El Banco Popular informó sobre un asalto perpetrado en la sucursal ubicada en ensanche Isabelita, Santo Domingo Este,. Durante el hecho no hubo heridos.

La entidad indicó que al momento del suceso se encontraban laborando 12 empleados de esta sucursal bancaria y algunos clientes.

“Cinco asaltantes irrumpieron armados en el local, despojaron de sus armas reglamentarias a los dos vigilantes de servicio y sustrajeron un monto de efectivo aún no determinado, dándose posteriormente a la fuga”, explica el Popular en el comunicado.

Tras cometerse el acto delictivo, el Banco Popular suspendió las operaciones en dicha oficina y cerró sus puertas al público.

Informó además que el personal está siendo acompañado por un equipo de psicólogos de la organización financiera, que ha dispuesto su reemplazo hasta tanto estén en condiciones para volver a laborar.

La Policía Nacional tiene a su cargo la investigación del hecho.

SANTO DOMINGO. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, afirmó  que el embarazo en adolescentes es la mayor amenaza para el desarrollo del país, al entender que el flagelo ataca la salud y la educación de la juventud y la convierte en máquina generadora de pobreza.

“No queremos máquinas de reproducción de pobreza, no queremos mujeres, niñas, jóvenes que se les tronche su vida por un embarazo. Lo que queremos es que nuestras mujeres sean máquinas de reproducción de riqueza, prosperidad, progreso, porvenir promisorio y, sobre todo, mujeres empoderadas de su propio futuro y de su participación activa en la sociedad”, sostuvo la Vicepresidenta.

La Vicemandataria se pronunció así al encabezar el Taller de Validación del Plan de la Respuesta Nacional para la Reducción del Embarazo en Adolescente en República Dominicana (PREA-RD) que facilitará la implementación de políticas públicas dirigidas a abordar las prioridades del país en materia de inclusión, género, salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos.

En ese sentido abogó por políticas públicas que tengan como eje transversal la mejora de la calidad de vida de las miles de adolescentes que están embarazadas con riesgo de vida para sus bebés, a quienes calificó como el “motor de la nación”.

“Ese motor, que es nuestra juventud dominicana está en riesgo, porque hoy se encuentra amenazada por un problema que a mí en lo personal me desgarra el alma, me refiero al embarazo en adolescentes y sus consecuencias: la mortalidad materno-infantil y la perpetuación de la pobreza”, sostuvo la también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno.

Lamentó que el 20 por ciento de las adolescentes en el país son madres o han estado embarazadas alguna vez, y que una de cada cinco muertes maternas corresponde a una joven menor de 20 años.

Dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron apresados  por la Policía Nacional bajo acusación de haber matado al ciudadano turco Alper Baycin, de 24 años, para robarle una mochila que contenía un celular, informó la entidad. El crimen ocurrió en la comunidad Las Terrenas, de Samaná. El extranjero fue ultimado a cuchilladas.

Uno de los apresados fue identificado como Nelson Rodríguez Almonte (a) El Chivo, de 20 años, residente en la comunidad El Limón, de Samaná. El nombre del otro imputado se omite por razones legales, debido a que tiene 15 años.

Una nota de la uniformada indica que “El Chivo” estaba acompañado de un adolescente de 15 años, también detenido, cuando se produjo el asalto a Baycin en el sector Las Ballenas.

Dijo que el apresamiento de los imputados los realizó en compañía de dos fiscales y que les ocupó una motocicleta Z-3000, modelo CG, la cual utilizaron para escapar del lugar del crimen.

“También le incautaron un cuchillo con el que le quitaron la vida a Alper Baycin. Las autoridades lograron recuperar la ropa que ambos vestían en el momento en que cometieron el hecho”, adujo la uniformada en la nota.

La Policía agregó que los detenidos, la motocicleta, el cuchillo y las vestimentas que usaron, serán puestos bajo control del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

De acuerdo a fuentes no oficiales, Alper Baycin estaba en el país desde hacía seis meses trabajando como sonidista en la filmación de una película.

POR SANDRA GUZMAN

Azua-Dos individuos encapuchados a bordo de una motocicleta asaltaron al personal de  un  Consorcio de Bancas en esta ciudad que viajaban en una camioneta, y a punto de pistola cargaron con la caja fuerte, la cual contenía la suma de dos millones 57 mil pesos.

