SAN FRANCISCO. El Segundo Tribunal colegiado de la jurisdicción penal de aquí conoce hoy miércoles la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Marlon Martínez por el asesinato de la joven Emely Peguero, que ocurrió en el 2017.

Los jueces analizarán si han variado los presupuestos que presentaron los abogados del joven, para ver si varían la coerción.

“Entendemos que Marlon reúne todas las condiciones para ser favorecido con otra medida que no sea la prisión”, expresó Ricardo Reyna, uno de los abogados del imputado.

Martínez lleva más de 10 meses de prisión preventiva desde que, en agosto del 2017, fue detenido como principal sospechoso del crimen.

POR NARCISO RAFAEL PEREZ ADAMES

SANTO DOMINGO. La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, recibió la comunicación formar de su suspensión hasta tanto sea aclarado si cometió o no una ilegalidad al dejar en libertad a dos imputados involucrados en el cargamento de 500 kilos de cocaína.

De acuerdo con las informaciones, la magistrada fue notificada de la suspensión el pasado lunes, justo después de que terminara la audiencia en la que se leyó la sentencia que disponía la libertad de los imputados Mariano de Jesús de la Rosa Santana (El Viejo) y Robinson Martínez.

Según el documento, la magistrada estará suspendida con disfrute de sueldo mientras la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial realiza los levantamientos de lugar para determinar si procede enviarla a un juicio disciplinario.

Ayer el juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional fue quien subió al tribunal en sustitución de la jueza suspendida.

Fuentes de la Suprema Corte de Justicia informaron que hasta el momento se ha entrevistado a tres personas en relación con el caso de narcotráfico y la decisión emitida por la magistrada.

Los dos imputados liberados están acusados de formar parte de la supuesta red que encabezaba Blanca Bautista (La Doña).

SANTO DOMINGO. El caso judicial por el asesinato del catedrático universitario Yuniol Ramírez será conocido por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo declinara el caso a la jurisdicción del Distrito.

El proceso será conocido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, debido a que la Corte de Santo Domingo acogió en el mes de julio un recurso de apelación interpuesto por los abogados Manaury Montero Ferrera y Ramón Ramírez, quienes solicitaron la declinatoria del caso por incompetencia territorial, pues el crimen de Yuniol Ramírez se produjo en la jurisdicción del Distrito Nacional.

Los abogados y familiares de Yuniol Ramírez sostienen que fue asesinado en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el mes de octubre del año pasado y su cuerpo fue encontrado en el río Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. Presentaba una herida de bala en la cabeza, y estaba amarrado con una cadena atada a dos bloques.

El Comando Regional Cibao Central  de la Policía Nacional  informó este martes que se están tomando medidas disciplinarias contra dos agentes de la institución que  fueron grabados mientras dormían dentro de una patrulla en horas de la noche cuando  prestaban servicio en el corredor Estrella Sadhala, en Santiago.

El vocero del comando, coronel  Juan Guzmán Badía, indicó que además, que se realizan las investigaciones para determinar la persona que difundió el vídeo a través de las redes sociales, y proceder a sancionarla, ya que según explicó,  las imágenes son de uso interno de la institución.

“Son videos internos que nosotros lo hacemos para cuando se lleven a estos agentes policiales ante al unidad correspondientes para fines de sanciones, y corregir esta novedad, se obtiene, pero algún lo subió las redes, y con relación a esto se están haciendo las investigaciones de lugar, para sancionar de manera ejemplar a la persona que subió esto a las redes sociales’, aseguró Guzmán Badía.

“Tu confirmas que el acuerdo existe, que el contrato, pero que realmente el pago no se ha realizado”, preguntó uno de los periodistas que integran el panel. “Está confirmado, eso es así. El pago no se ha realizado”, respondió el ex enlace comercial de la multinacional.

El presidente de la Junta Central electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, sostuvo  que para ese organismo poder definir la reglamentación correspondiente al montaje de las primarias es necesario que los partidos que opten por ese modelo lo definan a más tardar en octubre de este año, porque lo contrario sería un ambiente de incertidumbre.

Manifestó que la audiencia con los partidos políticos para debatir las implicaciones de la ley para la JCE “tendría que hacerse relativamente rápido y que es posible hacer las primarias siempre que se cuenten con recursos, logística, tiempo y tecnología. “Estamos a tiempo si eso se define de aquí a octubre de este mismo año, es decir habría que definir una serie de cosas porque de lo contrario sería quedarnos en la expectativa de algo indefinido y en lo indefinido no se puede trabajar, ni se puede presentar un modelo seguro”, subrayó.

Agregó que la JCE está buscando asesoría en los países donde se han realizado primarias organizadas por el organismo electoral de manera simultánea.

Castaños Guzmán habló luego de una reunión con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Marisol Vicens y César Dargam.

El vicepresidente ejecutivo del Conep consideró que la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas trae muchos retos por lo que apeló a la razonabilidad de la dirigencia de los partidos políticos para viabilizar su aplicación junto con la JCE.

HATO MAYOR. El tribunal colegiado del Departamento de Justicia de Hato Mayor impuso una pena de 15 años de reclusión a Francis Vargas Mejía (Cacaíto) por matar de un disparo en la cabeza en una discoteca al cronista deportivo, Rafael Cruz López (Livin), en hecho ocurrido el domingo 19 de julio del 2015, en esta ciudad.

El dispositivo judicial, evacuado por el tribunal, establece que Vargas Mejía purgará la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Higüey.

El tribunal estuvo integrado por los magistrados Andrea Corcino, Madelquis Franco y Katherin Santana, mientras que el Ministerio Público fue representado por el fiscal Wintel Alí Rodríguez, quien solicitó una pena de 30 años.

Los abogados del comunicador asesinado, informaron que apelarán la decisión de los jueces, tras entender que la pena debió ser mayor, al explicar que habían pruebas suficientes para una condena de 30 años para el encartado.

POR MANUEL VEGA