El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó este martes que profundizará la investigación sobre la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, para identificar cuáles son las faltas que le puedan ser comprobables.
Pimentel dijo que los resultados de las averiguaciones en torno a los presuntos ilícitos cometidos por Taveras serán los que “puedan establecer las posibles consecuencias”.
En el día de ayer la entidad suspendió a la ministra del Registro de Proveedores del Estado (RPE) en el cual figuraba con dos empresas. Una de corte personal (a su nombre) y otra jurídica con en el Colegio Dominico Chino CDC, SRL, donde figura como gerente administrativa, además y posee el 75 por ciento de sus acciones.
Pimentel anunció que habló con Milagro Ortiz Bosch para que las indagaciones sobre Taveras se lleven en conjunto con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
“Debemos profundizar en la investigación para identificar cuáles son las faltas que puedan ser comprobables sobre las cuales podamos evidenciar pruebas. Será una investigación conjunta con otro ente del Estado, como es Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y ya ayer hablábamos con la doctora Milagros Ortiz Bosch de la necesidad de llevar una investigación conjunta”, manifestó.
La decisión de investigar a la ministra fue tomada luego de la divulgación de una entrevista concedida por Taveras al programa “Nuria, investigación periodística”, que abrió una investigación de oficio, según los artículos 71 y72 de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.
De acuerdo con el artículo 14 de la referida ley, se prohíbe a los servidores públicos ofertar o contratar con el Estado, por lo cual el funcionario declaró que tendrán un mayor control del Registro de Proveedores.
Ante esto Pimentel aclaró que si un funcionario posee más del 10 por ciento de las acciones de una empresa no puede ser proveedor del Estado, pero si el monto accionario es inferior a dicho 10 por ciento la empresa puede aplicar para ser proveedora si no es para la entidad en la cual trabaja el servidor público.