El movimiento cívico Participación Ciudadana respaldó este miércoles el accionar del Ministerio Público en el sometimiento de la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada bajo la Operación Calamar, y pidió a los jueces y fiscales no dejarse presionar o chantajear por el poder político o económico de los imputados.
El coordinador de la organización, Josep Abreu, dijo que investigar, perseguir y someter a la justicia a quienes cometan algún delito son funciones que la Constitución de la República, asignada a la Procuraduría General y que en este y otros casos que se han venido instrumentando desde el 2020 ha cumplido ese cometido con esfuerzo, inteligencia y coraje.
«Hemos celebrado las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020. En el denominado caso Operación Calamar que en estos días se comienza a ventilar, haremos lo mismo que en los anteriores», dijo Abreu, al encabezar una rueda de prensa junto al Consejo Nacional de la entidad.
No obstante, pidió al sistema judicial seguir el debido proceso y actuar correctamente sin aceptar chantajes ni presiones y sin observar banderas políticas y el poder o el dinero de algunos de los grupos o personas que están siendo vinculadas.
Participación Ciudadana también rechazó las manifestaciones realizadas por miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras las detenciones por Operación Calamar y lo exhortó a que exprese cualquier inconformidad con el caso por las vías legales.
«Rechazamos firmemente cualquier acción de alterar el orden público y crear situaciones peligrosas y vergonzosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que atentan contra la seguridad que debe rodear cualquier proceso judicial», expresó Participación Ciudadana.
Por el denominado entramado de corrupción Operación Calamar al que se le atribuye la sustracción de más de RD$19,000 millones del Estado dominicano, hay 20 personas detenidas, encabezadas por el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, a quienes les serán conocidas medidas de coerción el próximo domingo.