Santo Domingo._ El economista Miguel Ceara Hatton consideró que el principal problema que debe enfrentar el Estado dominicano es la deuda, al cual según entiende,  va en la trayectoria de colisión.

Plantó que el ritmo de endeudamiento del país va muy acelerado, accediendo cada vez más a buscar recursos al mercado de capitales,  mientras, la proporción de los intereses en los ingresos tributarios  continúan creciendo, o por lo menos no baja”.

“Parte de los intereses los estamos pagando con nueva deuda, es casi como un esquema Ponce, es decir, la pirámide. Es un reto porque la probabilidad de que nos enfrentemos a una situación en donde se cierre el crédito es alta”, sostuvo Ceara Hatton al ser entrevistado por los periodistas Addis Burgos y  Pablo Pablo McKinney.

Recordó que el país ha vivido dos experiencias de esa naturaleza, en agosto del 1982, cuando México se acercó a declarar una moratoria de la deuda y todos los bancos internacionales cerraron el crédito, lo que llevó al país al “ajuste de principios de los 80”.  También en 1990, cuando el presidente de entonces, Joaquín Balaguer dijo que no pagaría la deuda, lo que llevó a un retraso del pagro de la deuda pública más de una cuarta parte, lo que representaba entre un cuatro o un tercio del Producto Interno Bruto.

El presidente Danilo Medina encabezó  la primera sesión de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la escogencia de los cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC).

Durante la reunión, que tuvo lugar en el despacho presidencial del Palacio Nacional y contó con la participación de todos los miembros del CNM, se procedió a dar una lectura detenida al reglamento normativo del organismo.

Así lo informó el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al dar a conocer los los resultados de la primera sesión de trabajo, en rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

“Despues de haberle dado lectura al reglamento, pasamos a la primera fase de los trabajos para escoger los cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional”.

Presentar cronograma de trabajos
Se designó una comisión que tendrá la responsabilidad de presentar un cronograma de los trabajos para la escogencia de los nuevos jueces del TC, en la próxima reunión pautada para este martes 16 de octubre, a las 4 de la tarde.

Dicha comisión está conformada por:
·         Frank Soto, secretario del CNM, quien la coordinará.
·         Josefa Castillo
·         Josefa Castillo, diputada por Boca Chica del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
·         Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República.
·         Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien brindará asistencia técnica.

Los miembros del CNM acordaron, además, que en la próxima sesión de trabajo se empezará a tratar lo referente a la modificación del reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Segunda fase: evaluación y elección jueces Suprema Corte Justicia
Finalizada esta primera fase de los trabajos, el CNM deberá “esperar a que se cumplan los siete años para los que, de conformidad a la Constitución, son escogidos los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta el 28 de diciembre”.

“Todos aquellos que hayan vencido su período en esa fecha, nos abocaremos en esa segunda fase a la evaluación y elección de sus sustitutos y/o de aquellos que permenecerán”.

Además del presidente Danilo Medina, en esta primera reunión estuvieron presentes:
·         Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
·         Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República.
·         Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado.
·         José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
·          Radhamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados.
·         Josefa Castillo, diputada por Boca Chica del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
·         Frank Soto, juez de la Suprema Corte de Justicia.

SANTO DOMINGO. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, mostró este martes su oposición a que se modifique la Ley de Hidrocarburos (112-00), tal como han reclamado algunos sectores y para cuyos fines se ha ejecutado un encuentro entre el Gobierno y transportistas.

El funcionario basa su objeción a la iniciativa, la cual aclara que ve “con preocupación” , en que se está dando al “margen de un gran pacto fiscal que garantice la sostenibilidad financiera del Gobierno”.

También plantea que “hasta que se tengan alternativas claras de financiamiento fiscal es mejor no tocar esa fuente de ingresos”. Las declaraciones están en una nota de prensa que envió el ministerio que dirige.

No obstante, Santana reconoció, según el documento, que los impuestos de los combustibles son altos para los estándares regionales de América Latina y que se necesita racionalizar el sistema tributario en el país.

