El grupo de agentes que ha sido implicado en el robo, venta y comercialización de municiones del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, supuestamente vendió de manera ilegal municiones de armas de guerra, incluidos proyectiles que no están permitidos para uso civil.
De acuerdo con el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Pandora, los miembros de la red sustrajeron una cantidad considerable de municiones de alto calibre, específicamente de 5.56 mm, que son utilizadas en fusiles y otras armas de guerra. Estas municiones están restringidas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas y no están permitidas para civiles.
“Este es un hecho de extrema gravedad, porque las municiones 5.56 mm son utilizadas para fusiles, que constituyen armas de guerra y no están permitidas a los civiles”, señala el expediente que tiene como principal imputado en la red de corrupción al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, intendente de dicha entidad de la Policía Nacional.
Según la investigación, el coronel Feliz Romero junto a los capitanes Nelson Valdez, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Miguel Soler Pérez y al raso Morelbin Medina Pérez, todos miembros de la Policía Nacional, establecieron una red de venta ilegal, comercializaban las municiones sustraídas a personas ajenas a las fuerzas militares, que no tienen la autorización para poseer este tipo de armamento.
El Ministerio Público indica que estas municiones sustraídas eran vendidas entre los 3,800 y los 4,500 pesos y el dinero producto de la venta era dividido entre los imputados, los cuales supuestamente los utilizaron para adquirir distintos bienes, entre estos inmuebles y vehículos.
Según el expediente de la investigación, el capitán Víctor Manuel Santos Rodríguez recibía pagos tanto en efectivo como a través de las cuentas bancarias de los imputados Nelson Valdez, Narciso Antonio Feliz Romero y Juan Miguel Soler Pérez.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, se logró verificar estas transacciones mediante trazabilidad financiera a través de las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, que documentan depósitos que recibía el capitán Santos Rodríguez.
Estas pruebas apuntan a que el imputado recibía sumas de dinero por su participación en la venta de municiones de alto calibre, entre ellas cápsulas de 5.56 mm, que son exclusivas para uso militar y no están permitidas para civiles.
El Ministerio Público también destaca que las investigaciones incluyeron registros de depósitos bancarios realizados por Morelbin Medina, técnico de reparación y mantenimiento de armas en la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Medina, quien efectuó pagos a Santos Rodríguez, lo que confirma, según el órgano persecutor, su rol en la red de tráfico de municiones sustraídas.
Estos depósitos están registrados en las cuentas bancarias de los implicados, y los informes de análisis financiero confirman que supuestamente las sumas eran producto de la venta de las municiones robadas.
Una de las pruebas más relevantes es la entrega voluntaria, por parte del capitán Nelson Valdez, de 300 cápsulas de municiones calibre 5.56 mm, que fueron recuperadas por las autoridades y que forman parte del lote de municiones sustraídas del depósito de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Esta entrega fue registrada oficialmente en la Intendencia de Armas y se considera una evidencia crucial en el caso.
Además, las autoridades revelaron que Valdez también recibía grandes sumas de dinero en efectivo de manos de Héctor Acevedo Liriano, que le entregó hasta 200,000 pesos en varias ocasiones como parte de su porcentaje por las ventas de municiones robadas.
