Donald Guerrero, exministro de Hacienda (2016-2020) y uno de los detenidos bajo la Operación Calamar la madrugada de este domingo, es dueño de cuatro dealers de autos en Puerto Rico, según informó un medio independiente de la isla, que también señala una denuncia sobre un esquema de blanqueo de efectivo y corrupción entre las dos islas.
«Se confirma la investigación que ininterrumpidamente venimos realizando En Blanco y Negro con Sandra desde febrero del 2021 sobre el esquema de lavado de dinero y corrupción que vincula a los dos países», indicó la periodista independiente Sandra Rodríguez Cotto, tras informar del arresto de Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, este último quien se desempeñó como ministro de Obras Públicas antes de lanzarse como candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2019.
Según la investigación de la periodista, la corrupción en República Dominicana salpicó a Puerto Rico, ya que la mayor parte del «capital que robaban del pueblo dominicano, era lavado en Puerto Rico en negocios legales».
De acuerdo con el medio boricua, Guerrero es propietario de los dealers Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler Autocentro Nissan y Autogermana, siendo este último la razón de una demanda por fraude presentada contra el exfuncionario por su socio.
En marzo de 2021, Guerrero fue demandado por 21.8 millones de dólares en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por fraude y por apropiarse de manera ilegal de dicho dealer. La demanda fue presentada por el empresario Eduardo Pellerano Nadal, fundador del negocio de importación y venta de vehículos de lujo BMW y Mini Cooper.
«Desde el 2021 venimos denunciando que la prensa local no cubría esta escandalosa noticia que sacudía las entrañas del poder político y económico en la República Dominicana y tocaban directamente a Puerto Rico, debido al temor de perder anuncios de la industria automotriz», resalta la periodista.
El caso también tuvo demandas en República Dominicana. En noviembre de 2022 el empresario sometió ante las procuradurías especializadas Antilavado de Activos y de Persecución de la Corrupción Administrativa, una denuncia contra Guerrero por el supuesto falseamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio, tras su salida del Gobierno en 2020.