POR SANDRA GUZMAN
Dentro de las operaciones ilícitas que realizaban los miembros de la presunta red desmantelada por las autoridades durante la Operación Falcón está el lavado de dinero a través de estaciones de combustibles, a las cuales les pagaban ventas futuras de carburantes por sumas millonarias en dólares, de acuerdo al Ministerio Público.
El órgano acusador del Estado presentó 350 pruebas que, alegadamente, demuestran el lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades reñidas con la ley en que afirmó incurrieron los imputados en la supuesta red, para los cuales pide 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
Conforme a la acusación del Ministerio Público, varios de los encartados de formar parte de la alegada red “figuran como administradores de estas estaciones” y otros negocios del señalado como cabeza del grupo criminal.
La acción se realizaba “como forma de lavar dinero producto del narcotráfico”, dice el órgano acusador.
El Ministerio Público aseguró también que “compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares”. No identificó a ninguna.
“El entramado criminal, que se sostenía con dinero producto del narcotráfico, se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba”, acotó en una nota de prensa que reseña parte de los supuestos ilícitos cometidos en la solicitud de medida de coerción.
Aunque su lugar de operación era Santiago, Miches fue uno de los municipios en los que tenían estaciones de combustibles. Esa demarcación de la provincia El Seibo fue definida por el órgano acusador como un punto “neurálgico” para la operatividad de la presunta red de lavadores de dinero producto del narcotráfico.