Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijaron para el miércoles 12 de junio, a las once de la mañana, el conocimiento de la solicitud de extradición para el ciudadano ruso identificado por las autoridades dominicanas como Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, quien es señalado como el líder de una organización delictiva que actuó en 35 países y cometió estafa por más de 645 millones de euros a través de inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.
Los magistrados también acogieron la solicitud del Ministerio Público de imponer medida de coerción al extranjero en la cárcel de Najayo, hasta tanto se conozca el fondo del caso en junio.
Sergei Berezin y/o Paul Bergholts era perseguido por las autoridades europeas, fue apresado en abril en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia La Altagracia, detalló el Ministerio Público de República Dominicana, luego de que la Policía española diera a conocer el arresto.
Las autoridades dominicanas informaron que, atendiendo a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, realizada por las autoridades judiciales de España, se ha brindado apoyo a una investigación liderada por de ese país, con la colaboración de Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino Unido.
Los demás acusados de pertenecer a la organización criminal han sido arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia.
Estafa piramidal
El modelo de negocio de la red consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.
Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año, según la especie de cannabis.
Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).
Sin embargo, agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.