SANTO DOMINGOL…El sector empresarial le planteó  a la comisión del Senado que estudia la reforma laboral que está de acuerdo en que se mantenga la cesantía, pero hasta un límite de seis años para los empleados nuevos, como está estipulado en algunos países de la región.

Además sugirió un tope de 10 salarios mínimos. Es decir, que, al calcular el salario base para sacar el monto de la liquidación, se fijará un límite equivalente a 10 veces el salario mínimo del sector laboral al que pertenece el empleado.

«Hay alternativas, y más bien, esto se logra a través del diálogo, pero que el término ‘infinito’ no exista, más bien que exista algo que sea previsible, que no signifique una carga para las empresas seguir mejorando los salarios«, expresó Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en su rol de vocero de los gremios.

Durante más de dos horas, representantes de once asociaciones empresariales propusieron que el nuevo régimen laboral se aplicaría a los nuevos contratos laborales suscritos luego de entrar en vigencia la nueva ley que reformará el Código de Trabajo, que data desde 1992.

«Hemos reiterado que no hay una disposición de que se elimine la cesantía, pero más bien, hay un espacio para profundizar en el diálogo para revisar aspectos de ese tema y llegar al mejor acuerdo posible», puntualizó Marranzini.

El Consejo de Extrusores de Aluminio (AEC) felicitó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) por emitir un fallo de trabajo forzoso contra la empresa china en República Dominicana Kingtom Aluminio SRL («Kingtom«), a la cual el Ministerio de Trabajo del país caribeño  le había paralizado sus actividades en mayo del 2022 y por segunda ocasión en julio de este año por prácticas laborables «abusivas».

«Luego de una investigación exhaustiva, la CBP determinó que las extrusiones de aluminio, los productos de perfil y los derivados fabricados por Kingtom en la República Dominicana se produjeron utilizando mano de obra de convictos, forzada o en régimen de servidumbre, en violación de la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 (19 USC 1307)», indicó el AEC en un comunicado publicado por Business Wire.

Kingtom es una extrusora de aluminio de propiedad china en la República Dominicana y utiliza mano de obra china y dominicana.

Se recuerda que en noviembre de 2022 el Ministerio de Trabajo informó que tras una inspección general en las instalaciones de la empresa china Kington Aluminio, encontró «violaciones a la ley dentro de las que se incluyen prácticas abusivas que ponen en peligro la vida de los trabajadores» de dicha empresa.

De acuerdo a un comunicado de la entidad gubernamental dominicana, fueron constatadas distintas violaciones en cuanto a salarios mínimos, horas extras, comité de seguridad y salud en el trabajo, descanso semanal, pago del salario vacaciones, disfrute de vacaciones y jornadas excesivas.

En julio de 2024, el Ministerio de Trabajo informó nuevamente sobre la paralización de las actividades de la empresa, junto a las de otras 10 compañías por «el peligro inminente» que representan para la seguridad y salud de sus trabajadores.

Kington Aluminio SRL fue fundada en 2018 y está ubicada en el kilómetro 36 de la carreta Mella en San Antonio de Guerra y, de acuerdo a su perfil, se enfoca en brindar servicio en arquitectura de aluminio y perfiles industriales.

La pareja conformada por los dominicanos Christopher e Yvelisse Guzmán, acusados por la fiscalía de Queens, Nueva York, de vender productos robados en Estados Unidos y República Dominicana, regresarán a la corte el próximo 15 de enero para responder por los cargos que se le imputan, entre ellos el de fomentar la venta de bienes robados.

La madre de Yvelisse, Rosa Rodríguez Santana, y las otras dos coacusadas en el caso, Johanny Almonte Reyes y Tiffany León Fuentes, también están programadas para acudir a los tribunales el mismo día.

A mediados de noviembre, Guzmán, su esposa, su suegra y la coacusada Almonte fueron procesados por cargos de posesión criminal de propiedad robada en primer grado, cuatro cargos de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado, conspiración en cuarto grado, tres cargos de intento de posesión criminal de propiedad robada en tercer grado, posesión criminal de propiedad robada en cuarto grado y cuatro cargos de fomentar la venta de bienes robados.

Mientras que Tiffany León Fuentes, quien fue vista robando artículos en exhibición en dos tiendas de Ulta Beauty con valor de más de 3,000 dólares para presuntamente ser vendidos a los Guzmán, enfrenta cargos de posesión criminal de propiedad robada en primer grado, cuatro cargos de posesión criminal de propiedad robada en segundo grado, hurto mayor en tercer grado, conspiración en cuarto grado, tres cargos de hurto mayor en cuarto grado y hurto menor.

Los cinco acusados enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión si son declarados culpables del cargo principal.

La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva contra el profesor de Inglés Fernando Peña Eusebio, de 31 años, quien está acusado  de violar sexualmente a una estudiante de la escuela La Siria, del municipio de Quisqueya, en esa provincia.

La medida de coerción, Peña Eusebio deberá cumplirla en la cárcel Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR).

A su salida de la audiencia, el profesor se mostró lloroso y dijo que es inocente. Recordó que fue él quien dio la voz de alarma y que todas las pruebas están supuestamente suministradas por el Ministerio de Educación.

