Kenya Romero, jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la tarde de este lunes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a 11 de los 21 implicados de la supuesta red de traficantes de mujeres colombianas y venezolanas desmantelada mediante la Operación Cattleya.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso prisión preventiva de 18 meses a 11 de 21 imputados acusados de pertenecer a una red de trata de mujeres que la explotaba sexualmente, desmantelada mediante la operación Cattleya.
De acuerdo a la sentencia de la magistrada, dictada este lunes, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), quienes presuntamente son los líderes de la red; deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de la Victoria y la cárcel de Higüey, respectivamente.
También Oscar Wicene, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), cumplirán prisión preventiva en el Centro Penitenciario de la Victoria.
Zafiro Nataly Sánchez González, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Angélica Jhoana Quintero Niño, irán a Najayo Mujeres. Mientras que el sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), cumplirá prisión preventiva en Operaciones Especiales.
En tanto que, Melvin José Valentín Peguero, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores) y Louis Marie Nephtalie se le dictó presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica, que oscilan entre un millón y 500 mil pesos.
Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.
En el proceso también están como imputados jurídicos los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gazcue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana. En ese caso la jueza rechazó la clausura temporal de los centros de hospedajes que solicitó el Ministerio Público.