En la nota, dijo que algunos proponen que, en vez de realizar los ajustes semanales tal como establece la Ley de Hidrocarburos, se haga con una periodicidad mayor. “Pero recordemos la historia: antes se pasaban meses y años sin hacer los ajustes, por lo que, cuando terminaban haciéndose, se habían acumulado desfases tan grandes que provocaban conmociones sociales, con muertos y heridos en las calles”, adujo.

SANTO DOMINGO. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acordó  convocar para el sábado 27 del presente mes el Comité Central de la organización para decidir el tipo de primarias y de padrón a utilizar en la escogencia de los candidatos que participaran en las próximas elecciones.

La reunión se desarrollará a las 10:00 de la mañana en el salón Bienvenido Sandoval, de la Casa Nacional de la organización.

Con esta decisión el partido de Gobierno da cumplimiento a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y al mandado de la Junta Central Electoral, que otorgó un plazo para que las organizaciones, de acuerdo con lo que establece la Ley 33-18, decidan el método de primarias a utilizar y el tipo de padrón que preferían. Se recuerda que la Ley de Partidos establece que dentro de los partidos políticos, el máximo organismo de dirección es que decidirá el tipo de primarias y padrón a utilizar en sus elecciones internas.

Para tales fines la JCE otorgó a los partidos un plazo de 75 días y luego otro adicional de 30 días más, para que decidan qué tipo de primarias utilizarían.

Para el montaje de ese acto el Comité Político designó una comisión que se encargará de actualizar el listado de los miembros del Comité Central, el método de votación que se utilizará y las herramientas tecnológicas que utilizarán para dicho proceso.

Esa reunión la encabeza el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, la secretaria de organización, Miriam Cabral, el delegado Político del PLD ante la JCE, José Ramón Monchy Fadul, Alejandrina Germán, Radhamés Jiménez Peña y Danilo Díaz.

En la reunión de  participaron 27 de los 34 miembros del CP del PLD, entre los ausentes estuvo la vicepresidenta Margarita Cedeño y Abel Martínez.

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República responderá mañana miércoles  la serie de incidentes planteados  por los abogados de los siete imputados por los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana a cambio de la adjudicación de obras del Estado.

Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, acogió el pedimento de los fiscales y recesó para mañana miércoles a las 2:00 de la tarde la audiencia preliminar de solicitud de apertura a juicio hecha contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez y Jesús –Chú- Vásquez Martínez.

Entre los incidentes que deberán responder los representantes del Ministerio Público figuran las solicitudes de nulidad de la acusación penal por arbitrariedad en el proceso investigativo, ocultamiento de pruebas, violación al debido proceso y mentir a los imputados. La defensa de Bautista dice que la Procuraduría le mintió al decirle que no tenía listos los informes financieros y otras informaciones que pidieron pero que en las pruebas aportadas al proceso se puede evidenciar que para la fecha que le dieron la respuesta sí tenían en sus manos las informaciones solicitadas.

Los consejos de defensa presentaron al juez varias solicitudes de diligencias de investigación, así como de información, al Ministerio Público, autorizadas por el magistrado Ortega Polanco.

De igual manera piden declarar la extinción de la acción penal debido a que basado en las imputaciones de la Procuraduría los delitos imputados; cohecho, falsedad en declaración jurada, enriquecimiento ilícito y soborno, han perimido toda vez que ha transcurrido el plazo máximo de duración. Diez años.

POR HOGLA ENECIA PEREZ

SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) recibirá un presupuesto de RD$6,997 millones para el 2019, año preelectoral y de primarias, más una partida RD$1,506 millones para los partidos políticos.

Conforme al proyecto de presupuesto general del Estado, el organismo de elecciones tendrá una distribución institucional de RD$5,611 millones en gasto corriente y RD$1,386 en gasto de capital.

