Apoderan al TSA de otro recurso para anular obligatoriedad de presentar tarjeta

POR WANDER SANTANA

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado este martes de un nuevo recurso que procura la nulidad de la resolución número 000048, a través de la cual el Ministerio de Salud Pública dispone que los ciudadanos deben presentar una tarjeta que consigne que se ha aplicado dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para entrar a lugares públicos.

El nuevo recurso fue depositado por el Partido Generación de Servidores (Gens), por considerar que esta ordenanza limita los derechos constitucionales de los dominicanos. Solicitaron, además que de forma cautelar la resolución sea suspendida su aplicación.

La documentación fue depositada por el pastor Carlos Peña, presidente del Gens. Al ser preguntado por la prensa, este declaró que decidieron acudir a los tribunales de la República debido a que la resolución del Ministerio de Salud carece de legitimidad.

Hizo la salvedad de que su accionar “no es una lucha entre pro-vacunas y anti-vacunas”, sino una “lucha por la libertad que tanto nos ha costado”.

Carlos Peña llamó a la población dominicana a no permitir que les eliminen o reduzcan sus libertades, alcanzadas sobre la base del derramamiento de mucha sangre por parte de los padres fundadores de la Patria, al tiempo que solicitó al Gobierno ser más eficiente en la administración pública, aplicando medidas que convenzan a los ciudadanos de vacunarse, pero no por la vía de la obligatoriedad y la arbitrariedad.

El expediente presentado ante el TSA establece que la resolución violenta libertades y derechos fundamentales como la integridad física, la libertad de empresa, libertad de tránsito, libertad de trabajo, derecho a la educación, derechos del consumidor, el derecho a la igualdad, entre otros.

Además establece que traspasa el campo de acción del Ministerio de Salud y pasa a sectores distintos, como lo son el transporte, el comercio, la educación y la empresa privada, “con lo que evidentemente desborda sus límites establecidos legalmente y quebranta el orden de libertad individual de los ciudadanos”.