La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para las 11 de la mañana de este sábado 5 de octubre la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez– y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La audiencia fue fijada luego de que el Ministerio Público depositara el viernes en la noche el expediente de solicitud de medida de coerción, a través del cual solicita la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción contra los siete imputados y la declaración del caso complejo «por tratarse de crimen organizado».
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del Ministerio Público, indicó que los detenidos están imputados por delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, robo de identidad, estafa contra el Estado a través de las licitaciones públicas con las que fueron favorecidos, entre otros.
Además de Beras y Gómez, están sindicados en este caso Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la empresa de Jochi Gómez.
Todos están detenidos desde el miércoles 2 de octubre en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal Ortiz dijo que en el transcurso de las investigaciones podrían incluir a otras personas.
Operación Camaleón es el nombre que recibe este nuevo caso de presunta corrupción que ocupa al Ministerio Público y se activó la noche del pasado miércoles con los allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, vinculadas a los imputados. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
El organismo de persecución aseguró que entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado según el organismo «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado» y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.