La familia de la estudiante de 13 años, cuyo nombre se omite para preservar su integridad, reaccionó a la decisión del tribunal, de enviar a prisión al imputado, agradeciendo a Dios y a la justicia.

El padre de la menor manifestó que espera que el que sea culpable pague por sus hechos, por lo que quieren que el otro profesor acusado, identificado como Alejandro Roberto Bello Matos, quien se encuentra prófugo, se entregue a las autoridades.

SANTO DOMINGO…Tras la controversia entre algunos miembros del Senado y la Cámara de Diputados por el tema del barrilito y exoneraciones de vehículos, Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, pidió a sus compañeros mantener la prudencia en temas de esta índole.

Durante un turno en la sesión , el representante de Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió analizar bien «cuando se tenga la inquietud de impulsar cualquier iniciativa, que, de una forma u otra, se sienta aludido o afectado uno de los dos órganos».

«No podemos, bajo ninguna circunstancia, caer en la situación de que los senadores decimos de aquí para allá y los diputados dicen de allá para acá. Eso yo quiero que nosotros lo reflexionemos», agregó.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que el primer período de clases del año escolar 2024-2025 concluirá el próximo viernes 20 de diciembre de 2024.

El Minerd precisó que la docencia será reanudada el martes 7 de enero de 2025, en todos los centros educativos del país, conforme lo establece el calendario escolar.

Exhortó a los padres, madres y tutores a velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos durante el cierre del período escolar y al reinicio de las clases, destacando la   importancia de su rol activo en la formación educativa de los estudiantes y en la promoción de hábitos que favorezcan el aprendizaje.

“Los días de docencia no honrados impactan negativamente en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables, ya que les priva de su derecho fundamental a recibir una educación de calidad”, enfatizó.

La institución reiteró que cualquier incumplimiento del calendario escolar conllevará una extensión de los días de docencia, con el objetivo de garantizar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para completar el período académico de manera exitosa.

El presidente Luis Abinader, a través de la Consultoría del Poder Ejecutivo, depositó e dos proyectos de leyes que establecen drásticas sanciones de 30 a 50 años de prisión a la violación de unos 20 delitos. También crea una dependencia para proteger a víctimas y testigos.

Cuando ya la agenda de la sesión de hoy estaba lista, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó a sus compañeros sobre las propuestas que llegaron desde el Palacio Nacional. De inmediato, las envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de rendir informes en las próximas asambleas.

Una de las piezas, que contiene 76 artículos, consiste en el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que fija pena de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados.

También, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, estafas, desfalcos y sobornos contra el Estado, tráfico de niños, delitos financieros, intermediación financiera no autorizada, estafa piramidal o esquema Ponzi, delitos medioambientales y sicariato.

Hay más: delitos de alta tecnología, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, falsedad de documentos públicos, delitos graves cometidos contra las personas, y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a los tres años de prisión.

50 años para el sicariato

El artículo 38 señala: «La persona que mate a otra por pago, recompensa, promesa remuneratoria o cualquier otro beneficio, para si o para un tercero», será sancionada con 40 a 50 años de prisión y multa de 75 a 350 salarios mínimos.

La misma pena será aplicable a la persona que contrate el sicario de forma directa o indirectamente. Incluso, «la sola publicidad y oferta de sicariato» será penalizado con tres y 10 años de prisión y multa de 30 y 50 salarios mínimos.

A los que obstruyan la justicia con no aportar pruebas, no suministrar la información, destrucción de pruebas, entre otros puntos, serán sancionados con 10 y 30 años de prisión.

SANTO DOMINGO..La Cámara de Diputados aprobó este martes en dos lecturas consecutivas el proyecto del Presupuesto General del Estado para el año 2025, que asciende a un monto de un billón 681,728.1 millones de pesos y que fue sancionado bajo fuertes críticas de la oposición.

Aunque los opositores de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzaron ataques en contra del presupuesto, la fuerte mayoría que ostenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM) permitió que el proyecto fuera aprobado de forma urgente y sin obstáculos con 131 votos a favor. La matrícula en la Cámara Baja es de 190 diputados.

Los diputados opositores criticaron el proyecto del presupuesto al argumentar que la pieza tiene un escaso programa de inversiones en infraestructuras y muchos préstamos que serán estudiados en el 2025, por lo que pidieron una revisión más exhaustiva del documento.

En ese sentido, el vocero del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, dijo que «ningún gobierno» había sometido tantos préstamos como el actual y condenó que los ciudadanos no han percibido ninguna gran obra con los endeudamientos.

Mientras, Rafael Castillo, el vocero de la Fuerza del Pueblo, detalló que solamente 12 de cada 100 pesos contemplados en el presupuesto son usados para la construcción de infraestructura, mientras que el otro gran por ciento se usará para «pago de nóminas, alquileres y endeudamientos«.

Ambos voceros pidieron a los diputados opositores votar en contra del proyecto. Así lo hicieron y el presupuesto solo recibió los votos favorables de los legisladores oficialistas.