De las partidas del presupuesto RD$1,896 millones serían para las actividades centrales; RD$2,100 millones, para actividades electorales; RD$809.3 millones para el Registro y Administración del Estado Civil; y RD$684.8 millones, para la Administración de Juntas Electorales y otras operaciones financieras.

En el 2016, al organismo de elecciones le fue asignado un presupuesto con una partida administrativa de RD$4,660,981,880 y una partida adicional de RD$3,100,000,033 para uso exclusivo de las elecciones, un total de RD$7,760,9 millones. En el 2015 fueron consignados RD$3,955.9 millones y en el 2014 unos RD$4,155.9 millones.

El Gobierno, según anunció recientemente el Ministerio de Hacienda, contempla entregar una partida adicional a la Junta Central Electoral (JCE), para el pago de la deuda contraída por el organismo en la compra de los equipos utilizados en los pasados comicios.

En el 2017, la nueva JCE informó que tenía una deuda de RD$2,400 millones, de ellos RD$641 millones a Indra Sistema, compañía que suplió los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos, RD$68 millones a la empresa que imprimió la cédula de identidad, RD$91 millones a los periódicos, RD$531 millones al Plan de Retiro y RD$204 millones al Impuesto Sobre la Renta.

POR NIZA CAMPOS

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, ratificó  la decisión de rechazar el pedido de los abogados Conrado Pittaluga, implicado en el caso Odebrecht, para la designación de peritos.

En la audiencia pasada, el 22 de agosto, el juez Ortega Polanco declaró, mediante resolución 0092018, inadmisible la designación de tres peritos, planteado por la defensa de Pittaluga, a los fines de analizar las pruebas del Ministerio Público.

La barra de la defensa de Pittaluga, encabezada por el abogado Erick Raful, solicitó que entre los peritos se incluyera a Heiromi Castro, un experto en delito financiero y lavado de activos para que determine si el monto del contrato hecho con Odebrecht, para la construcción de la Autovía del Coral, estaba de acuerdo con los precios del mercado.

Ortega Polanco ratificó su decisión al declarar la petición de la defensa como extemporánea ya que, alegó, el tribunal no ha sido puesto en conocimiento de ninguna de las pruebas incorporadas y, por consiguiente, no puede estimar la necesidad de un auxilio pericial científico o técnico para examinar el contenido probatorio sin conocer cuáles son las pruebas vertidas en la acusación.

Precisó que el proceso interpuesto por los abogados “es extemporáneo debido a que el tribunal, no ha sido puesto en conocimiento de ninguna de las pruebas incorporadas y por consiguiente no puede estimar de un auxilio pericial, científico o técnico para examinar el contenido probatorio sin conocer cuáles son las pruebas vertidas en la acusación”.

La elección de los jueces de las Altas Cortes que resulten de la convocatoria hecha por el presidente de la República para  mañana dos de octubre, sería nula, no surtiría ningún efecto jurídico, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura  hay tres miembros que no han sido electos en la forma que manda la Constitución de la República.

La afirmación la hace el abogado y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Emilio Concepción, tras asegurar que ni la Suprema Corte de Justicia, ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República,  han hecho la selección de sus integrantes como lo dispone la Carta Magna en su artículo 178, numerales 3, 5 y 7.

Recordó que esos numerales establecen que “un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; El Presidente de la Cámara de Diputados; un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario”, precisan los numerales 3, 5 y 7, de la Carta Magna, en su artículo 178.

“Ninguno de esas instituciones han cumplido con el mandato de la Constitución”, asegura Concepción, tras señalar que los miembros de la Cámara Alta y la Cámara Baja ante CNM, no son dueños de las posiciones de pleno derecho,  sino que debieron ser sometidos al debate de los senadores y diputados para su confirmación o seleccionar otros.

Precisa que para esta convocatoria ninguno de esos representantes han sido escogidos como establece la Constitución de la República y los que sesionaron en julio del año pasado donde fueron electos los miembros del Tribunal Superior Electoral y completaron la matricula en la Suprema Corte de Justicia no son válidos porque la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y el Senado de la República no  han sido escogidos al respecto.

