SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cerró la  la terminal de autobuses Metro, en la avenida Winston Churchill esquina Francisco Prats Ramírez, por violaciones a la ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.

Según dijeron algunos taxistas de la zona, la DGII llego y ordeno  cerrar las puertas y evacuar el personal, procediendo a colocar los letreros de “Cerrado por la DGII” en todas las puertas incluso en la verja perimetral.

Una persona de la empresa, no autorizada a ofrecer declaraciones, dijo que se trató de un tema de impresoras fiscales, pero que ya el tema está en manos de los abogados de ambas partes.

Según los letreros colocados por la DGII Metro fue cerrado por violación al decreto 254-06 sobre comprobantes fiscales; violación a los artículos 50,253 y 254 de la Ley 11-92 y violación al decreto 451-08 sobre impresoras fiscales.

El artículo 50 de la Ley 11-92 dice que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización, investigación y cobranza que realice la Administración Tributaria y en especial a cumplir los deberes formales que son señalados por la DGII y que son 13.

Mientras que el artículo 253 dice que toda acción u omisión tendente a impedir u obstaculizar la determinación de la obligación y tributaria o el control y fiscalización de los tributos por parte de la Administración Tributaria constituye una violación a los deberes formales.

En tanto que el artículo 254 establece que incurren en esta falta tributaria, sin perjuicio de otras situaciones, los contribuyentes, responsables o terceros que no cumplan los deberes formales establecidos en este Código, en leyes tributarias especiales, o en reglamentos y normas dictadas por la Administración Tributaria.

El obispo emérito  monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, Asesor de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (Aseped), dijo en la ciudad de San Pedro de Macorís, los medios de comunicación se comportan como sicarios al darle cabida a informaciones calumniosas y mentirosas, que dañan reputaciones.

Al pronunciar una charla con el título Ética y actualización profesional meta de entidades periodísticas, el obispo emérito manifestó que debe preocupar y llamar a la reflexión de la sociedad como los medios han perdido su esencia informativa y se pliegan al chantaje y a la persecución de reputaciones, solo por un interés sensacionalista y mercurial.

El religioso manifestó que los ejecutivos de los medios deben de pensar primero que su responsabilidad es crear conciencia, opinión, orientar, y no el de competir protagónicamente desde un interés económico al margen de la responsabilidad social.

De la Rosa y Carpio dijo que el impulso e impacto de la llamada comunicación de las redes sociales está haciendo más daño que bien, pues todo el que tiene un teléfono inteligente se cree con el poder de informar, cuestionar y difundir cosas sin pensar en sus consecuencias.

Cuestionó a las universidades por no darle una formación profesional a sus estudiantes basados en valores humanos, en códigos de conducta, sino en inculcarles que el ser profesional lo convierte en importante, trascendente, sin hablarle del rol humano que deben desempeñar.

“Estamos produciendo profesionales que solo piensan en cómo hacerse ricos, millonarios de manera rápida, y eso implica una cultura de engaño, estafa, corrupción e inmoralidad”.

En su charla puso varios ejemplos de casos ocurridos y abogó por una adecuación ética que nos proporcione un profesional apegado a valores humanos de lealtad, solidaridad, responsabilidad, amor por el prójimo y respeto por la condición humana.

SANTO DOMINGO. La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las condenas de seis y cinco años de prisión a los acusados de integrar una red mafiosa a lo interno de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y extorsionar al arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en un baño de la entidad gubernamental el 25 de septiembre del 2015.

El tribunal confirmó, en todas sus partes, el fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado contra Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez por ser “justa y fundamentada en derecho”.

Alejandro de los Santos, exdirector de Edificaciones Escolares de la OISOE, fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones en el ejercicio de la profesión de arquitecto, lavado de activos, asociación de malhechores, extorsión y delito de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones.

Soriano Fabián, excoordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, fue sentenciado a cinco años de prisión por asociación de malhechores, extorsión y delito de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones. En tanto que a Julio Pérez y Juan Romero se les dictó la misma pena por asociación de malhechores.

PUERTO PLATA. El presidente del comité local de los Derechos Humanos, Mario Almonte, denunció que una parte importante de la zona de amortiguamiento de la loma Isabel de Torres ha sido depredada por desarrolladores de proyectos inmobiliarios, así como las propias autoridades estatales.

