Tras los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por el calendario escolar vigente.
Las acciones que ha emprendido la asociación para lograr un aumento salarial para los pensionados, jubilados y docentes activos, van en contra del Pacto por la Reforma Educativa, según advirtió Finjus en una nota de prensa.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que, aunque el derecho a la protesta es una facultad constitucional, esa libertad no puede ponerse por encima del derecho a la educación.
Explicó que por medio de la sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto al señalar que: «el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites».
Agregó que el mayor perjuicio recae sobre los estudiantes que, de manera indirecta, se ven envueltos en conflictos que requieren de programas educativos estrictos y cabalmente direccionados, a fin de garantizar estrategias oportunas para la superación del sector escolar.
A juicio de Castaños Guzmán, un aumento de la mejoría del sector educativo no se limita a alcanzar mayores aportes económicos, porque un incremento de la calidad del mismo implica nuevas estrategias que van desde la cobertura de ingreso y reinserción escolar, hasta el diseño de programas de apoyo social como contribución al desarrollo del país.