El hecho ocurrió  al momento en que Carlos José Mora Díaz y Geylin Estelin de los Santos, empleados del consorcio Wilson, llegaron a la calle Independencia del sector Barrio Blanco, municipio Sabana Yegua, con la finalidad de hacerle entrega de una suma de dinero a otra empleada, para luego continuar el recorrido hacia los demás puntos de banca.

Mora Díaz narró que pensó en la muerte, al ver que uno de los delincuentes le apuntó en la cabeza con una pistola, mientras que Geylin Estelin de los Santos explicó que el asalto fue de manera rápida.

Durante el suceso resultó herido el chofer Gregori Antonio Carmona, de 54 años, que aunque se encuentra estable, se mantiene  ingresado en un centro médico privado de Azua.

Según datos suministrados por el periodista Estieny Martínez, los delincuentes sustrajeron además, las pertenencias de los empleados del consorcio, tales como celulares y emprendieron la huida en una motocicleta. Los individuos también fueron captados a través de una cámara de videos.

De acuerdo al coronel Francisco Valenzuela, de la jefatura policial de Azua, el asalto es investigado, mientras que hasta el momento cuatro personas se encuentran bajo arresto para los fines de investigación, y aseguró que la banda de delincuentes será desmantelada cuanto antes.

Santo Domingo, D.N.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, advirtió que las “tácticas dilatorias” de los abogados defensores en el caso odebrecht responden al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad.

Guerrero Pelletier se expresó en estos términos al referirse a la recusación hecha por varios abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht, quienes objetan que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conozca la audiencia preliminar del proceso.

Sobre ese particular, la magistrada dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja la recusación bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, llamó la atención en el sentido de que por igual aplicación de ese principio solicitado, llevaría a que ese órgano de justicia estaría también imposibilitado para designar a algún otro juez que haya tenido conocimiento, excluyendo por igual a todos los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán, Esther Agelán Casasnovas y Frank Soto, ni para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a juicio, en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a solicitud del Ministerio Público.

La magistrada Guerrero Pelletier dio una voz de alerta a la ciudadanía para que esté atenta a la actuación de los imputados y sus abogados en este emblemático caso, el que definió como el más importante que se haya conocido en el país en materia de corrupción, por la trascendencia económica, política y social de los encartados, y llamó a estar pendiente de las decisiones del Poder Judicial en este caso para que cada cual cumpla con su rol.

Recordó que tal cual ha indicado el procurador general de la República, Jean Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene un juez favorito, el único juez favorito es la justicia”.

Al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General de la República, la titular de la PEPCA recordó que el Ministerio Público cuenta con 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio de este caso, con las cuales dijo que demostrarán los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

Se recuerda que el pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.

El voluminoso expediente, señala la institución, relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido los siete encartados.

Rosario advirtió que podrían iniciar un plan de lucha de no ser atendidas sus demandas.

El descargo de parte de un tribunal del dirigente choferil Arsenio Quevedo y el exregidor Ericson de los Santos fue recurrido este miércoles por la Fiscalía del Distrito Nacional, bajo el alegato de que en el mismo “se incurrió en serios vicios procesales”.

El recurso del Ministerio Público, que fue depositado ante la Corte de Apelación, es contra la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del 13 de marzo, en la cual descargó penalmente a los involucrados, los cuales estaban acusados de pertenecer a una red de sicariato contra choferes del transporte público.

La Fiscalía detalló, a través de varios tuis, que el tribunal incurrió en lo que definió como “ilogicidad manifiesta, contradicciones, violación a la ley por inobservancia y errónea aplicación de la norma”.

“Deploramos la insuficiencia de motivación del tribunal en la valoración probatoria, pues no se explicó el por qué restan valor a pruebas contundentes que comprometen la responsabilidad penal de los acusados”, subrayó.

En el recurso depositado, la Fiscalía solicitó “que la corte revoque de manera total la sentencia y dicte directamente la decisión del caso”.

También pide una valoración ajustada a la norma y que se acojan las conclusiones del Ministerio Público, ya que las mismas están sustentadas en derecho”.

POR SANDRA GUZMAN