Por Jusety Pérez

A diez meses de la muerte de María Andreina Pernalete, aún se desconoce el rostro del responsable que acabó con su vida.

Los padres de la joven, Moraima Peñalosa Vásquez y David Pernalete, dicen sentirse indignados ya que aún no tienen respuestas por parte de las autoridades.

La señora Moraima explica que han asistido en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y supuestamente la respuesta es “que no hay forma, que no hay manera y que no han podido dar con el carro”. Sin embargo, manifestó que seguirán luchando para dar con el causante de terminar con la vida de la joven de solo 23 años.

Pernalete se trasladaba en un motor cuando la embistió una yipeta a toda velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga.

El padre de María Andreina calificó de “persona desalmada” al responsable que se fugó, tras llevarse por delante a su hija y arrastrarla de forma inhumana “y sin ni siquiera detenerse a ver qué pasaba”.

Moraima contó todo lo que pasó para poder llegar a República Dominicana, ya que al momento de la muerte de su hija se encontraba en Venezuela y no tenía dinero ni visa para viajar.

“Para acá nos trajo Dios”, dijo al periodista José Peguero. Habló que ese día se había quedado sin electricidad, por lo que se enteró de la noticia a las 7:00 de la mañana cuando el hermano de la joven logró comunicarse con ellos.

Un archivo de 334 páginas con nueva información sobre el caso Odebrecht entregado a la Fiscalía de Perú contiene al menos 19 páginas con codinomes (nombres en clave), obras y pagos ilícitos vinculados a las operaciones irregulares de la constructora en República Dominicana.

Los archivos contienen órdenes de pagos secretos de la División de Operaciones Estructurada de la empresa Brasileña desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2006, coincidiendo con el tercer año del segundo mandato presidencial del ex presidente Leonel Fernández y las elecciones congresuales del 16 de mayo de ese año.

La suma de pagos clandestinos relacionados con la República Dominicana asciende en esos 12 meses a US$9,558,296.

Los otros seis nombres en clave que completan el grupo de 56 ya habían sido revelados por El Informe con Alicia Ortega en junio de 2019, cuando presentó la investigación de la División de Sobornos en conjunto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelando pagos por más de 39.5 millones de dólares vinculados a Punta Catalina de las cuentas que Odebrecht dijo utilizaba para pagar sobornos, entre otros desembolsos.

Los documentos vinculados a nuestro país abarcan el año 2006, y fueron obtenidos en exclusiva por la periodista Alicia Ortega a través de Convoca.pe, que lidera la red Investiga Lava Jato, de la cual Ortega es miembro.

Los registros enviados a Perú por la Procuraduría Federal de Brasil surgen luego de que en 2018, el fiscal peruano José Domingo Pérez le solicitó hacer búsquedas en los servidores encriptados de la constructora para los años 2010 y 2011, cuando se dieron los pagos a la campaña del ex presidente Fujimori, según Odebrecht.

Pérez pidió buscar palabras claves relacionadas a campañas electorales. Es en este contexto es que Brasil envía los documentos, sin que necesariamente tengan relación con el caso que estaba investigando Pérez en ese momento, dijo a Convoca.pe el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Perú.

Los nuevos datos detallan cómo estaba organizado el sistema de pagos con el nombre de cada proyecto, la descripción del concepto de pago, el beneficiario final con su nombre secreto, la cantidad de dinero solicitada y lo pagado con sus respectivas fechas.

Entre los 65 pagos ejecutados para República Dominicana, aparecen tres con tres codinomes distintos, bajo el código “0002- DS- MC”, asociados a aportes de campaña y ordenados por Marcos Vasconcelos Cruz, quien en el 2006 era un alto ejecutivo de Odebrecht y al año siguiente se convirtió en el director superintendente de la constructora en el país.

Dichos pagos fueron realizados entre el 27 de julio y el 21 de agosto del señalado año, dos meses después de las elecciones congresuales del 16 de mayo. Los codinomes vinculados a estos desembolsos de US$50,000 y dos de US$100,000 son “Pato Rouco”, “ID” y “Bocal”, este último en español se traduce como “boquilla”.

También aparecen bajo el renglón de obras, tres códigos denominados CCCC- CAMPANHA DS- MC, que aunque no reflejan pagos en 2006, si revelan otros tres seudónimos, “Atual” que significa actual, “Direito” o derecha y “Passado”, que recibieron aportes de campañas políticas con dinero de la caja dos de Odebrecht en algún momento.

La obra con más pagos ilícitos ascendentes a US$2,663,000, según los documentos, está solamente denominada como “Acueducto” y “Acueducto 2 Etapa Local” que pueden ser el de Hermanas Mirabal o el de la Línea Noroeste, ambos con adendas, ya que el de Samaná aparece con otros pagos.

13 de los 14 desembolsos relacionados a “Acueducto” se realizaron antes de las elecciones congresuales entre el 11 de enero y el 23 de marzo de 2006. Sólo un pago por US$85,000 se registró el 31 de mayo después del torneo electoral.

Los beneficiados cuentan con los apodos “Grupo SJM” con US$185,000 entre dos pagos, “Tractor” con US$764,000 divididos en cuatro desembolsos, “Alto” y “Baixo” que significa bajo” recibieron US$282,000 cada uno, mientras que “CP” fue el más premiado con dos pagos que ascendieron a US$1,150,000. Estos últimos cuatro apodos fueron revelados por El Informe en 2019.

