Por Rosmerys De León
La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, reenvió este miércoles la vista a los fines de que se le notifique a los abogados de los imputados las pruebas que tiene el Ministerio Publico en su contra.
Al respecto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que entregaron todas las evidencias y que las mismas fueron notificados a la defensa.
«El Ministerio Público entregó todas las evidencias con que cuenta el tribunal y el tribunal les entregó esas evidencias a cada una de las defensas, algunas en físico otra de manera digital, lo que ellos han pretendido es que el tribunal les imprima algunas piezas en físico y el tribunal ha decidido hacer eso, pero el Ministerio Público desde que depositó su medida de coerción entregó al tribunal todas las evidencias», afirmó el procurador adjunto al salir de la sala de audiencias.
Contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), la líder religiosa, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el Ministerio Público solicitó que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
El Ministerio Público, además, pide que se declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos.
Al grupo, apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).