El ex capitan de corbeta Carlos Edelmiro Rosso Peña, quien fue buscado  por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en una propiedad del alcalde de Santiago, Abel Martinez, estuvo involucrado en el caso en la masacre del caso Paya en el 2008.

El ex oficial era buscado junto a Almilcar Soto acusados de lavado de activos, posesión de drogas y otras sustancias controladas.

Rosso Peña, fue extraditado a Puerto Rico donde estuvo preso, acusado de formar parte de la supuesta banda que enviaba cocaína desde Colombia a República Dominicana para luego exportarla por mar a la vecina isla.

El Ministerio Público presentó acusación en contra de 25 implicados en el caso de Paya, Baní, ocurrido el 4 de agosto de 2008.

Reportes informan que Carlos E. Rossó Peña, fue cancelado por la Marina de Guerra en agosto de 2008 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El acta detalla que el Ministerio Público pretendía ocupar drogas, armas de fuego ilegales, vehículos, bienes sustancias y documentos.

Al arribar a su quinto mes en el poder, el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá nuevamente al país el próximo lunes a través de una cadena de radio, televisión y medios digitales.

La alocución del mandatario será de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. y consistirá en un programa especial denominado “Estamos Cambiando”.

Se informo que  durante el programa los ciudadanos podrán expresar inquietudes al presidente de la República.

El 16 de noviembre del 2020, Luis Abinader realizó un programa especial en conmemoración de sus 90 días de mandato, en el que interactuó con varias ciudadanos presentes y citó algunas de las ejecutorias de su Gobierno.

El cantante criollo Sergio Hernández se encuentra en estado delicado de salud por el coronavirus.

El intérprete conocido como «El Marqués» y «El Merengrande» está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Docente, FARD, Dr. Ramón de Lara.

Dentro de su cuadro, el merenguero y bolerista «está estable», dijo una persona allegada.

Sergio Hernández también es hipertenso y diabético.

En su carrera artística popularizó con su potente voz «Nadie es de nadie» y «Brindemos por ella».

Como cantante puso su sello en las orquestas de merengue Los Nietos del Rey, Conjunto Quisqueya y Los Kenton.

Ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su voz y gran capacidad interpretativa. También conocido como “El Marqués” ha merecido diversos reconocimientos y triunfos desde el festival de la canción y la voz en Puerto Rico donde lo bautizaron como el “El baladista del merengue” hasta su destacada participación del Festival de la Voz, en Corea del Sur, siendo el primer hispano en participar de dicho evento mundial.

Tuvo la oportunidad de acompañar al fallecido astro mexicano José José en diversas presentaciones y de grabar sus temas más exitosos, logrando llevarse elogios y felicitaciones del propio artista por la magistral interpretación de sus canciones.

El Ministerio Público investiga alegadas irregularidades en un allanamiento realizado  en una vivienda en la que funcionan oficinas del alcalde de Santiago, Abel Martínez.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República informó que la Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al fiscal de Santiago información sobre el allanamiento que se hizo en una vivienda de la urbanización El Paraíso, en la que operan las oficinas de Martínez.

En el documento, la Procuraduría reveló que el inspector Juan Medina de los Santos dijo que el fiscal José Francisco Núñez adelantó que intervino en el allanamiento como parte de una investigación en la que participan la Dirección de Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas para el Consumo Interno (DICTCI) y la división Santiago de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

“El fiscal de Santiago comunicó, luego del allanamiento, que no se trató de una operación en contra de Abel Martínez, como lo reportaron algunos medios informativos y que, aunque el allanamiento se ampara en el Auto No. 00217-2021, de fecha 13-1-2021, no fue dirigido en contra del alcalde”, dice de forma textual el comunicado.

La coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra Polanco, anunció este viernes que dará cumplimiento a la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para permitir las visitas de abogados a los implicados en el caso Antipulpo, quienes guardan prisión preventiva en el CCR Najayo Hombres.

Mediante una nota de prensa, Lagombra Polanco explicó que hasta el momento el ingreso a los Centros de Corrección y Rehabilitación ha estado suspendido como medida preventiva ante la propagación del coronavirus, siguiendo las normas del Ministerio de Salud Pública, y que en lo adelante “se permitirán las visitas de los abogados, siguiendo los parámetros del sistema del Modelo de Gestión Penitenciaria”.

“Vamos a cumplir fielmente la orden dictada ‘in voce’ por la Corte de Apelación según lo establece el oficio firmado por la directora general de Persecución del Ministerio Público, magistrada Yeni Berenice Reynoso, y procederemos a habilitar los espacios para que, respetando las medidas sanitarias de prevención de COVID-19, los internos puedan recibir a los letrados y puedan construir sus estrategias de defensa”, dijo la funcionaria.

También informó que instruyó al subcoordinador de Asistencia y Tratamiento y al subcoordinador de Seguridad para que, antes del 20 de enero, diseñen y pongan en marcha el protocolo que garantice las reuniones y la bioseguridad de los abogados y los beneficiarios de la orden judicial: Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Aquiles Cristopher, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda.

La procuradora General de la República revocó este viernes, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de Estado de Excepción, deberán ser sometidos ante el juez de Paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, No. 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia de la COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

SANTIAGO. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, calificó este viernes como un atropello abusivo sin límites el allanamiento a su residencia por parte de las Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

“Este no es el país que yo aspiro, ese no es el tipo de autoridades que yo aspiro. Yo aspiro a un país con derechos, donde se hagan las investigaciones y se llegue a la verdad pero  no lo que ha pasado hoy”, precisó el alcalde con indignación.