José Dolores Jiménez solicita mayor apoyo del Gobierno para los abogados

El aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), licenciado José Dolores Jiménez, solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunar esfuerzos para la aprobación el Código Penal, cuyo proyecto tiene más de 20 años estancado en el organismo legislativo, sin que a la fecha haya sido sancionado.

En ese sentido explicó que si el problema es las tres causales del aborto y otras figuras que entorpecen su aprobación, es partidario de que para esos temas se haga una ley aparte y que los mismos sean sacados del Código Penal.

“Hay que resaltar que el Código Penal en su nueva presentación, tiene importantes aspectos que el anterior, no lo tiene y que son de provecho para toda la comunidad nacional, toda vez que aumenta de 30 a 40 años la pena máxima para aquellos que cometen asesinatos”, expresó.

El jurista agregó que esa pieza también castiga, la invasión de terrenos una práctica que se ha convertido en un perjuicio para muchos propietarios de terrenos que ven perder sus propiedades en manos de particulares que la invaden.

“También castiga el uso de ácido del diablo que ha desfigurado a muchas damas en el país y que en la actualidad, no está penalizado en ninguna ley; así como otras modificaciones importantes que tiene el Código Penal dominicano, el cual se encuentra estancado en el Congreso”, precisó.

Por tal sentido Dolores Jiménez reiteró el llamado al Presidente Luis Abinader, para que haga los trámites de lugar con el Congreso y que se apruebe ya esa pieza legislativa, el cual es un Código Napoleónico, por lo que es importante tener un código que esté conteste con la actualidad.

De igual manera José Dolores hizo un llamado al Ministerio Público, porque los abogados necesitan un Ministerio Público que funcione y que colabore más con el gremio de los abogados.

Manifestó que tan pronto asuma la presidencia del Colegio de Abogados si resulta ganador de las elecciones, va a promover un acuerdo interinstitucional con el Ministerio Público, para mantener mayor relación con ese aparato tan importante del sistema judicial.