El Ministerio Público solicitó que se ordene la clausura temporal de los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gazcue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, involucrados en la trata presunta de personas del caso Cattleya.
Según las autoridades, las víctimas, procedentes de Colombia y Venezuela, eran retenidas en los hoteles citados con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, sin embargo, era para explotarlas sexualmente y sacar beneficios económicos de ellas.
En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.
La investigación detalla que para facilitar su traslado al país, la estructura criminal se encargaba de cubrir los gastos de pasaje aéreo, emisión de pasaportes, y una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre 3,000 y 4,000 dólares con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.