“En mis años de vida siempre hemos buscado guiar nuestros pasos dentro de la rectitud, la moral y la responsabilidad, así sentimos que lo hemos hecho dentro todos los ámbitos de nuestra vida, tanto privada, profesional y política. Desde nuestra infancia hemos buscado la manera de servir, y servir bien, pues encontramos en ello un gran regocijo.

El pasado 11 de junio de 2018, se nos emitió una sentencia que nos condenaba por una supuesta emisión de un cheque sin la debida provisión de fondos, decisión que nos mueve a presentar esta declaración con miras a lograr un mayor entendimiento sobre la situación que ahora atravesamos.

El 7 de julio de 2016, emitimos en nuestra calidad de Alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros un cheque contra la cuenta del cabildo del Banco de Reservas de la República Dominicana por un valor de RD$354, 286.86, cuyo objeto era honrar los pagos de los trabajos de remozamiento de la avenida Antonio Guzmán. Obra cuyo embellecimiento aún sigue palpable a la fecha y ha quedado en el solo provecho de los munícipes.

Fue para nosotros una gran sorpresa enterarnos que pesaba en nuestra contra una acción penal iniciada por el señor Michell Arbaje Pimentel, cuya sustancia era la emisión supuestamente sin fondos del referido cheque. Nuestro mayor asombro se centraba en que si bien el cheque había sido expedido durante nuestra gestión este había sido presentado al cobro al momento de la conclusión del proceso de transición de mando en la Alcaldía, dando paso, entonces, a una nueva gestión y administración que no se vinculaba a nosotros.

El pago del cheque, como se evidencia entonces, fruto del cese en nuestras funciones como alcalde se escapaba a nuestro control o disposición, pues al terminar nuestra calidad como tal en el gobierno municipal no teníamos la capacidad de poder accionar en favor del cumplimiento de la obligación de pago generada. Si el requerimiento de pago hubiera sido efectuado aún teníamos legalmente el control sobre los fondos del cabildo aseguramos que hubiéramos desplegado todas las acciones necesarias para el saldo de su importe, pero ese no era y no es el caso”.

Queremos enfatizar que el cheque por el cual se nos condena no fue emitido a nombre personal, ni para el pago de algún servicio a nuestra persona, sino, para satisfacer la ejecución de obras públicas cuyos únicos beneficiarios son los habitantes de la gran ciudad de Santiago. Es por esta razón que, desde un inicio, no encontramos razones para hacernos responsable por el incumplimiento institucional que afecta al beneficiario del susodicho cheque, realmente no tenemos el dinero para hacerlo ni tenemos porque hacerlo, ya que no es un problema o situación personal sino institucional.

La sentencia nos será notificada el próximo día 2 de julio del 2018, fecha en la cual se nos hará entrega de una copia íntegra de la decisión, momento que abrirá la puerta para que el fallo sea apelado ante la Corte Penal que corresponda por parte de nuestros abogados. Jurídicamente se nos ha explicado que la decisión emitida acarrea importantes vicios que provocarían una importante evaluación de parte de un Tribunal superior. Y aunque nos mostramos en total desacuerdo con el fallo de que se trata, manifestamos nuestro profundo respecto por la juez que lo ha emitido.

No nos queda más que agradecer profundamente a todas las personas que se han solidarizados con nosotros y nos han manifestado su gran apoyo creyendo en nuestra integridad y responsabilidad”.

Dr. Gilberto Serulle

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República afirma en el expediente acusatorio del caso Odebrecht que el empresario Ángel Rondón Rijo incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos del soborno y otros delitos.

Según el expediente del Ministerio Público, la sociedad desarrollada por Rondón para soborno y lavado de activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero en las que demuestra su participación accionaria y dominio absoluto. Sociedades, que de acuerdo con la investigación, utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente integrarlo en el mercado nacional.

Agrega además, que Rondón Rijo utilizaba esas sociedades para recibir el dinero de los sobornos de parte de las subsidiarias de la constructora Norberto Odebrecht, para luego poner en movimiento este dinero mediante transferencias a otras de sus compañías o por medio de la apertura de certificados financieros de depósitos cuyos plazos en muchos casos no superaban los dos meses, tal como se puede evidenciar por los abiertos por la empresa Consultores y Contratistas Conamsa en el Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica).

El expediente detalla que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional “Ángel Rondón utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

“De igual modo, contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que al granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado dominicano”.

Detalla (la Procuraduría) que entre los años 2002 al 2017, como persona física percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226.57 pesos y que en divisa extranjera percibió dos millones 690 mil 155.73 dólares.

Dice que para acumular y mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó (Rondón) un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales. Esas sociedades sirvieron de plataforma al imputado para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos.

“Estos recursos fueron estratificados, a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones -bienes: muebles e inmuebles- donde sobresalen los millonarios activos, los proyectos inmobiliarios, así como compra de villas de veraneo, yates”, indica la acusación.

