Santo Domingo.- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) manifestó este martes su apoyo al gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19.

La propuesta, recogida en el documento Compromiso Estratégico Programático para el Consenso Político, procura reducir el impacto de la pandemia en diferentes ámbitos.

Sugieren la creación de diez mesas de consenso político sobre estrategias contra COVID-19,  que incluye desplazamiento, salud, economía, turismo y asuntos internacionales, empleos y zonas francas, protección social, educación y género.

En cada mesa debe haber un miembro designado por el Gobierno y otro por los partidos que actuará como co-coordinador general.

La propuesta, que contiene escenarios sectoriales especializados para colaborar, participar en la elaboración y socializar políticas, fue presentada por el secretario general del FOPPPREDOM y presidente del Bloque Institucional Siocialdemocrata (BIS), José franco Peña Guaba.

El presidente FOPPPREDOM, Juan Cohen, tuvo a su cargo hacer la introducción y agradecer al presidente Abinader por el encuentro.

La invocación a Dios estuvo a cargo del pastor Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores y la moderación de turnos, Agapito Reyes Pimentel, director ejecutivo del conglomerado de partidos.

Santiago.- Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ponderó positivamente la declaración del Poder Ejecutivo mediante decreto 588-20, el cual establece la ‘industrialización’ como prioridad nacional.

Indico el  presidente de la Cámara de Santiago que el país debe abocarse a agregar valor a su producción y a la transformación de bienes primeros mediante procesos de producción industrial que nos permitan aumentar
las exportaciones y producir localmente productos que actualmente son importados.

Preciso Carlos Iglesias, para los sectores productivos, incluidos los miembros de la Cámara, esta medida constituye una oportunidad para desarrollar nuevos
emprendimientos, impactando de manera importante en la creación de nuevas fuentes de empleo.

Resalto que la nación dominicana posee múltiples condiciones agropecuarias, de infraestructura, de conocimientos que permiten el impulso de la industrialización en sus distintas vertientes.

Indicó el empresario de Santiago que, este objetivo se alcanzará en la medida que los sectores público y privado aúnen esfuerzos mediante políticas públicas adecuadas y las iniciativas de los inversionistas, aprovechando la estabilidad, la ubicación geográfica y los acuerdos de comercio y de cooperación, de los cuales el país es signatario.

Un sargento y dos cabos de la Policía Nacional fueron cancelados de esa institución este martes, acusados de haber secuestrado a un prestamista en San Cristóbal, y por cuyo rescate pedían RD$200,000 en efectivo.

Se trata del sargento Nataniel de Paula Rodríguez, de 26 años, perteneciente a la Unidad de Los Linces, de Operaciones Especiales y los cabos, Jonser Corporán Feliz, de 27 y Alejandro Mateo Pérez, de 27, asignados al Plan Piloto y Operaciones Especiales, respectivamente.

De acuerdo a una fuente policial, el grupo fue identificado por un prestamista como los agentes que alegadamente lo interceptaron en horas de la tarde del lunes en la calle Padre Ayala, esquina 27 de febrero de la citada ciudad, mientras se desplazaba junto a su esposa y su hijo de años de edad en un carro marca Kia, color blanco de su propiedad, lo encañonaron y le comunicaron que estaba detenido y lo trasladarían hacia Santo Domingo.

Según la fuente, el prestamista fue esposado y subido a una yipeta marca Mitsubishi, color blanco en la que viajaban los policías, y partieron hacia Santo Domingo, pero en el trayecto estos le comunicaron que lo liberarían si este le entregaba RD$200,000, no obstante miembros de la división de investigaciones y la policía preventiva capturaron a los agentes mientras se hacían los aprestos para cobrar el rescate.

SANTIAGO.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) y la Dirección Regional 08 de Educación firmaron un acuerdo, que permitirá mayor garantía del servicio energético en el desarrollo del presente año escolar.

 Se trata del “Plan de energía segura para la provincia de Santiago”,  fue rubricado en una rueda de prensa por el ingeniero Andrés Cueto, gerente general de Edenorte y la magister Marieta Díaz, incumbente del organismo que representa en esta zona a la entidad educativa rectora de la educación nacional.

 El ingeniero Cueto destacó que con esa iniciativa ambas instituciones públicas ponen en marcha una disposición del presidente Luis Abinader y del doctor Roberto Furcal, ministro de Educación.

 Subrayó que ese acuerdo permitirá que Edenorte garantice el servicio de electricidad, que permita se desarrolle con normalidad el recién iniciado sistema de educación virtual y a distancia.

 El ingeniero Cueto se mostró confiado en que el éxito acompañará la labor que desarrollarán los ingenieros que laboran en esa empresa energética, así como de los maestros y directores de escuelas.

 De su lado, la maestra Marieta Díaz indicó que la disposición de Edenorte, conjuntamente con el empeño que está poniendo el magisterio, hará que el sistema educativo puesto en marcha el pasado lunes discurra de forma satisfactoria.

“Se trata de un hecho sin precedentes educación virtual y a distancia, en lo que todos los dominicanos debemos unirnos, porque así ganará el país”, señaló.

Tres meses de prisión preventiva le impuso la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste al imputado Rimalqui Mercado, acusado por la muerte de una niña de cinco años durante un intento de atraco en Los Alcarrizos.

El tribunal dispuso que el acusado por la muerte de Yulenski Batista Cuevas fuera enviado a la cárcel de La Victoria, mientras que la Fiscalía trabaja en la captura de otro implicado identificado como “Blondy”.

La abogada Yvanna Rodríguez, quien representa a las víctimas, asegura que hay suficientes pruebas que vinculan a Rimalqui con los hechos y advirtió que trabaja para lograr una condena por el crimen.

Antonia Mena, madre del imputado, dijo que su hijo es un hombre de trabajo y que se encontraba en casa la noche en que ocurrieron los hechos.

Santiago. – Cuarenta empleados del Hospital Regional José María Cabral y Báez de esta ciudad, están contagiados de Covid-19. La información la confirmó este martes la gerencia del centro hospitalario, al tiempo que negó que los contagiados estén laborando.

En un documento remitido a los medios de información a través de su departamento de Relaciones Públicas, el doctor Bernardo Hilario, director general del hospital, sostuvo que tal como establece el procedimiento del Ministerio de Salud Pública, toda persona con síntomas de la enfermedad, así sea solo por sospecha, debe guardar el tiempo de cuarentena, para evitar la propagación del contagio.

La información remitida por el centro hospitalario establece que entre los contagiados hay secretarias, camilleros, un agente de la seguridad militar, un supervisor de cocina, un supervisor de seguridad, y empleados de los departamentos de Certificaciones y de Facturación.

Recientemente el hospital culminó un operativo de toma de muestras para la realización de las pruebas para Covid-19, cubriendo la totalidad de la empleomanía.

Dice en la nota el Cabral y Báez que mantiene un monitoreo constante para detectar la aparición de cualquier foco de contagio por coronavirus.

POR EDWARD  FERNANDEZ

El Ministerio Público solicitó este martes ocho meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los ejecutivos de la planta de gas licuado de petróleo Coopegas del municipio de Licey al Medio, donde un incendio provocó la muerte de 11 personas.

La medida fue solicitada por ante el juez de la Oficina de Atención Permanente contra Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general; Aurilio Concepción, presidente; Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación afectada.

La fiscalía local también solicita al tribunal que el caso sea declarado complejo.

Según el expediente, el grupo es acusado de homicidio involuntario, negligencia, falla humana y mecánica, porque no respondieron las tres válvulas de seguridad.