El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, designó al magistrado Justiniano Montero Montero como juez de la instrucción especial para conocer los casos seguidos en jurisdicción privilegiada a cuatro diputados, a quienes el Ministerio Público (MP) les imputa la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Mediante los autos números 57/2023 y 58/2023, ambos de fecha 29 de diciembre de 2023, Molina dispuso que Montero Montero conozca los procesos que implica a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera y Sergio Moya de la Cruz (Gory).
Esos procesos en jurisdicción privilegiada habían sido asignados al juez Napoleón Estévez Lavandier, quien el pasado mes de diciembre fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como juez presidente del Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público acusa a los legisladores Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. 
Mientras que sobre el diputado del Distrito Nacional, Sergio Moya pesan las imputaciones preliminares de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos. Este legislador se señala en el caso Calamar.
El juez de instrucción es el que debe autorizar procedimientos que la ley exige su anuencia para la ejecución de la investigación que hace el MP, como es la interceptación de llamadas, allanamientos, etc. El órgano persecutor no los ha sometido a la justicia, solo los investiga.