Y prosigue: “En el período comprendido entre los años 2003-2006 el imputado Ángel Rondón manejaba los valores a través de la sociedades Librec Investment Limited, Arma, S.A., Adeline Group Corp, Roymar, S.A. y Conomsa, S.A, dinero que era utilizado por el imputado para el pago de sobornos”.

Detalla el expediente que entre los años 2006-2014 los fondos ilícitos eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp. Conamsa y Conamsa International LTD. Asimismo, que la empresa Odebrecht hacía los depósitos a través de las empresas offshores creadas para el esquema de soborno por la División de Operaciones Estructuradas, es decir, de las cuentas ocultas de la multinacional.

POR CRISTIAN CABRERA

POR NARCISO PEREZ

SANTIAGO.-El presidente de la Asociación de Abogados de Santiago (AAS)
calificó  al procurador general de la República, Jean Alan
Rodríguez como una «Mona», que utiliza el Gobierno Central para
perseguir a los corruptos, criticando al mismo tiempo que solo son
condenados aquellos que cometen robos de poca valía.

José Dolores Jiménez lamentó que el procurador general de la República
presentara un expediente tan flojo y carente de fundamentos para
encauzar a las personas que habrían recibido sobornos de la empresa
brasileña Odebrecht para autorizar obras estatales.

«Los abogados les llamamos a eso populismo penal, lo que se ha hecho
es un populismo, y es lamentable que un joven de la talla de Jean Alan
Rodríguez se vea como una mona ante la nación, toda vez que todo lo
que hace es incoherente», subrayó Diolores Jiménez.

Indicó que estamos ante una novela que no tiene ni pies ni cabeza, lo
cual lleva un mensaje muy nefasto a la sociedad.

«Cuando aquí agarran un pobre hombre porque se robó un racimo de rulos
o guineos, entonces lo condenan, mientras que los ladrones de cuello
blanco que se llevan todos los dineros de los dominicanos andan en las
calles o están cumpliendo prisión domiciliaria», puntualizó el
presidente de los abogados locales.

La jueza del Primer Juzgado de Instrucción del distrito judicial de San Francisco de Macorís, Isolina Contreras Peralta, aplazó para el viernes 15 la audiencia preliminar a Marlon y su madre Marlin Martínez, acusados del asesinato y posterior desaparición de la adolescente embarazada Emely Peguero.

Tras varias horas con las partes involucradas en el proceso, la magistrada tomó la decisión como medida preventiva para evitar posibles manifestaciones.

En la audiencia , Genaro Peguero, padre de la víctima, había alegado al iniciar, que uno de los abogados de la parte querellante, Noel Medina, no estaba presente en la sala de audiencias al momento de la jueza ordenar inicio del proceso .

La jueza cuestionó dicha ausencia, en razón de que todas las partes fueron debidamente notificadas.

Los abogados de los imputados se opusieron a que la audiencia fuera pospuesta debido a que, a su entender, no hubo un alegato razonable para ello y se dio inicio formal a la sesión.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacionalde Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), recibir US$856,804, como soborno de Odebrecht, a través de empresas de Ángel Rondón Rijo.

Según la acusación presentada por Jean Alain Rodríguez al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, las compañías Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, transfirieron a Días Rúa y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (empresa del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia Albox R.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.

“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es “con referencia a Albox” lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.

La procuraduría, afirma que el exministro recibió dinero para favorecer a Odebrecht con la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Samaná y Hermanas Mirabal, autopista el Coral, Corredor Duarte I, carretera El Rio-Jarabacoa, carretera Casabito y Corredor Duarte II, a través de su más cercano colaborar, Leonardo Guzmán, quien es esposo de su hija.

“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.

Por los US$92 millones pagados en soborno por la multinacional brasileña para ser favorecidos con 16 obras del Estado, la Procuraduría solicitó envío a juicio de fondo al enlace comercial de Odebrecht, Rondón Rijo así como Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y Juan Rodríguez Hernández.

Dijo que no hubo indicios de pago de sobornos para la adquisición de la termoeléctrica Punta Catalina.

POR HOGLA PEREZ

Moca,,.- La Policía Nacional informó que apresó a un hombre que ultimó a otro, en un hecho que ocurrió  en la sección Monte La Jagua del municipio de Moca, provincia Espaillat.

Se trata de Emmanuel Paulino Mireles, de 25 años, detenido por el homicidio de Pedro Pablo Paulino Pichardo, de 63 años.

Al momento del hecho a Mireles le fue ocupada un arma de fabricación casera denominada chilena, con la cual le disparó a la víctima, a quien le ocasionó heridas de perdigones en el tórax que le produjo la muerte.

De acuerdo a las investigaciones el suceso se debió alegadamente a un conflicto de carácter social, cuyas causas y circunstancias son investigadas por la Policía y el Ministerio Público.

El arrestado será enviado a la acción de la justicia para los fines de ley correspondientes.

En tanto el cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF) para los fines procedentes.