Con respecto al Acueducto de Samaná figuran dos pagos que ascienden a US$625,000 también para “Alto” y “Baixo”.

La Hidroeléctrica de Palomino, cuenta con 6 desembolsos valorados en US$1,750,000 entre el 13 de marzo y 28 de noviembre de 2006. Tres de estos pagos se realizaron antes de las elecciones entre el 13 de marzo y el 10 de mayo, por montos de US$15,000, US$20,000 y US$40,000 con los nombres en clave “Tigres”, CP” y “Delicado” respectivamente.

La tajada más grande del pastel de Palomino se la llevó “CP” que figura bajo el programa “Verbo Local” que significa dinero local, con un pago de US$1,500,000 el 31 de mayo. Un segundo pago a “CP” fue de US$20,000. Los otros dos montos por US$25,000 y US$150,000 son para “Tigres” y uno nuevo nombre en clave, “Veio”, que significa el vino, estos fueron entregados el 20 de junio y el último el 28 de noviembre de ese año.

Para el Proyecto de Pinalito, por lo menos la primera etapa, los documentos revelan un pago de US$50,000 a “Sammy S”. Sin embargo, para esta obra aparecen vinculados otros 20 apodos: “Sammy Souza”, “Sina L”, “Soneca”, “Tigres” “Veia”, que significa vena, “Aceite”, “Atrasado”, “Barbie”, “Boca Mole” que traducido al español significa boca suave, “Boticario”, “Cachimbo”, “Carpintero”, “Chalaca”, “Fraco” o débil, “Mukifo”, “Novo”, que se traduce en nuevo, “Pervertido”, “Quixote”, “Rico” y “Sammy Davies Jr.”

Catorce pagos de US$15,000 a US$300,000 están vinculados a Pinalito 2, ascendiendo el monto global a US$1,128,000. Los nombres en clave incluyen tres nuevos: “Tigres 2” con dos desembolsos, “S.S. Equipe 2” y “Sammy S Equipe”, también con dos pagos. Otros codinomes ya mencionados como “CP”’, “Novo”, “Sammy Davies Jr”, “Tigres” y “Boticario” también recibieron dinero por esta obra.

Cinco seudónimos llaman la atención: “Segunda Dama”, “Loira”, “Pato Rouco”, “Salario L” y “Bocal” por contar con pagos con el código de “0002-DS- MC” que serían ordenados por Vasconcelos Cruz. “Segunda Dama” se alzó con US$960,000; “Salario L” con US$692,386; “Bocal” con US$500,000; “Loira” con US$495,000 y “Pato Rouco” con US$200,000, entre enero y octubre.

En las últimas 24 horas fueron reportados seis muertes por coronavirus y 823 nuevos casos, con lo que ascienden a 4,106 las personas fallecidas en República Dominicana y a 375,545 el acumulado de contagios desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con el boletín epidemiológico emitido este sábado por el Ministerio de Salud Pública, ayer se procesaron 5,063 pruebas para detectar el virus, así como 2,693 muestras de seguimiento a pacientes ya contagiados.

Del total de casos de coronavirus, 6,290 permanecen activos, mientras que 365,141 corresponden a personas recuperadas. La letalidad se ubica en 1.09 %.

Hasta la fecha se han realizado 2,172,916 pruebas que han descartado 1,797,371 casos.

Sobre las hospitalizaciones, las autoridades sanitarias notificaron que, 673 personas permanecen ingresadas en condiciones estables, 236 en las unidades de cuidados intensivo y 156 conectadas a un ventilador.

El informe señala, también, que 38,050 menores de 20 años se han infectado con el COVID-19 desde inicio de la pandemia.

Un hombre le quitó la vida a su expareja y luego se suicidó en el residencial Ciudad Real II del Distrito Nacional.

De acuerdo con testigos del hecho, el victimario utilizó una pistola con la que persiguió por varios metros a su expareja, identificada como Milly Taveras, que decidió entrar en uno de los edificios de los vecinos, pero fue alcanzada al subir el segundo nivel.

Hasta el momento, el feminicida solo ha sido identificado como Joselo, un miembro activo de la Policía Nacional.

Ambos cadáveres permanecieron tirados en los escalones del edificio hasta que llegaron  los miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a levantarlos.

Taveras deja cuatro hijos en la orfandad. Uno de ellos, que estaba en la escena, permanece en estado de shock.

El Gabinete Eléctrico informó que trabaja para iniciar la implementación del desmonte escalonado del subsidio al sector eléctrico contemplado en el Pacto Eléctrico, firmado en febrero, por consenso entre representantes del empresariado, la sociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno.

La entidad indicó que la firma y puesta en marcha del Pacto Eléctrico marca un hito para la República Dominicana, pues permitirá establecer un sistema de electricidad confiable, eficiente, transparente y sostenible, conforme con lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y acordado de manera democrática por representantes de los distintos sectores que conforman las fuerzas vivas de la nación.

El Gabinete recordó que el despliegue de un sistema eléctrico optimizado acorde con el desarrollo del país ha sido una demanda permanente de todos los sectores de la vida nacional a través de la historia, pero que la falta de recursos ha impedido al Estado alcanzar de manera plena ese objetivo.

Según datos oficiales, las recaudaciones de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) no han sido suficientes para operar de manera óptima, por lo que tan solo en los últimos 10 años el Gobierno ha tenido que destinar sumas millonarias para cubrir el pago de los generadores, el incremento del precio de los combustibles y la persistencia de altas pérdidas de energía de las distribuidoras.