POR WANDER SANTANA
El Ministerio Público reafirmó que a lo largo de todo el juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht ha quedado demostrado, con base en las pruebas presentadas, que los imputados en el proceso incurrieron en cohecho a nombre de la constructora brasileña a fin de gestionarle adjudicaciones de obras públicas.
En sus argumentaciones finales, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijeron que el imputado Ángel Rondón Rijo actuó como intermediario para el pago de los sobornos y que junto con éste, también participó como intermediario el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Argumentaron que los fondos entregados por Odebrecht a Pittaluga tenían como beneficiario final al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Durante las argumentaciones, los integrantes de la Pepca mencionaron que parte de la teoría del caso en contra de esos acusados quedó demostrado con las declaraciones del testigo clave Mauricio Dantas Bezerra, además del acuerdo reformulado y firmado por Odebrecht con la Procuraduría General de la República en 2017.
Según el Ministerio Público, se probó que Rondón construyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito. La fiscal Mirna Ortiz planteó que para el lavado de activos, Rondón realizaba transferencias de fondos desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa.
Destacó que en las pruebas correspondientes a los informes financieros aportados por el Ministerio Público, se evidencian las transacciones realizadas desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las cuentas de compañías de Rondón.