La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados en Extinción de Dominio (Incabide), bienes e inmuebles decomisados en procesos de corrupción por un valor que asciende a 3,242,886,258 pesos y 1,417,600 dólares.
La entrega se produce a un año de la promulgación de la Ley 60-23 sobre la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los juicios de Extinción de Dominio.
Los bienes entregados
La magistrada Germán Brito traspasó la custodia y administración al Incabide de 58 apartamentos; 18 casas; un edificio; 10 fincas; un hotel; seis inmuebles; 26 locales comerciales; 19 solares; cuatro terrenos; una villa; cuatro aeronaves y 238 vehículos, entre los que se incluyen automóviles de marcas como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz.
También fueron decomisados y entregados 8,266,910 pesos en joyas.
Los bienes e inmuebles entregados fueron detallados durante el acto por la procuradora de corte Damia Veloz, directora de Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público.
En el acto formal de entrega estuvieron presentes la Procuradora general; el Ministro de Hacienda y presidente del Consejo del Incabide, José ManVicente; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; y el director del Incabie, Manuel Oviedo Estrada.
Germán Brito enfatizó que al dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley 60-23 y traspasar los bienes e inmuebles al organismo encargado de administrarlos, se afianza aún más la intención de su gestión de romper esquemas no favorables y accionar bajo una nueva cultura de transparencia, eficacia y eficiencia en las acciones del Ministerio Público.
«Para mí significa una satisfacción especial saber que algo que ha sido producto de un crimen, vaya a parar a algo como una redención para los marginados, como una cancha en un barrio, disponer de una casa comunitaria, eso tiene un valor extraordinario», dijo Brito.
Añadió que la entrega de estos bienes es una demostración tangible del compromiso del Ministerio Público con la persecución efectiva y la política de que no es suficiente lograr sanciones cuando se acredita la culpabilidad, sino, que hay que decomisar el producto de las acciones criminales, es decir, los activos.