El pais presenta ante la ONU avances contra la corrupción

La República Dominicana reafirmó la voluntad de erradicar las prácticas que han permitido la apropiación irregular del patrimonio público, propiciando una correcta inversión del presupuesto y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, durante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La directora de Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo, Milagros Ortiz Bosch, quien ostentó la representación dominicana en el foro, presentó una relación de las principales iniciativas auspiciadas por el presidente Luis Abinader para fortalecer la institucionalidad, enfrentar la corrupción a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado.

“Al designar la Procuraduría General en agosto de 2020 se tomó en cuenta los criterios de independencia política y funcional efectiva, y podemos asegurar ante esta Asamblea que en la República Dominicana, el Poder Ejecutivo ni ningún otro poder del Estado, se involucra en las decisiones y políticas de persecución de este órgano”, puntualizó la funcionaria durante su intervención por videoconferencia ante el órgano internacional.

 

Enumera acciones

Explicó que para facilitar el derecho a la Información, fundamental para crear los mecanismos de colaboración y participación ciudadana, el Poder Ejecutivo ha creado el Portal Único de Transparencia que detalla salarios públicos, pagos a contratistas, y ejecución presupuestaria.

Citó también la decisión del presidente Abinader de crear el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gastos Público para fortalecer la eficiencia administrativa y apoyar la rendición de cuentas.

Otra medida es el rescate y actualización del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que busca el decomiso de patrimonio con orígenes ilícitos para incorporarse al erario, que está siendo conocido por el Senado de la República.

La funcionaria destacó también la conformación de varios equipos de abogados, en representación del Gobierno, para llevar a cabo las acciones judiciales necesarias para recuperar los bienes del Estado distraídos de las arcas públicas.