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República para frenar la investigación de las autoridades en su contra.

Una de las evidencias halladas en la casa de Gómez es una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General de la República donde se pedían datos de los pagos que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam.

Según el informe de la Procuraduría, el imputado «tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada» porque poseía documentos interinstitucionales que eran confidenciales y esenciales para la investigación.

Otro documento secreto encontrado en la residencia de Gómez fue una solicitud de investigación especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría. Con esa indagatoria, la Pepca buscaba detallar los procesos de compras y contrataciones, los contratos realizados, los datos financieros y los libramientos ejecutados en el Intrant ligados a la operación Camaleón.

Aparte de los documentos confidenciales que Gómez tenía en sus manos, el Ministerio Público relata que el encartado realizaba «actividades de seguimiento e inteligencia» a jueces y miembros del Poder Judicial.

• «1. Keila S. Pérez Santana: juez presidente, 2. Elías Santini Perera: juez sustituto, 3. Arisleyda Méndez Batista: juez 1ra. Instancia».

Además, el documento contenía un cuadro con distintos nombres de jueces, abogados, alguaciles de estrado y oficinistas alguaciles.

Pruebas materiales

El expediente del Ministerio Público detalla que las autoridades cuentan con 49 pruebas materiales para probar sus señalamientos contra los imputados en el caso Camaleón, por el que piden hasta 18 meses de prisión preventiva.

Entre las pruebas materiales se encontraron drones, cámaras espías, microcámaras, armas de fuego a nombre de terceros, escopetas de alto calibre, siete drones de vigilancia, chalecos antibalas y relojes de marcas costosas.

Negocios irregulares

El Ministerio Público señala a siete personas y dos empresas por el caso Camaleón, entre los que se incluye el exdirector del Intrant, Hugo Beras. De acuerdo con su imputación, los siete apresados ejecutaron negociaciones irregulares para contratar un servicio de modernización de los semáforos en Santo Domingo.

Según la solicitud de medida de coerción, desde el Intrant supuestamente se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente con contratos millonarios que carecían de legalidad y que alegadamente buscaban estafar al Estado con un proceso de licitación en el que la empresa Transcore Latam obtuvo 1,317,350,997 pesos.

El Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario Jochi Gómez y otros cinco imputados en el caso Camaleón, por alegadamente constituir «una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica», por medio de alta tecnología y robo de identidad.

En el expediente de solicitud de medida de coerción, que consta de 304 páginas, el órgano del Estado detalla las «características de la organización criminal por contratos millonarios» entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, ofreciendo un panorama exhaustivo de las actividades ilícitas en las que habrían estado involucrados los imputados.

A continuación, compartimos las 25 características de manera íntegra:

• Crearon una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos.
• Seleccionaron al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional.
• El oferente seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajado en su empresa, evidentemente que se hizo un traje a la medida.
• El Director Ejecutivo del Intrant puso en manos de una persona reconocida y con antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones, la red semafórica del Gran Santo Domingo.
• El Director Ejecutivo del Intrant compartía de forma habitual, en actividades sociales y actividades familiares del imputado.
• Lograron que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
• Utilizaron el contrato ilegal para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa.
• Adulteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra.
• Las autoridades ejecutivas imputadas ocultaron las informaciones e incidencias que indicaban que debía de detener la licitación, lo hicieron por absoluto compromiso con la maniobra fraudulenta para favorecer a sus asociados criminales.
• Impugnaron la decisión del órgano control que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación.
• Los funcionarios públicos, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
• Usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
• La estructura societaria tenía absoluto control del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámara de la agencia de seguridad del Estado, a la que la estructura colocó en múltiples sectores del Gran Santo Domingo.
• Amenazaron y cumplieron. En el mes de agosto, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica del gran Santo Domingo.
• Excedieron el contrato firmado con relación al pliego de condiciones y la ejecución excedió el contrato.
• Robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento.
• Crearon un consorcio que era realmente otra maniobra fraudulenta para que también participara en el proceso de licitación como un oferente, pero realmente era una simulación.
• Crearon una compleja red de espionaje satelital.
• Hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas.
• Colocaron drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer vídeo vigilancia para uso ilícito.
• Realizaron acciones administrativas y penales para atacar la suspensión del contrato que había hecho el órgano regulador.
• Atacaron infraestructuras críticas del Estado causando un caos en el tránsito.
• Adquirieron bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados.
• Lavaron activos productos de las acciones criminales cometidas.
• Infiltraron las distintas investigaciones que se iniciaron, con el objetivo de obstruirla.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó doce meses de prisión preventiva para ocho de los diez imputados en la operación Búfalo NK, acusados de formar parte de una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana.

El juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para: Rafael Ynoa Santana (El Cojo),  Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.

Para Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, el tribunal dispuso como medida cautelar, impedimento de salida y garantía económica de 500,000 y 200,000 pesos, respectivamente.

El señalado cabecilla, Rafael Ynoa Santana, cumplirá la medida cautelar en la cárcel de La Romana, mientras que los demás imputados serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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El Ministerio Público, representado por los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, valoró la decisión del juez, destacando la gravedad de los delitos imputados y la contundencia de las pruebas que sustentan los roles de cada uno de los acusados.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, tres de los imputados admitieron su culpabilidad en los hechos que se les imputan. Los implicados que admitieron las imputaciones fueron: Rafael Ynoa Santana y su pareja sentimental Germania Mercedes Natali Román, y Maritza Flete Santana.

En la instancia, que cuenta con más de 200 páginas, los fiscales detallaron que este caso presenta todas las características de un crimen organizado, involucrando delitos como lavado de activos y asociación de malhechores en una red criminal altamente estructurada.

Repaso de los hechos

Los imputados fueron arrestados durante un amplio operativo simultáneo por aire, mar y tierra, desplegado en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Dicho operativo fue ejecutado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Comando Sur de Estados Unidos.

El presidente de la República, Luis Abinader, presentará el lunes en La Semanal con la Prensa, el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, conocido como la reforma fiscal.

La información fue ofrecida por la Dirección de prensa del presidente.

Durante su discurso de juramentación para su segundo mandato el pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader dijo que la reforma fiscal garantizará la movilización de los recursos necesarios para financiar la transformación del país.

«En este periodo también presentaremos una propuesta de reforma fiscal centrada en tres objetivos básicos: garantizar unas finanzas públicas sanas, reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud, seguridad, así como las infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo. Esta reforma fiscal incluirá una reforma del gasto público y una reforma tributaria«, explicó el mandatario.

Manifestó en ese momento que la reforma tributaria garantizará la «movilización de los recursos que se requieren para la transformación de nuestro país y para poder materializar proyectos tan importantes como el teleférico y el tranvía de Santo Domingo, el monorriel de Santiago o el tren Metropolitano que conectará el centro de la capital con el Aeropuerto Internacional de Las Américas y 30 áreas urbanas más. Nuevos acueductos y sistemas de drenaje para el Gran Santo Domingo y otras ciudades importantes», adelantó.

Según informaciones extraoficiales, con la reforma, el Gobierno busca recaudar unos RD$110 mil millones más anualmente.

El Ministerio Público despositór ante la secretaria de la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de los implicados en el nuevo escándalo de corrupción administrativa que ha sacudido a la República Dominicana.

Los siete imputados están siendo implicados un esquema de malversación de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras. El órgano persecutor pide que el caso sea declarado complejo.

La investigación, liderada por la Procuraduría General de la República, ha revelado irregularidades en el contrato del Intrant y la empresa Transcore Latam, SRL, propiedad del reconocido empresario Jochi Gómez, en torno al manejo del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, proyecto que asciende a 1,200 millones de pesos.

El escándalo ha generado un clamor generalizado entre la ciudadanía; una parte exige transparencia y justicia, mientras que otra piden a las autoridades judiciales que desarrollen el debido proceso, que se preserven los derechos fundamentales de los procesados.

Mientras tanto, la Procuraduría ha comenzado a realizar interrogatorios a los implicados y ha solicitado la colaboración de exfuncionarios que en sus gestiones realizaron contratos con la empresa Transcore Latam, SRL.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) pospuso para el lunes el interrogatorio al exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, que tenía contrato con una de las compañías allanadas por el caso de semaforización.

Rubén acudió acompañado de su abogado Jovany Tejada y fue recibido por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.