Según dijo, esa práctica cuenta con la autorización de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Resaltó que las autoridades medioambientales han sido notificadas por medio de auto de aguacil para que ofrezca al Comité Dominicano de los Derechos Humanos copias de los permisos que han sido otorgados a estos urbanizadores para que construyan proyectos en dicha zona, “pero no han recibido respuestas”.

“La destrucción de este parque nacional es tan crítica que se observan construcciones de viviendas, prácticamente debajo de la segunda torre que soporta los cables por donde se deslizan los dos funiculares que transportan a las personas que visitan las instalaciones donde está enclavado el Cristo Redentor”, declaró.

Además, Almonte criticó los ministerios de Educación y Obras Públicas, desde cuyas entidades realizan en la falda de la Loma Isabel de Torres un centro educativo.

Mario Almonte afirmó que el área donde se construye esa obra es propensa a inundarse en tiempos de precipitaciones, lo que pondría en peligro las vidas de cientos de niños y niñas que recibirán el pan de la enseñanza en ese plantel.

POR EDWARD FERNANDEZ

SANTIAGO.- El juez Jottin Cury David, del Tribunal Constitucional (TC), ofreció una conferencia en esta ciudad en la que habló sobre la justicia constitucional, destacando de forma clara y concisa su objetivo, que es examinar y decidir la conformidad de las leyes adjetivas u ordinarias de acuerdo con los principios, preceptos y valores establecidos por la Constitución.

Dijo que el Tribunal Constitución es el único órgano jurisdiccional que debe examinar la compatibilidad lógica de la ley con la Carta Magna, sin detenerse en el conflicto material concreto, decidiendo mediante una sentencia que tiene efecto vinculante.

El doctor Cury David dictó la conferencia “Justicia constitucional en la República Dominicana”, en un acto auspiciado por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), la Asociación de Abogados de Santiago y los seis doctorandos de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares en España.

En el desarrollo de su ponencia magistral ante abogados, jueces, ministerio público y estudiantes de Derecho, el juez Cury David dijo que en el control difuso de origen norteamericano, todo juez puede inaplicar una ley en el caso concreto de que se le haya sometido cuando considere dicha ley contraria a la Constitución.

“Ahí tenemos una primera característica de lo que entendemos se encarga la justicia constitucional o jurisdicción constitucional, como le denominan algunos autores”, sostuvo el magistrado Jottin Cury David.

Manifestó que en el caso del control concentrado o directo de constitucionalidad, se hace un examen abstracto de la ley a la luz de la Carta Magna para determinar la expulsión de la norma atacada cuando se considera contraria a la carta sustantiva.

Durante esta jornada de derecho constitucional, también expusieron el español experto en derecho constitucional Marcos Francisco Massó Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales del TC, y el penalista José de los Santos Hiciano, entre otros.

El magistrado Félix Sánchez, en nombre de la UTE, estuvo al frente de la organización del I Congreso sobre Derechos Fundamentales y Justicia Procesal Constitucional que tuvo como escenario el local de la Asociación de Abogados de Santiago.

Un hombre mató a otro porque supuestamente la víctima se negó a pagar una apuesta de RD$200 en una pelea de gallos televisada, en un hecho ocurrido en un colmado del sector San Carlos, del Distrito Nacional.

Un comunicado de prensa de la Policía Nacional indica que la institución trabaja en la identificación y captura del hombre que ultimó a George Luis de los Santos Sánchez, de 36 años, por heridas de arma de fuego cuando era atendido por una unidad del Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Testigos del hecho dijeron que el hombre fue ultimado por una persona no identificada frente a un colmado del lugar, con quien habría sostenido una riña hace varios días.

Explicaron que el conflicto se produjo porque De los Santos Sánchez supuestamente se negó a pagar una apuesta de RD$200 que su agresor le ganó durante una pelea de gallos televisada en el citado colmado.

Explicaron que ayer el desconocido llegó en una motocicleta al colmado donde estaba De los Santos Sánchez, a quien, sin mediar palabras, le hizo varios disparos.

El fiscal actuante en el caso entregó a los familiares del occiso su cartera conteniendo la suma de RD$15,000.00, su cédula de identidad y otros documentos personales. La Policía Nacional profundiza las pesquisas a los fines de dar con el paradero del agresor para apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia a través del Ministerio Público.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), abogó este lunes por la aprobación de una ley que regule el proceso de aprobación de indultos en el país. Indicó, que a pesar de que se han modificado numerosas leyes y se ha reformado la Constitución en los últimos años, está pendiente mejorar la regulación del indulto.

