De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, los implicados en el caso Calamar operaban en una supuesta organización criminal donde utilizaron instituciones gubernamentales como espacios operativos creados con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado dominicano.
“El órgano precisó que el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, en el ejercicio como máxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas y/o autónomas del Estado dominicano, se coalicionó con funcionarios públicos de alto mando, como los imputados José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, ex ministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de cometer actos de corrupción para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los fondos públicos bajo su administración, mediante la realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el Ministerio de Hacienda”, cita el documento.
Otra de las característica del supuesto entramado fue identificar los bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogara fondos “en base a maniobras fraudulentas”, fondos que según el MP no retornaron al Estado y se traducen en beneficios económicos para los exfuncionarios.
Asimismo, los involucrados supuestamente falsificaron documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir a los herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
”Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes y obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago”. Explica
El órgano judicial, precisó, también que los involucrados utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos fruto del desfalco al Estado dominicano.
“Utilizaron de forma habitual la misma oficina de abogados para la firma de las cesiones de crédito, la cual, tanto como persona jurídica como por intermediación de sus principales asociados y empleados, resultó ser acreedoras de múltiples cesiones de créditos fraudulentas, a través de las cuales se agenciaron de sumas millonarias del erario que no se corresponde con los honorarios legales pactados”, dice.