El Ministerio Público informó que apelará las medidas de coerción que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente a cuatro implicados en la red atribuida al supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como César El Abusador.
El tribunal, luego de acoger parcialmente la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público, declaró el caso complejo y le impuso prisión preventiva de tres meses en la Penitenciaría Nacional de La Victoria a José Bernabé Quiterio, en tanto que al expelotero de Grandes Ligas Octavio Eduardo Dotel Díaz, una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, y a Obispo Féliz Lorenzo y a Roberto José Cáceres una garantía económica de RD$500 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Señaló que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.
Explicó el órgano persecutor que esos delitos “están tipificados y son sancionados por los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados”.
Mediante un comunicado de prensa, la institución del sistema de justicia expresó que no está de acuerdo con la decisión del tribunal y que una vez le sea notificada procederá a su apelación porque no se ajusta a la ley y porque hubo una valoración errónea de las diferentes evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de los encartados.