Por Balbiery Rosario

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, activó este viernes por segunda vez, la operación Gavión, con la que se ordenó el reforzamiento de la seguridad en la frontera terrestre, aérea y marítima, según informó una fuente militar.

En consecuencia, la frontera y el patrullaje fueron reforzados con unidades élites en puntos estratégicos, y se desplegaron equipos de todas las ramas militares y tropas de unidades tácticas especializadas.

Esta misma operación fue aplicada el 7 de julio pasado, cuando Abinader convocó de urgencia al alto mando militar y a los funcionarios civiles miembros del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional a una reunión en el Ministerio de Defensa (MIDE).

La operación Gavión estableció que sólo se permitirá viajar hacia el territorio nacional por el aeropuerto Joaquín Balaguer en el Higüero, a ciudadanos dominicanos y personal diplomático dominicano o extranjero de servicio en Haití.

De igual modo, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso los viajes desde aeropuertos de la República Dominicana hacia la República de Haití, se cerró el tránsito vehicular y de personas y se suspendieron los mercados binacionales.

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Julio Florián Pérez, tiene la responsabilidad de la supervisión de todas las medidas.

Por Wander Santana

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos asegura tener más de 300 evidencias que pretende presentar este viernes ante la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal para lograr 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados en la Operación Larva.

Sin embargo, algunos abogados del proceso han adelantado que la jurisdicción de San Cristóbal no es la competente para conocer el caso, debido a que la mayoría de los decomisos y supuestas operaciones de la red de lavado se ejecutaron en el Distrito Nacional.

Mientras que la titular interina de la Procuraduría Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera, recordó que la Operación Larva se ejecutó como continuación del caso Corona, por el que se encuentran 16 personas guardando prisión, que fueron judicializadas por el Ministerio Público y a quienes ya se les presentó acto conclusivo en San Cristóbal.

La audiencia se conocerá este viernes a partir de la 9:00 de la mañana, luego de que el pasado fin de semana fue aplazada la primera de las vistas para darle oportunidad a la defensa técnica de los imputados de preparar sus medios de defensa.

Los encartados son Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

Entre las empresas ubicadas en diferentes zonas del país y que supuestamente eran utilizadas para lavar activos figuran Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A. Upper Promoción S.R.L. J&H Administración y Servicios S.R.L. H & S inmobiliaria, S.R.L. Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L. Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L. Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L. Spataro Italian Foodmarker S.R.L. Nayali Moda Italiana S.R.L. Grupo Arconsa S.R.L. Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera Gdnipi, S.R.L.

Por Balbiery Rosario

La alta dirigencia de los partidos políticos y los representantes de los sectores empresarial y laboral se incorporaron a la discusión de soluciones para resguardar a la República Dominicana ante las eventualidades de la crisis que se vive en Haití.

El presidente Luis Abinader los convocó a una reunión en el Palacio Nacional para explicarles las medidas que el Consejo Nacional de Migración ha venido tomando. Al concluir el evento, se acordó que ellos presenten a partir del próximo lunes en la tarde sus propuestas sobre acciones adicionales que entiendan pertinentes, especialmente para que la comunidad internacional ponga la atención necesaria.

Abinader explicó en una rueda de prensa que se trató de una reunión de consulta y de informe del Gobierno para comentarle al liderazgo empresarial y político sobre la situación de Haití.

La mayoría de los dirigentes políticos presentes respaldaron las disposiciones puestas en marcha hasta ahora, pero algunos plantearon condiciones para prestar su apoyo. Uno de ellos fue el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, quien aconsejó “nacionalismo pero sin extremismo”.

Mariotti dijo que el próximo lunes el Comité Político de esa organización presentará su opinión definitiva al respecto. El exsenador se excusó para abandonar la reunión antes de terminar.

Por su lado, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, advirtió que la República Dominicana no debe pedir intervención extranjera en Haití ni prestarse a ser usada como puente para ello.

Quique Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, respaldó las restricciones establecidas por el Consejo Nacional de Migración, especialmente la de limitar el acceso de los hospitales públicos a inmigrantes haitianos.

El Poder Ejecutivo promulgó  la ley 338-21, que modifica el artículo 129 y los párrafos I, II y III de artículo 131 de la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, el cual incrementa el precio de venta de las viviendas de bajo costo de RD$3.5 millones a RD$4.5 millones.

El objetivo de la ley es aumentar el valor de referencia de las viviendas de bajo costo y eximir del pago del impuesto de transferencia inmobiliaria a aquellos adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos.

El artículo 129 de la nueva ley señala que los proyectos de viviendas de bajo costo son proyectos habitacionales con participación de los sectores público o privado, cuyas unidades tendrán precio de venta igual o inferior a RD$4.5 millones.

La pieza señala que los proyectos de bajo costo podrán beneficiarse del desarrollo y aplicación de los instrumentos legales, financieros y fiscales previstos en la presente ley, a fin de incrementar los recursos disponibles para su financiamiento o infraestructura.

Cuando se trate de la primera vivienda las personas recibirán un bono equivalente al valor correspondiente del cálculo sobre la base del costo estándar de materiales y servicios sujetos al impuesto de transferencia de bienes industrializados (Itbis), pagado durante el proceso de construcción de la vivienda.

Además, según indica el párrafo tercero, los adquirientes de la primera vivienda a través de sus fideicomisos de la vivienda de bajo costo debidamente acreditados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) quedarán exentos del pago de transferencia para el traspaso de bienes e inmuebles.