Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.
En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada. El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.