SANTIAGO.-El Ministerio Público de esta ciudad presentará en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra un grupo de personas detenidas y que según las autoridades judiciales y policiales, integraban una red o banda que falsificaba todo tipo de documentos tanto públicos como privados.
Osvaldo Bonilla, procurador fiscal titular declaró a este diario que las investigaciones de la operación “Colibrí” marchan a buen ritmo y que para las próximas horas se estará solicitando prisión preventiva como medida de coerción contra los que queden detenidos.
“Hemos ido depurando y actualmente tenemos unas 12 personas que serán presentadas ante un juez de la Oficina de Atención Permanente de los servicios judiciales para fines de prisión preventiva”, subrayó el magistrado Bonilla.
Ayer, mediante más de una docena de allanamientos en residencias y oficinas de abogados, fueron apresadas unas 18 personas, entre ellas dos empleados de la Junta Central Electoral (JCE), de quienes no se informó sus rangos en la entidad de servicios públicos o ciudadanos.
La red se dedicaba a falsificar cédulas de identidad personal, licencias para conducir vehículos, licencias para porte y tenencia de armas de fuego, así como actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.
Por igual, falsificaban títulos universitarios y títulos inmobiliarios de ventas de casas, apartamentos y tierras.
Osvaldo Bonilla informó que contra los detenidos pesa la acusación de falsedad de documentos, para la suplantación de identidades, falsificación de cédulas, actas de nacimientos, defunción y títulos universitarios.
El Ministerio Público informó que desde hace varios meses se venía realizando la investigación sobre la banda en cuestión.
Además de varias oficinas de abogados ubicadas en diferentes calles céntricas de aquí, los allanamientos abarcaron residencias ubicadas en los sectores de Pueblo Nuevo, El Congo, la Otra Banda, Cerros de Gurabo y los municipios de Villa González, Navarrete y Tamboril.
Los detenidos podrían enfrentar cargos por los delitos de suplantación de identidad.
Algunos abogados calificaron los operativos como atropellos contra esa clase profesional liberal.