El subdirector general de la Policía Nacional, general de brigada Neivi Luis Pérez Sánchez, amenazó, incluso con matar a sus familiares, a una menor de edad para que supuestamente participara en un plan para desmeritar al general José Alejandro Acosta Castellanos.
Esta afirmación la hace la madre de la adolecente de 17 años y su abogado mediante la querella que interpuso contra Pérez Sánchez, donde además asegura que el alto oficial “coaccionó e infringió con su accionar delictivo y temerario daños y heridas psicológicas” a la menor de edad.
Dentro de estos daños, detalla la querella, está que Pérez Sánchez le suministraba medicamentos tranquilizantes de manera obligatoria “ya que era muy imperativa y podría echar a perder el plan”.
A principios de este mes, a Acosta Castellanos, exdirector Regional Cibao Central de la Policía Nacional, y al coronel Ángel Antonio Bautista Piña les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva, por estar imputados de abusar sexualmente a la misma adolescente.
Ahora, la madre de la víctima interpuso una querella en contra de Pérez Sánchez, el teniente coronel García Montero, el abogado Pedro Almonte y otro jurista solo identificado como Valerio, quienes alegadamente conformaron un asociación de malhechores para planificar el plan de descredito, y las acciones delictivitas que “pusieron en peligro la moral e integridad de la menor”.
Relata la querella, depositada el pasado lunes ante la Procuraduría Fiscal de Violencia de Género del Distrito Nacional, que en una ocasión el subdirector general de la Policía contactó a la menor por intermedio del abogado Almonte donde le manifestaron el interés de que participara en el plan.
Además, que en otro momento la obligaron a entrar a un vehículo y que le dijeron “de manera violenta y portando un arma que esta debería de realizar una serie de actividades para que se diera a conocer una supuesta relación inexistente entre el general Acosta Castellanos y ella, con la finalidad de orquestar el plan”.
Explica el documento que los daños psicológicos causados por Pérez Sánchez hacen que la menor no pueda concebir el sueño y sufra de delirio de persecución.
Mediante la querella la madre de la menor y el abogado se constituyeron en actor civil a los fines de reclamar que los demandados sean condenados al pago de 5 millones de pesos como reparación de los daños morales y materiales causados.
El pasado martes la Policía informó que “no fijará posición” sobre el caso por el momento.
POR ROSMERYS DE LEON