SANTIAGO.- Respondiendo a una solicitud de la Fiscalía de Santiago, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso 18 meses de prisión preventiva contra el director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público, en donde varios adolescentes sufrían violación sexual y diferentes tipos de abuso.
La jueza Wendy Tavárez declaró de tramitación compleja el proceso que el órgano de la acusación abrió contra Lorenzo Silverio Almonte y/o Julián (el Pastor), quien enfrenta cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.
En representación de la Fiscalía, las litigantes Yarily Toribio, Isabel Santos y Heidys de León detallaron ante el juzgado el pliego de pruebas documentales y materiales, así como los informes de evaluaciones físicas y psicológicas, practicadas a cinco de las víctimas con edades entre 13 y 17 años, que revelaron daños a causa de violaciones sexuales, golpes contusos, agresiones psicológicas y otros abusos.
La contundencia de estas pruebas que, entre otras, incluye el testimonio de las víctimas, motivaron a que el tribunal autorizara la realización de anticipos de pruebas, mediante los mecanismos establecidos por los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, para evitar la exposición de los afectados en etapas posteriores del proceso.
El tribunal también admitió la solicitud de declarar el proceso de tramitación compleja, por la pluralidad de víctimas y de delitos imputados al detenido.
En diligencias encabezadas por la Fiscalía, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, las autoridades allanaron el establecimiento identificado como un centro de rehabilitación ante alcoholismo y problemas de conducta, en donde los menores de edad ingresados sufrían numerosos abusos.
En las diligencias de investigación y asistencia a las víctimas participaron también la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional.
En el interior del centro, las autoridades observaron que los menores de edad estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas”, por lo que los remitieron al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además de los abusos físicos y psicológicos, los internados fueron obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica.