Por Rosmerys De León
La denuncia fue depositada por el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, ante la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que la solicitud de investigación criminal es por “omisión deliberada” en cuanto al cumplimiento de las normas de publicidad, transparencia, formalidades y solemnidades dispuestas para el manejo de los fondos públicos.
Indicó que el Ministerio Público tan pronto se dieron públicas las irregularidades debió actuar, ya que, desde septiembre, suplidores del almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida denunciaron que cientos de ellos fueron excluidos del programa de alimentación escolar, en tanto que a otros se les disminuyó la cantidad de raciones para la cual ya tenían una capacidad instalada en sus empresas.
De la Rosa Tiburcio aseguró que el proceso de licitación que involucró unos 12 mil millones de pesos, estuvo plagado de irregularidades, provocando el reclamo de grupos de suplidores del almuerzo escolar, viéndose algunos obligados a elevar impugnaciones ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), por el “cúmulo de errores, incumplimientos y violaciones encadenados que se están cometiendo no obstante haber sido advertidas de manera anticipada en una consulta escrita y un recurso de impugnación, en los meses de abril y junio del presente año 2021”.
Afirmó que una de las “modalidades empleadas por el exdirector ejecutivo del Inabie consistía en adjudicarle a suplidores de Monción (Santiago Rodríguez) para que suministraran las raciones en escuelas de Elías Piña y hay casos que son de Valverde y le dieron raciones en Samaná”.
“Esto en franca violación del acápite que establece en el pliego de condiciones específicas, el criterio de ubicación, para el suministro de raciones alimenticias y su distribución a los centros educativos del Inabie, que dispone ´los centros educativos se adjudicarán aplicando el criterio de ubicación establecido en el presente pliego, es decir no podrá adjudicarse a ningún oferente centros educativos que impliquen desplazamientos superiores a 45 minutos desde la unidad productiva (cocina)”, agregó.
“Eso con el propósito de excluirlos para favorecer a otros, sin las condiciones técnicas y de logística, en unos casos y en otros para forzar a que los que ya tenían la infraestructura, tuvieran que entregarle una ración, provocando un desasosiego a los suplidores que hicieron grandes inversiones, tomando préstamos y compromisos con Impuestos Internos y la Seguridad Social y lo más lamentable, poniendo en riesgo a los estudiantes que reciben los alimentos, por los que el Estado, invierte miles de millones de pesos, proveniente del 4% del PIB, para la educación, por lo que tanto luchamos”, manifestó De la Rosa Tiburcio.