SANTIAGO.- El juez José Rafael D’ Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, validó y acogió la solicitud de la Fiscalía de Santiago e impuso la prisión preventiva en contra de los cabecillas de la estructura del microtráfico que operaba en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), y a la que, en medio de una operación interagencial, este órgano persecutor impactó y le incautó drogas, dinero en efectivo, chalecos antibalas, armas y municiones.
El tribunal que, además, declaró el proceso de tramitación compleja, ponderó de la investigación, el hecho de que define los roles que jugaban cada uno de los imputados en la estructura del microtráfico.
La prisión preventiva se ordenó contra siete de los nueve imputados, en tanto que a dos de ellos les fueron impuestas garantías económicas, con impedimento a salir del país y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante el órgano investigador.
En contra de Ricardo Diloné Sosa (el Amarillo) y de su esposa y socia en la organización, Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madelin), a quienes se le imputa dirigir la estructura en calidad de patrocinadores, el tribunal le impuso la prisión preventiva durante 12 meses.
También, fueron enviados a prisión preventiva los tres miembros de la Policía Nacional, Starlin Álvarez Álvarez, Jerison Morel Arias y Robinson Contreras Sisnero. Estos cumplirán la medida durante seis meses en el Complejo Correccional de Batey Bienvenido de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.
Igualmente, contra Willi Manuel Rivas (Willi) y Arístides de Jesús Castillo Fernández se ordenó la privación de libertad durante tres meses.
Entre tanto, el juzgador impuso tres tipos de medidas contra Anthony Morel Rodríguez y Antonio Morel Peralta (Ramón), a quienes impuso la presentación de una garantía económica por un monto de $20,000 mil pesos en efectivo, prohibición a salir del país y presentarse el último viernes de cada mes ante el órgano acusador.
En su motivación de la medida, el juzgador se expresó respecto de la vinculación de los miembros de la Policía Nacional a este grupo criminal, al establecer que están llamados a proteger a la sociedad y no a brindar protección a quienes están implicados en este tipo de acciones que ellos están llamados a combatir.
En la lectura de la medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Quirsa Abreu Rodríguez, Juan Elías Pérez y Yeny Liranzo.