La Procuraduría General de la República anunció este lunes que asumió la investigación de varios expedientes de presunta corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito.
Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señaló que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional a la jurisdicción del Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. Explicó que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.
Los expedientes incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además, el caso de alegada corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) que involucra a Manuel Rivas y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
El procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11, del 7 de junio de 2011), la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al Procurador General de la República la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”.
“Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado”, dice el auto.
Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan. En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley”.