La Procuraduría General de la República informó este lunes que declinará a la Fiscalía del Distrito Nacional el expediente judicial del proceso penal contra el exviceministro de la Juventud, Odalis Ledesma Hernández, por presuntamente haber incurrido en abuso sexual en perjuicio de la ciudadana canadiense, Joanna Linda Kocsis, debido a que tras ser destituido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de septiembre, el imputado perdió el privilegio de jurisdicción.

La Procuraduría explicó en nota de prensa que, a estos fines, el 27 de septiembre pasado, el procurador general adjunto, Víctor Robustiano Peña, remitió una certificación oficial del decreto presidencial número 340-18, al juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Juan Hirohito Reyes Cruz, quien tiene a su cargo la Instrucción Especial de este caso, para que proceda a desapoderarse.

“Inmediatamente el juez de la SCJ se desapodere, las diligencias procesales de este caso, pasarán a estar bajo responsabilidad de la Fiscalía del Distrito Nacional, la que tal y como ha hecho hasta el momento el Ministerio Público, continuará adelante con el mismo, bajo estricto apego a lo que establecen las leyes del país”, informó la Procuraduría.

El pasado jueves 27 de septiembre el Ministerio Público fue puesto en conocimiento de que el juez de la Instrucción Especial, Juan Hirohito Reyes Cruz, autorizó mediante resolución del día 7 de ese mismo mes, la solicitud para medidas investigativas, que le había sido presentada el 6 de febrero de este año, por el procurador general adjunto, Víctor Robustiano Peña.

Esta autorización permite al Ministerio Público tramitar la Carta Rogatoria de Cooperación Jurídica Internacional a las autoridades de Canadá, para que suministren a ese organismo el kit para casos de violaciones que, según la señora Kocsis, se encuentra depositado en el Women’s College Hospital de Canadá.

También, el juez aprobó solicitar que sea remitida la denuncia formal de la supuesta agresión sexual que habría sido presentada ante el servicio policial Regional del Niágara en Canadá, que la denunciante pueda presentar su testimonio a través de un medio tecnológico o de video conferencia.

San Francisco de Macorís.- República Dominicana obtuvo una producción récord de cacao en la cosecha 2017-2018 con unas 85 mil toneladas métricas de las cuales 75 mil fueron exportadas, aportando más 210 millones de dólares a la economía nacional.

La información fue dada por el ministro de Agricultura Osmar Benítez al pronunciar el discurso central en el acto de conmemoración del Día internacional del Cacao en donde expresó que en los seis años de gestión del presidente Danilo Medina los productores han aumentado en 300 mil nuevas tareas, lo que garantiza mantener la estabilidad en la producción.

El titular dijo que el Estado ha invertido unos 5 mil 400 millones de pesos solamente a través del Banco Agrícola, a una tasa preferencial de un 8%, además de 2 mil 300 millones de pesos con el programa de Visitas Sorpresa que han beneficiado a 38 nuevas asociaciones de productores de cacao.

Así mismo dijo que se creará un fondo de 600 millones de pesos para el manejo de la Monilia y para el desarrollo de nuevas áreas de cultivos con el objetivo de elevar la productividad, aumentar las exportaciones y mantener el sitial del cacao dominicano a nivel mundial.

Dijo que la meta del Gobierno es entregar unas cuatro millones de plantas a los productores, y aumentar las áreas de producción a más de 500 mil tareas, con un millón de réplicas de plántulas del vivero Jardín Clonal de Mata Larga para ser producidos en la comunidad de Palo Alto, en Pimentel.

Así mismo dijo que “planeamos introducir dos nuevos viveros, uno en Barahona y otro en Dajabón con capacidad de producir 300 mil y 150 mil nuevas plántulas, además junto a la Comisión Nacional de Cacao reproducir dos millones de plántulas injertas para readecuar los sembradíos en todo el territorio nacional y continuar produciendo el mejor cacao del mundo”.