Diputados de diversos partidos favorecieron que se investigue la supuesta implicación en la denominada Operación Calamar del diputado perremeísta Sergio Moya “Goris” y de cualquier otra persona que podría estar involucrada sin importar quién sea, siempre que se agote el debido proceso.
Así lo consideraron, por separado, Juan Julio Campos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Ramón Ceballos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo y Rogelio Alfonso Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
El peledeísta Campos dijo que el Ministerio Público debe hacer su papel y que el PLD defiende que se respete el debido proceso y el principio constitucional de la presunción de inocencia con todos los imputados. “Si hay un legislador o cualquier persona implicada en cualquier hecho que se le impute, debe de respetarse el debido proceso, hacerse los procedimientos que establece la ley y el Ministerio Público hacer su trabajo, pero para todos, no solo para los peledeístas”, expresó.
Mientras el diputado perremeísta Ramón Ceballos dijo que la justicia no debe tener “cara” y que el propio presidente Luis Abinader ha reiterado en varias ocasiones desde que quien “la hizo la paga”. Pero expresó “lo único que yo exijo es que se apruebe el debido proceso, pero más de ahí no podemos decirle a nadie”.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, abogó por que se respete el debido proceso y recordó que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
De acuerdo con el expediente de Operación Calamar, testigos del Ministerio Público señalan a Moya como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, deportivas y de juegos de Azar utilizado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, para la que se valió de una estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio -Mimilo- Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo. Agregan que los negocios que extorsionaban operaban de forma ilegal, y por la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley, como colmados.