A través de un documento enviado a los medios de comunicación, la Finjus dice que “es importante que esta medida jurídica sea debidamente regulada, de manera que se conceda en el marco de criterios adecuados y para que sirva al propósito constitucional que la crea”.

La institución pide al Congreso Nacional dar prioridad a la elaboración de una legislación que regule el indulto en el país. Dice que es necesario que se inserten con precisión en el ordenamiento jurídico dominicano las condiciones idóneas para proceder a la selección de los candidatos a indultos, las modalidades que podrían usarse, los procedimientos adecuados y las excepciones que contemplaría, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales.

Indican que considerando los puntos señalados, conjuntamente con la Comisión de Juristas de la Cámara de Diputados, ha elaborado un anteproyecto de ley, con el objetivo de aportar algo al proceso de creación legislativa y, por ende, de una posterior socialización del mismo con los diferentes actores del sistema de justicia interesados en que se regule el indulto.

El Ministerio de Hacienda arreció esta mañana los operativos de cierre, incautación y posterior sometimiento a la justicia de bancas y banqueros de loterías que operan de manera ilegal en todo el territorio nacional.

El cierre de las bancas fue realizado en diferentes sectores de Santo Domingo Norte, Herrera y Santiago.

Los inspectores del Ministerio de Hacienda, William Abreu, coordinador; Alexis Disla y Carlos Muñoz, ejecutaban el cierre de las bancas previo a inspeccionar  la legalidad o no de la misma.

Las primeras bancas sorprendidas operando ilegalmente estaban operando en la calle La Senda, del sector del mismo nombre, en la calle 6, del  Barrio Santa Rosa, y en la  calle José del Carmen Heredia, las cuales fueron cerradas por los inspectores.

Durante el operativo se incautaban equipos como computadoras,  impresoras,   abanicos e inversores, entre otros,  que posteriormente a su depuración serán donados a instituciones benéficas.

Abreu dijo que los operativos forman parte de la continuidad de las acciones que se realizan  continuamente a nivel nacional para evitar el funcionamiento de las bancas ilegales.

Destacó que con esas intervenciones se busca adecentar y regular el sector que opera evadiendo el pago de  impuestos en perjuicio del Estado en una franca violación a la ley 139-11.

Exhortó a los propietarios de las bancas de loterías abstenerse de abrir nuevamente esos negocios de forma irregular y los instó a cumplir con la ley regularizando su situación y pagando los impuestos correspondientes.

Frizo Mesina, encargado de operaciones de la Dirección General de Casinos, explicó que los operativos continuarán de acuerdo un plan estratégico diseñado en procura de adecentar y regular los sectores de las bancas de loterías, deportivas, casinos así como la erradicación de las máquinas tragamonedas que también operan de manera ilegal en los colmados.

Los cuerpos de los tres menores que se encontraban desaparecidos desde ayer domingo fueron recuperados este lunes de una laguna ubicada en la sección Cruce de Cayacoa, municipio San José de los Llanos, de San Pedro de Macorís.

La Policía Nacional confirmó los fallecimientos en una comunicación de prensa de José Enrique, Ricardito y Richard Mota, de 12, 8 y 6 años, respectivamente, hijos de Maura de León y Antolín Mota Nieves, después de recuperarse sus cadáveres.

Al exhortar a la familia a estar atenta a los niños durante las vacaciones, la Policía dio a conocer también que el pasado 8 de julio en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, un niño de tres años falleció a causa de asfixia después de tragarse un objeto de plástico con el que jugaba junto a otro menor, mientras estaban sentados en la parte trasera de un vehículo que transitaba por la carretera de Uvero Alto.No identificó a esta víctima.

“Nuestra Policía Nacional a diario maneja casos de accidentesy muertes de menores de edad producto de asfixia por inmersión, calcinamiento, electrocución, intoxicación, entre otras lamentables circunstancias, muchas de ellas previsibles”, advierte a la población para que esté vigilante a los pequeños.

Se recuerda que los menores ahogados ayer se lanzaron a la laguna cuando estaban en compañía con otro niño que decidió quedarse fuera del agua y dio la información a sus parientes para que iniciaran la búsqueda.

POR MANUEL VEGA

“Eso nos plantea serios problemas y no se puede seguir con la idea de universidades abiertas, de que todos tienen fortaleza para formar docentes, porque no es verdad”, comentó Valeirón.